Las protestas se intensifican en toda Panamá con casi 200 detenidos

Las protestas en Panamá han entrado en su tercera semana con episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, principalmente en rechazo a una «controvertida reforma a la seguridad social» impulsada por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino. La movilización, iniciada por docentes del sector público, ha sumado a sindicatos de la construcción, trabajadores bananeros e indígenas, dejando hasta ahora un saldo de 196 personas aprehendidas, según la Policía Nacional.

Grupos indígenas que bloquearon la carretera interamericana en Veraguas fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Policía, que logró reabrir la vía, mientras que también se reportaron enfrentamientos similares en Chiriquí y Ciudad de Panamá. Las acciones represivas se han extendido a distintos puntos del país, con una notable participación de profesores sindicados, según denuncias de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof). «Entonces, pregunto: ¿Quién está trancando la vía? ¿los docentes o la Policía nacional? La Policía no deja pasar los carros», reclamó un dirigente de Asoprof.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que desde el inicio del conflicto se han producido «más de 480 cierres» de calles y que hoy las unidades antidisturbios atendieron «67 puntos de concentración, 12 marchas y 45 puntos de cierre a nivel nacional». Las provincias de Veraguas, Coclé, Colón, Panamá y Panamá Oeste han sido las más afectadas. Fernández recalcó que «vamos a seguir manteniendo el libre tránsito a nivel nacional» y aseguró que su institución protegerá tanto las marchas como la circulación ciudadana.

Además del rechazo a la reforma del seguro social, los manifestantes se oponen a un acuerdo de seguridad firmado con Estados Unidos por considerarlo perjudicial para la soberanía. La situación ha causado consecuencias económicas importantes, como la suspensión parcial de operaciones por parte de Chiquita Panamá en Bocas del Toro, con pérdidas estimadas en 10 millones de dólares. Mientras tanto, el Gobierno ha empezado a descontar el salario a los docentes en paro, y los gremios empresariales piden una solución para la «paz social» y el retorno al trabajo.