El alcalde francés que se negó a casar a un inmigrante irregular y ahora podría enfrentar hasta 5 años de prisión

el alcalde de la localidad francesa de Béziers, Robert Ménard, ha rechazado la «declaración de culpabilidad» propuesta por la fiscalía de Montpellier por negarse a celebrar el matrimonio entre una mujer francesa y un joven argelino en situación irregular. La decisión se ha dado en el marco de un procedimiento de comparecencia previa a la declaración de culpabilidad, donde han quedado claras las divisiones en torno a la ley en materia de matrimonios y la gestión de la inmigración en el país.

Durante su comparecencia en el tribunal de Montpellier, Robert Ménard se encontró frente a la propuesta de pena elaborada por el fiscal Fabrice Belargent. Entre las posibles sanciones se contemplaban hasta cinco años de prisión, una multa de 75.000 euros y una pena de inelegibilidad, medidas que pretenden castigar la negativa del alcalde a oficiar la unión en julio de 2023. En aquella ocasión, Ménard se negó a celebrar el matrimonio entre Eva, la prometida, y un joven argelino de 23 años, quien se encontraba sujeto a la obligación de abandonar el territorio. Tras la audiencia, el alcalde declaró de manera rotunda: «No soy yo el culpable, es aquel que se vio obligado a abandonar el territorio. Lo que voy a decirle es que no quiero ni siquiera una condena simbólica, porque eso sería reconocer mi culpabilidad y no soy culpable de nada en esta historia».

Según Ménard, obligar a un alcalde a celebrar una unión en la que uno de los contrayentes se encuentra en situación irregular, y por ende en proceso de deportación, equivale a asumir una responsabilidad que no le corresponde.

La controversia se desató en julio de 2023, cuando la pareja, compuesta por Eva y su prometido,decidió unir sus vidas en un acto oficial. El joven argelino, que se encontraba en situación irregular, fue detenido en el centro de detención administrativa de Sète y, dos semanas después, finalmente deportado a Argelia.

La actuación de Ménard ha provocado reacciones en los más altos niveles del poder. Tanto el ministro del Interior, Bruno Retailleau, como el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, han manifestado públicamente su apoyo a la postura del alcalde. Ambos funcionarios han defendido la necesidad de modificar la legislación actual para prohibir el matrimonio en Francia cuando uno de los futuros cónyuges se encuentre en situación irregular. Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de ley que el centrista Stéphane Demilly presentará próximamente ante el Senado, el cual debatirá el jueves la posibilidad de vetar los matrimonios en los que esté presente una irregularidad migratoria.

En el procedimiento de comparecencia previa a la declaración de culpabilidad, el alcalde de Béziers fue citado para ser informado de la sanción que le propuso la fiscalía. A pesar de que la ley le permite oponerse a la propuesta penal, Ménard optó por rechazar la condena que consideraba injusta, manifestando su intención de enfrentarse a la justicia penal en una fase posterior del proceso. Durante la audiencia, tanto el propio alcalde como Vanessa Edberg, abogada de la pareja afectada, se abstuvieron de revelar detalles precisos sobre la pena sugerida.