El púlpito del odio

Desde el pasado 7 de junio Colombia se sacude de un trauma nacional por el impacto causado con el atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay. El crimen no solo se ha sentido como un hecho de barbarie que nos regresa a los años ochenta y a comienzos de los noventa, debido a los recuerdos de candidatos asesinados por las ráfagas del narcotráfico, sino que también nos estremece que la madre de Miguel Uribe, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada por los miembros del de Cártel de Medellín, luego ver a su hijo lleno de juventud y de vitalidad luchando por preservar su existencia entre oraciones ciudadanas y la genialidad de los médicos de la Fundación Santafe, es una situación injusta, inexplicable y trágica, que solo puede apaciguarla la recuperación del joven y promisorio candidato.

Los hechos que rodean este acto criminal son también estremecedores. Quien detonó fríamente el arma con precisión y carencia de temor fue un niño de quince años entrenado por la delincuencia organizada que lo reclutó para cometer el crimen previendo que su condición de menor de edad lo cubre de garantías en caso de ser capturado en flagrancia.

La evidencia recabada hasta ahora que ha sido transmitida por los medios de comunicación demuestra no solo que el arma fue modificada para disparar en ráfagas, sino que las balas fueron preparadas para aumentar su letalidad y que la instrucción perentoria al sicario fue disparar a la cabeza. Desde luego, conforme avanzan las investigaciones, van apareciendo personajes siniestros del narcotráfico, como es el caso de alias «El Costeño» o inclusive Katherine Martínez quien responde al alias de «Gabriela» y que fue capturada en el Departamento del Caquetá, lugar favorito de muchos de los cabecillas de las FARC que se albergan en Venezuela.

Si bien corresponde a las autoridades esclarecer este golpe siniestro a la Democracia de Colombia y determinar quiénes fueron sus autores intelectuales, no podemos dejar de observar más allá de las particularidades procesales y probatorias y reflexionar sobre el entorno que rodea esta tragedia. Quizás la más preocupante de todas las condiciones que se presentan en Colombia tiene que ver con la campaña permanente de odio que se promueve peligrosamente desde el «púlpito» presidencial. No hay que olvidar que tan solo 48 horas antes del atentado que mantiene en pronóstico reservado a Miguel Uribe, Gustavo Petro desde su cuenta de X señaló «!Dios mío¡ ¿El nieto de un Presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?»; y como si fuera poco, se han encontrado una multiplicidad de trinos contra el joven político desde la cuenta oficial de Petro que claramente incita al odio y que triste y vergonzosamente coincide con la negativa del gobierno de reforzar la seguridad de Uribe Turbay luego de incesantes solicitudes y ruegos expuestos con rigor por sus abogados.

Ante el puñetazo en el estómago que recibió Colombia con el tenebroso atentado a Miguel Uribe, aparecieron las voces que hicieron un llamado a desescalar el lenguaje y buscar la unidad en los propósitos nacionales. Pero la respuesta ha sido vulgar y descarada por parte de quien tiene la obligación constitucional de representar la «Unidad Nacional» en ejercicio de la Presidencia. No solo ha ido trivializando lo ocurrido sino que desconoció la majestuosa y multitudinaria manifestación ciudadana en las marchas del silencio que llenaron de blanco el firmamento de varias ciudades rechazando la violencia y la agresividad gubernamental.

Además, como para atizar más el fuego, Petro convocó una manifestación en la ciudad de Medellín con un amplio despliegue de recursos institucionales para llenar la reconocida plaza de la Alpujarra, en la que con bombos y platillos y escoltados por la fuerza pública fueron invitados a la tarima al lado del gobernante, las figuras más peligrosas del crimen organizado de Medellín y que se encuentran pagando condenas por el prontuario interminable de su carrera delictiva. El argumento utilizado por la retórica y las narrativas gubernamentales fue que se trataba de «personas en resocialización» y no de criminales, cuando en realidad se trató de un uso abusivo, intimidatorio y amenazante a la sociedad entera desde el «pulpito presidencial» para notificar al país que los hampones están en la tarima junto a la principal autoridad administrativa de una nación que con esfuerzo ha combatido a esos mismos delincuentes sobre los cadáveres heroicos de jueces, empresarios, periodistas, políticos y ciudadanos que no han estado dispuestos a sacrificar sus principios y valores.

Colombia presencia hoy algo atípico y preocupante. Desde la Presidencia se nos ha notificado que el poder será empleado para la reelección del proyecto petrista, eliminando por completo la imparcialidad y el garantismo que debe mantener el jefe de Estado de cara al proceso electoral del 2026. Se nos reafirma también que desde la tribuna presidencial se arreciarán los ataques, las difamaciones y las mentiras a quienes piensen distinto sin ningún tipo de mecanismo institucional de protección efectivo por parte de las víctimas de ese matoneo presidencial y del mismo modo que a los criminales se les dará tratamiento VIP, tal vez con el propósito que ellos y sus estructuras tomen partido por el terciopelo(¿?) frente a la promesa del peso de la ley.

Enfrentar esta amenaza de la rabia promovida desde la cúspide del poder, requiere que las instituciones no se amainen, que las Cortes, el Congreso, la organización electoral, los partidos políticos y el empresariado sean firmes y hagan valer sus competencias en todos los espacios para que en el año 2026 tengamos elecciones libres y donde antes que un «mesías» que todo lo puede, podamos construir una gran alianza nacional para rescatar a Colombia de 4 años gobernados desde el «pulpito del odio».