Análisis Una ley contra el fascismo en Venezuela
En vísperas de un próximo proceso electoral, esta normativa busca silenciar cualquier crítica hacia el funcionamiento de las instituciones del Estado
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante un acto en Caracas (Venezuela)
Hace pocos días, Delcy Rodríguez, la misma del 'Delcygate' en Barajas, presentó ante el «Parlamento» venezolano, el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, elaborado por su jefe Nicolás Maduro. Cualquiera pensaría que se trata de una broma, pero más bien creo que hay que tomarlo muy en serio, pues a futuro, no nos extrañe iniciativas similares en España y otros países de Hispanoamérica.
Si algo demuestra esta nueva ley de Maduro, es la verdad que expresa Oriana Fallacci, «hay dos tipos de fascistas: los fascistas y los antifascistas». El mega Estado Orwelliano de la novela 1984 llegó a Venezuela y amenaza con crecer en muchos lugares.
Al examinar detenidamente la ley, se pueden encontrar elementos muy alarmantes cuya intención es eliminar o encarcelar cualquier disidencia política o ciudadana que busque la restauración del orden democrático en Venezuela. Por ejemplo, el artículo 4 describe el «neoliberalismo» y el «conservadurismo moral» como rasgos comunes del fascismo, proscribiendo estas tendencias del espectro político venezolano.
Por lo tanto, los partidarios de estas ideologías son calificados de fascistas y deben ser condenados por el Estado. Adicionalmente, la ley no define qué conductas son consideradas fascistas, permitiendo al régimen encarcelar a cualquier ciudadano por una opinión contraria y tacharlo de fascista, dejando espacio a la ambigüedad para juzgar a su discreción.
No es la primera vez que la dictadura venezolana promueve una ley de este tipo. La Ley contra el Odio tiene repercusiones muy similares, (parecido por cierto al «Minuto de Odio de 1984»). O la reciente Ley contra Traidores a la Patria que aprobó el parlamento o la ley que regula el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.
En esta ley contra el fascismo, se puede decir que la represión no se limita al espectro político, sino que también se dirige contra la sociedad entera, como partidos políticos, iglesias, ONG, influenciadores de redes, empresarios y sindicatos. Del artículo 14 al 17, se permite la disolución de estas organizaciones, así como la prohibición de acceder a cargos públicos, por promover, hacer apología o adoptar posturas consideradas fascistas.
La ley también establece la creación de una Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones, la cual será designada y regulada por el presidente de la República. Esta instancia dictará pautas, reglamentos y políticas relativas a esta ley.
Aunado a ello, el artículo 22 plantea que «toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena».
Esta ley busca silenciar cualquier crítica hacia el Estado
Esto se establece sin determinar qué se considera acciones violentas, lo cual vuelve a conferir un poder de discrecionalidad e interpretación a quien aplique la legislación. En vísperas de un próximo proceso electoral, esta ley busca silenciar cualquier crítica hacia el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Un ejemplo de ello es el artículo 11 de la ley, que prohíbe la difusión o divulgación de mensajes que «denigren la democracia, sus instituciones y valores republicanos», lo cual asesina la libertad de expresión. Además, aquellos que señalan los problemas de legitimidad de las instituciones se convierten en objetivos de esta ley. Sin embargo, uno de los aspectos más graves es el atentado contra el derecho a manifestarse y concentrarse públicamente, ya que el artículo 12 establece la detención de personas antes de que se realice una manifestación de carácter social o político, convirtiendo la mera convocatoria en un delito.
El proyecto contempla multas por la difusión de «mensajes prohibidos» a los medios impresos y digitales. En el caso de la televisión y la radio, la sanción establecida es la revocatoria de la concesión para operar. En el caso de medios digitales y redes sociales, se puede detener a quienes promuevan este tipo de mensaje desde dichas plataformas.
La metástasis totalitaria está creciendo en muchos lugares y de manera similar
Asimismo, la ley le otorga facultades al Ministerio Público para aplicar medidas de carácter judicial que permitan actividades que promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares, así como suspender convocatorias y manifestaciones relacionadas. Por lo que dicha ley podría suspender el derecho a la libre reunión y asociación.
La metástasis totalitaria está creciendo en muchos lugares y de manera similar. Tal y como sucede en la novela 1984, el lenguaje sirve para maquillar y engañar: el ministerio de la verdad, en realidad es el ministerio de la mentira y la propaganda, el ministerio del amor, es en realidad el ministerio de la muerte y la represión, el ministerio de la paz es en realidad el ministerio del terror y la amenaza constante y el ministerio de la abundancia es el ministerio del racionamiento y la dependencia clientelar. ¿Les suena conocido?
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