Inglaterra y Gales se encaminan hacia la despenalización total del aborto

La Cámara de los Comunes debatirá y, a continuación, someterá a votación una enmienda encaminada a la despenalización total del aborto en Inglaterra y Gales presentada por la diputada laborista Diana Johnson. La Asamblea de Irlanda del Norte lo despenalizó en 2019 y una petición para despenalizarlo en Escocia fue depositada en el Parlamento regional de Edimburgo en noviembre pasado.

La Ley del Aborto de 1967, en vigor en todo el Reino Unido, se limita a fijar unos requisitos para que el aborto pueda realizarse, pero no anula la Ley de delitos contra las personas, votada en 1861, que contempla la posibilidad de perseguir penalmente a las mujeres que aborten fuera del plazo legal que, desde 1990, es de 24 semanas.

De aprobarse la enmienda de Johnson, el concepto de aborto quedaría totalmente despenalizado en Inglaterra y Gales, al descartar la posibilidad de iniciar una acción penal contra las mujeres que aborten fuera de ese plazo.

Johnson alega, en declaraciones a The Times, que ya no se debería «amenazar con penas cárcel a mujeres vulnerables utilizando una ley de la época victoriana, que se aprobó antes de que las mujeres tuvieran derecho a votar o a ser diputadas. El Parlamento ha avanzado y la sociedad también. La gran mayoría de la gente acepta que el aborto es una cuestión de salud entre una mujer y su médico».

También se apoya en vuelco de la opinión pública a raíz de la condena, en primera instancia, de una mujer a 28 meses de cárcel por haber abortado fuera de plazo. Tras el recurso y la consiguiente movilización de sus apoyos mediáticos y científicos, la mujer fue liberada por el Tribunal de Apelación. Este último basó su fallo en la «compasión».

En 2021 se practicaron en Inglaterra y Gales 214.256 abortos

Lo que no cuentan Johnson ni los partidarios de la enmienda es la triste realidad del aborto en el Reino Unido: según las estadísticas oficiales, en 2021 se practicaron en Inglaterra y Gales 214.256 abortos. Aún en 2015, la cifra rondaba los 185.000.

Según la organización abortista Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (Bpas en sus siglas en inglés) una de cada tres mujeres en el Reino Unido recurrirá al aborto antes de los 45 años.

La enmienda, en todo caso, tiene todas las posibilidades de prosperar: de una encuesta encargada por el Bpas, realizada por Yougov entre los miembros de la Cámara de los Comunes y publicada la semana pasada, se desprende que el 55 % de los encuestados no cree que se deba enjuiciar a las mujeres por abortar fuera de plazo. Sólo el 23 % está a favor de enjuiciarlas, y el resto responde «no sabe».

Los porcentajes de apoyo a la enmienda por partidos son de 81 entre los laboristas y de 37 entre los conservadores

Mas esta última cifra es algo engañosa, pues la ministra de Sanidad, Victoria Atkins, otros miembros del Gobierno y una buena porción del grupo parlamentario conservador ya han anunciado su voto favorable a la enmienda.

Asimismo, el primer ministro, Rishi Sunak, ha hecho saber que dejará libertad de voto a sus compañeros, «como suele ocurrir en las votaciones relacionadas con la conciencia». Además, ha pedido que la votación no intervenga antes del 6 de marzo, día en que se enfrenta a una delicada votación presupuestaria.

La única esperanza para los pro vida reside en el impacto que puedan generar la minoría de diputados católicos del Partido Conservador -liderados por sir Edward Leigh- y en el apoyo que congregue la otra enmienda, impulsada por la también diputada Caroline Ansell, que pretende rebajar el plazo para abortar hasta las 22 semanas.