El Senado francés presenta una ley más dura contra los autores de disturbios y destrozos

El Senado francés examina este martes un proyecto de ley que endurece las sanciones contra los responsables de disturbios y daños materiales, mientras el Gobierno busca ampliar con una enmienda en la norma sus facultades para bloquear redes sociales que no retiren con rapidez contenidos que inciten a la violencia o a la insurrección.

La iniciativa, denominada 'el que rompe, paga', que será debatida y votada este martes en la Cámara Alta, pretende facilitar la indemnización de las víctimas y reforzar la responsabilidad civil y penal de quienes participen en destrozos durante manifestaciones.

El proyecto fue impulsado tras los disturbios y saqueos registrados durante las manifestaciones del pasado 17 de octubre y endurecido por la comisión de Leyes del Senado mediante una docena de enmiendas.

Entre las medidas propuestas figuran el uso de drones con fines judiciales, la suspensión de cuentas en servicios en línea y la posibilidad de embargar determinadas prestaciones sociales a los responsables de daños. Las penas máximas de prisión aumentarían de uno a tres años y las multas pasarían de 15.000 a 45.000 euros.

El texto también contempla ampliar la responsabilidad civil a personas que permanezcan en el lugar de los destrozos pese a una orden de dispersión, con el objetivo de facilitar la reparación de los daños.

El límite de 10.000 euros previsto para los reembolsos por persona implicada en los daños ha generado críticas por considerarse insuficiente, pero algunos legisladores sostienen que elevar esa cantidad podría exponer el proyecto a un riesgo importante de inconstitucionalidad.

Los partidos de izquierda han advertido de posibles consecuencias para la libertad de manifestación, mientras los defensores de la reforma sostienen que busca distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes cometen delitos durante las protestas.

El papel de las redes sociales

En paralelo, el Ejecutivo presentó en la víspera una enmienda que permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de plataformas digitales que no retiren en una hora contenidos que inciten a atentados, a la insurrección o al uso de armas contra el Estado o una parte de la población.

La propuesta establece un plazo de hasta veinticuatro horas para retirar otros contenidos que inciten directamente a delitos graves, como agresiones, robos y destrucciones que puedan provocar una alteración grave del orden público.

El Gobierno argumenta que las redes sociales pueden contribuir a la propagación de la violencia mediante la difusión de mensajes y convocatorias que favorezcan los saqueos y los enfrentamientos.

La enmienda también ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial francés que recibe denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.

Sin embargo, la iniciativa plantea interrogantes jurídicos, ya que el Consejo de Estado francés consideró desproporcionado en 2025 el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de restricciones en circunstancias excepcionales.

Tras el examen en el Senado, el Gobierno espera que el proyecto avance rápidamente en la Asamblea Nacional para responder lo antes posible a los episodios de violencia y saqueos registrados en el país, inmerso este otoño en una serie de protestas estudiantiles y de otros sectores en favor de mejorar el poder adquisitivo y los servicios públicos.