Francia debatirá endurecer las leyes de inmigración tras el atentado de este sábado

Este fin de semana, Francia se volvió a ver sacudida por un atentado terrorista. Un ataque con arma blanca —de un hombre argelino fichado previamente por terrorismo— dejó un muerto y dos heridos graves en la localidad de Mulhouse, cerca de la frontera con Alemania. Un episodio más en la larga lucha del país galo contra el terrorismo, que empezó en 2015 con la matanza de Charlie Hebdo.

Como respuesta, el Gobierno francés ha declarado este lunes que está estudiando introducir cambios legislativos con el objetivo de reducir la inmigración ilegal. Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno, Sophie Primas, en una entrevista con la emisora RTL: «Hay que cambiar la legislación, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de mantener retenido a un extranjero pendiente de expulsión. Hay que encontrar una solución que sea compatible con nuestro derecho constitucional».

Un primer paso podría venir con una proposición de ley que se está tramitando en el Senado para aumentar de 90 a 120 días el tiempo en que un extranjero puede estar recluido en un centro de retención en espera de su expulsión.

Esa cuestión ha cobrado actualidad porque el autor del atentado del sábado, Brahim A., había sido condenado a seis meses de cárcel por apología del terrorismo tras ser detenido a finales de 2023 y a su salida de prisión fue confinado en un centro de retención con vistas a su expulsión, pero tuvo que ser puesto en libertad al cabo de 90 días porque Argelia no aceptó que fuera devuelto a su país de origen.

En libertad, este hombre de 37 años diagnosticado como esquizofrénico, tenía que fichar cada día en comisaría como parte de su control judicial, pero el sábado no lo hizo, y en lugar de eso atacó a varias personas en el centro de Mulhouse al grito de «Alá akbar» (Alá es el más grande), mató a un portugués de 69 años e hiriendo a cinco agentes municipales, dos de ellos de gravedad.

Estos hechos han vuelto a reactivar la polémica en Francia, e incluso dentro del Gobierno, sobre cómo presionar a Argelia para que acepte las expulsiones de sus nacionales, en un momento de grave crisis diplomática entre los dos países, en particular desde que el verano pasado París se alineó completamente con la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Mientras el ministro del Interior, Bruno Retailleau, quiere mantener un pulso y una «relación de fuerza» con Argelia, el titular de Exteriores, el centrista Jean-Noël Barrot, se decanta por continuar por la vía diplomática, con el argumento de que la primera vía en el pasado se ha mostrado contraproducente.

Todas esas cuestiones se abordarán el miércoles en un comité de control de la inmigración que ha convocado el primer ministro, François Bayrou, para revisar la política migratoria, en particular en lo que concierne a las expulsiones.