Libertad de expresión o desinformación, desde Bruselas
La desinformación es siempre intencional, porque busca generar confusión y sembrar discordia
Uno de los principales temas de preocupación de la OTAN en la actualidad es la desinformación. Así debatían este martes los expertos en el cuartel general de la OTAN de Bruselas. Cuando una de las voces ha comentado que la palabra «desinformación» ya forma parte de la narrativa de los medios de comunicación oficiales españoles, ha habido cruce de miradas, silencio y finalmente sinceridad por parte de los allí presentes. Y han dicho que desinformar no es expresar una opinión que disiente, o incluso una opinión que disgusta. Puede uno pronunciarse en contra de la OTAN, publicarlo y reafirmarlo en un debate, y no es desinformación, es una opinión. Si se afirma que hay soldados de la OTAN en tal territorio para provocar una ampliación de un conflicto existente en ese territorio, sabiendo que no es cierto, esa información desinforma.
Desinformar es una forma de manipulación que consiste en difundir deliberadamente información falsa o engañosa con el objetivo de manipular la opinión pública, sembrar la confusión, influir en las opiniones o acciones de las personas, o alcanzar otros objetivos específicos. Los manuales de fact-checking destacan cómo la desinformación socava la confianza en las instituciones fomentando el conflicto social y político. La desinformación es siempre intencional, porque busca generar confusión y sembrar discordia. Sea quien sea el desinformador (la autoridad o agentes no estatales), se suele aprovechar de divisiones ya existentes dentro de una sociedad para alcanzar sus objetivos geopolíticos o ideológicos, al incidir en ellas.
¿Puede la opinión de tal o cuál periodista desinformar tal y como describen estos manuales? Si está expresando sólo su opinión, creo que no. Falta contenido falso, falta intencionalidad, carece de mayor recorrido. Prosigo.
La desinformación se ha convertido en un recurso habitual de grandes potencias extranjeras que invierten generosamente su dinero público en fábricas de bots, identidades falsas, simulación de páginas de información con propaganda, y ejercicio de tácticas de espionaje y contraespionaje en estrategias de guerra híbrida, combinando tácticas militares tradicionales con operaciones encubiertas de propaganda y ciberataques para desestabilizar a sus adversarios. También se ha utilizado para socavar la cohesión de alianzas internacionales o influir en los procesos políticos de otros países. Un ejemplo claro ha sido la injerencia rusa contribuyendo a amplificar el procés, que incidió sobre la población catalana hacia una percepción redimensionada al alza del sentimiento nacionalista, y así ayudó a «normalizar» y fortalecer las pretensiones independentistas.
La autoridad política puede llegar desinformar, por ejemplo, para distorsionar la opinión pública sobre unos riesgos existentes, y conseguir otros fines ajenos a ellos. Por ejemplo, si se exageran amenazas externas existentes, será más fácil justificar medidas represivas internas. En cambio, un ejemplo de desinformación por actores no estatales podría consistir en la difusión de teorías conspiranoicas para sembrar la desafección hacia el gobierno.
La UE viene detectando en sus informes sobre el estado de Derecho de los países miembros un creciente desprestigio de los medios de comunicación, una mayor presencia de discursos de odio en redes sociales, abusos contra los profesionales del periodismo y censura de los medios. Y es que los medios de comunicación son el sector de la sociedad con mayor capacidad para promover la vigilancia hacia el Estado de derecho, en concreto a través del periodismo de análisis e investigación, a pesar de tener que trabajar muchas veces bajo la amenaza de represalias en su trabajo, en su reputación o sobre sus familias.
La UE ha elaborado un índice gradual de libertad de expresión en los estados miembros. ¿En qué se parecen España y Bulgaria desde las declaraciones que hizo Sánchez ayer?
En Bulgaria, la escasa prensa independiente del país sufre intimidaciones, violencia, campañas de difamación y presiones a diario desde el poder. Asimismo, la policía llama a declarar a los periodistas de forma regular a petición de los políticos y oligarcas a los que investigan. La asignación de los fondos europeos a los medios de comunicación se realiza con opacidad y, bajo presiones que provocan informaciones progubernamentales. Además, Bulgaria aporta el ingrediente del crimen organizado, que por su parte extorsiona a distintas autoridades políticas, bien sea con chantajes directos o por intereses económicos. Los periodistas que investigan los vínculos del Gobierno con empresarios de reputación cuestionable soportan amenazas que no se corresponden con un Estado democrático europeo.
La UE debería reorganizarse para hacer frente a los desafíos de sociedades poscomunistas, como la búlgara. La colaboración de la clase política europea con los regímenes oligárquicos poscomunistas dificulta la defensa de la democracia en esos países. La UE no está preparada para entender y tratar con herencias poscomunistas (ni con el comunismo) venga como venga. O es demasiado ingenua, o es demasiado connivente. Y esa complicidad se paga.
Cuando en España el gobierno acusa a medios de comunicación de desinformar, no se está refiriendo al fenómeno que preocupa a la OTAN (y a otros organismos de defensa de los países). Se está refiriendo a que la opinión allí expresada no le gusta, que le molesta. Y apuntando maneras de poscomunismo búlgaro (o del mismísimo Goebbels) desinforma usando la palabra desinformación.
Es decir: se está tratando de robar a los medios su espacio legítimo de opinión, de investigación, poniendo al público en contra de esos medios que opinan/investigan para poder sancionarlos o cerrarlos. Se está buscando confundir la mera discrepancia ideológica, que es legítima y sana, con la voluntad de distorsionar la verdad y engañar a la audiencia. Los medios opinan, el gobierno desinforma.
España puede convertirse en otra Bulgaria, en términos de comunicación, pasado mañana. Ante este nuevo ataque a la libertad, ¿serán suficientes tibios reproches institucionales o seremos capaces de defender la libertad de expresión como periodistas?
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