La Corte Suprema de Brasil investigará las gestiones del hijo Bolsonaro por su campaña contra Brasil en EE.UU.

La Corte Suprema de Brasil ha autorizado este lunes la apertura de una investigación sobre las actividades internacionales del diputado Eduardo Bolsonaro, centradas en sus recientes gestiones en Estados Unidos. La decisión fue tomada por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, a solicitud de la Fiscalía General, que considera que dichas acciones podrían representar una amenaza para la independencia del Poder Judicial brasileño.

El magistrado Alexandre de Moraes, quien ha tenido un papel central en los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro y su entorno, ha sido designado como instructor del caso. De Moraes es precisamente el principal objetivo de las maniobras de Eduardo Bolsonaro en territorio estadounidense, donde ha intentado influir en figuras del Partido Republicano como Donald Trump para que se impongan sanciones contra autoridades brasileñas.

Desde marzo, Eduardo Bolsonaro se encuentra residiendo en Estados Unidos, tras haber solicitado una licencia de su cargo parlamentario. Según ha declarado públicamente, su propósito es buscar apoyo internacional que permita «hacer justicia» en favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y otros dirigentes de extrema derecha que enfrentan cargos por su implicación en actos antidemocráticos.

Durante su estancia, el hijo del exmandatario ha aprovechado sus vínculos con los republicanos estadounidenses, especialmente con aliados del presidente Donald Trump, para impulsar una narrativa que tacha al sistema judicial brasileño de autoritario. En múltiples publicaciones en redes sociales, ha difundido imágenes y declaraciones de congresistas republicanos que describen a Brasil como una «dictadura» y promueven represalias diplomáticas contra De Moraes.

Uno de los episodios más significativos ocurrió la semana pasada, cuando el congresista Cory Mills interrogó al secretario de Estado Marco Rubio sobre la posibilidad de que Estados Unidos impusiera sanciones al juez brasileño por presuntas violaciones a los derechos humanos. Rubio, en respuesta, afirmó que tal posibilidad existe, declaración que Eduardo Bolsonaro ha amplificado en sus plataformas digitales.

La Fiscalía brasileña advierte que estas acciones tienen un «carácter manifiestamente intimidatorio» hacia los funcionarios públicos encargados de las investigaciones y juicios por los hechos de golpismo. En su dictamen, señala que los intentos de obtener sanciones internacionales podrían ser interpretados como un esfuerzo por obstaculizar procedimientos judiciales en curso, incluidos los que afectan directamente a Jair Bolsonaro y a una treintena de sus más estrechos colaboradores.

Estos procesos giran en torno a la presunta conspiración para desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro. Según la acusación, esa conspiración culminó en los actos violentos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores del exmandatario irrumpieron y vandalizaron las sedes del Congreso, el Supremo y el Palacio del Planalto, con el objetivo de forzar una intervención militar que invalidara el nuevo gobierno democrático.