México elige a sus jueces en una inédita jornada electoral marcada por el escepticismo y la baja participación

En una jornada electoral sin precedentes, la ciudadanía mexicana acudió este domingo a las urnas para elegir directamente a sus jueces, en un ejercicio que representa un giro radical en el modelo de selección de autoridades judiciales y que ha suscitado fuertes debates sobre su legitimidad, riesgos y viabilidad. Con una participación preliminar inferior al 10 % en muchas zonas durante la primera mitad de la jornada —según constataciones en casillas del centro de Ciudad de México—, la elección ha dejado al descubierto un ambiente de desconfianza, desinformación y polarización.

La votación forma parte de una reforma constitucional promovida por el bloque oficialista, liderado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como respuesta a sus fricciones con el máximo tribunal del país, que obstaculizó varias de sus iniciativas durante su sexenio. Se trata de una de las transformaciones institucionales más controversiales de los últimos años en México, ya que por primera vez se sometieron a sufragio popular 2.680 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distintos niveles. Otros 4.000 puestos se renovarán mediante voto directo en 2027.

Para la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, heredera política de López Obrador y con índices de aprobación que superan el 70 %, esta reforma busca combatir la corrupción sistémica en el aparato judicial y acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, críticos dentro y fuera del país alertan sobre la posibilidad de que esta nueva modalidad facilite la injerencia del crimen organizado y de los partidos en decisiones judiciales, debilitando aún más los contrapesos institucionales.

El proceso electoral también fue testigo del regreso público de López Obrador tras meses de silencio. El exmandatario emitió su voto en Chiapas y lo calificó como un hecho histórico: «Es la primera vez que el pueblo decide quiénes administran justicia; por eso quise participar».

A pesar del carácter histórico del ejercicio, numerosos votantes expresaron dificultad para tomar decisiones informadas. Leslie Moreno, abogada de 30 años, señaló: «Este tipo de elección es mucho más compleja que las políticas. No conocemos a los candidatos, salvo los que hicieron videos en TikTok». Las limitaciones para hacer campaña también influyeron en el bajo perfil de la mayoría de aspirantes, reduciendo el proceso en muchos casos a un acto de fe más que de análisis técnico.

Las preocupaciones sobre la calidad y trayectoria de algunos candidatos fueron reforzadas por denuncias de organizaciones civiles. La asociación Defensores identificó cerca de 20 postulantes con antecedentes preocupantes, entre ellos Silvia Delgado, exabogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y Fernando Escamilla, quien representó legalmente al antiguo líder del cártel de Los Zetas. Otro caso polémico fue el de Leopoldo Chávez, aspirante en Durango, quien purgó casi seis años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. «Nunca me he presentado como el candidato perfecto», reconoció en redes sociales.

Los requisitos establecidos por la autoridad electoral incluían la posesión de un título en derecho, experiencia previa y buena reputación, además de la inexistencia de antecedentes penales. No obstante, expertos como Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, advirtieron que los métodos de elección directa pueden ser especialmente vulnerables a la cooptación por parte de actores delictivos y clientelares, al no priorizar el mérito profesional sobre la popularidad o la exposición mediática.

Desde el gobierno, la respuesta ha sido firme: las deficiencias señaladas ya existen en el sistema judicial actual, y abrir el proceso al escrutinio público es una forma de depuración democrática. Aun así, para voces opositoras como la del ciudadano Ismael Novela, de 58 años, la reforma representa el «entierro» del Poder Judicial como contrapeso autónomo al Ejecutivo. En paralelo, se registraron manifestaciones en Ciudad de México de cientos de personas que consideran el proceso una maniobra del oficialismo para capturar el sistema de justicia.

El Instituto Nacional Electoral (INE), que describió este proceso como «un desafío sin precedentes» por su complejidad técnica y organizativa, proyectó inicialmente una participación entre el 13 % y el 20 %, muy por debajo del estándar en elecciones políticas. Luis Méndez, ingeniero de 62 años que votó en Guadalajara, lo resume así: «Estoy aquí porque el sistema judicial lleva años hundiendo al país; necesitamos cambiarlo, aunque este no sea el método ideal».