La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta la «ley antifascista» en la Asamblea Nacional en Caracas
Venezuela La trampa de la «ley contra el fascismo» que el régimen de Maduro quiere aprobar para acabar con la oposición
Nicolás Maduro es conocido por su verborrea. El mandatario venezolano no se corta a la hora de hablar, criticar y señalar a opositores o líderes de terceros países. Uno de sus insultos favoritos es «fascista», calificativo que es habitual que pronuncie no una, sino en múltiples ocasiones durante sus discursos. Tantas veces ha tachado a sus contrincantes de «fascistas», que en su boca esta palabra ha perdido ya todo su significado. Sin embargo, el chavismo pretende, ahora, elevar sus amenazas verbales y sacar adelante una «ley contra el fascismo».
El proyecto ha sido presentado por la vicepresidenta Ejecutiva del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, y no es más que una nueva artimaña para redoblar la persecución contra los grupos opositores en Venezuela. La norma ha sido bautizada, oficialmente, como Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares y supone una vuelta de tuerca más contra la libertad de expresión en el país hispanoamericano. Este extenso documento cuenta con cuatro capítulos y hasta 30 artículos, y establece «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista».
En papel parece una medida completamente inofensiva, sin embargo, se trata de un paso más en la cesura de las redes sociales y la persecución de la oposición. Entre sus artículos más polémicos está la imposición de multas o incluso la revocación de las licencias por «la divulgación de mensajes prohibidos» en radio o televisión. El régimen de Maduro será el encargado de determinar cuáles serán esos «mensajes prohibidos». Pero el proyecto de ley no acaba aquí, también prohíbe reuniones o manifestaciones, así como «organizaciones políticas» donde se considere que existe una «apología» al fascismo. Teniendo en cuenta la facilidad con la que Maduro se refiere a cualquiera en estos términos, se presupone que se perseguirá, aún más, a todo aquel que critique al régimen chavista.
Nada más conocerse los términos de la normativa, activistas de derechos humanos clamaron contra su tramitación, ya que lo interpretaron como una mayor «represión», que «atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas. «Bajo el pretexto de combatir el 'fascismo', Maduro busca criminalizar a la oposición y silenciar cualquier voz que se levante en su contra estableciendo penas de hasta 12 años de cárcel y multas exorbitantes para aquellos que expresen opiniones contrarias al régimen», ha denunciado la organización defensora de los derechos humanos 4Métrica. Maduro ya recurrió a una artimaña similar en 2017, cuando tuvo que hacer frente a fuertes protestas que acabaron con más de un centenar de fallecidos y casi 2.000 heridos.
El mandatario venezolano, cercado por las multitudinarias protestas, aprobó la conocida como Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, que castigaba con hasta 20 años de prisión a quienes fueran señalados de «promover o incitar al odio». En un nuevo ataque al menguante Estado de derecho en Venezuela, Maduro saca ahora la carta del fascismo, a tan solo cuatro meses de unas elecciones presidenciales en las que el mandatario ha escogido a sus rivales. La principal líder de la oposición, María Corina Machado, ha sido inhabilitada, al igual que su sucesora, la historiadora Corina Yoris. Además, los venezolanos en el extranjero –se calcula que unos 5,6 millones son potenciales votantes– denuncian que se están encontrando con requisitos draconianos simplemente para poder registrarse en las delegaciones diplomáticas y poder ejercer su derecho a voto.
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