Colombia: el país de la fábula Petrofarsante
La historia se repite, y cada vez vuelve con más fuerza a reclamar los errores cometidos al negociar la justicia por una falsa ilusión de paz
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la IV Conferencia Internacional de las Naciones Unidas en Sevilla
No es lo que se nos puede venir, es lo que ya nos pasó. Colombia está controlado por un Gobierno confabulado con el crimen organizado y que tiene el firme propósito de destruir nuestra democracia. Dicen que el PetroSantismo no existe. Llámenlo como quieran, pero estamos sufriendo las consecuencias de la fábula Petrofarsante que empezó con la traición de Juan Manuel Santos al electorado en 2010 y su intento de hacer acuerdos clandestinos con todo el crimen organizado, al haber negociado una falsa paz con las FARC-EP amparado por el Castro-Chavismo y acolitado por el mismo elenco con el que desconoció el resultado del referendo de 2016, compró el Parlamento en 2017, y luego llevó a Gustavo Petro, y al pacto histórico con criminales, al poder ilícitamente en 2022.
Esa fábula Petrofarsante hoy le alcahuetea a Petro llevar adelante su objetivo de cambiar la institucionalidad democrática por un narcoestado que favorezca la criminalidad y restrinja la soberanía y las libertades de los colombianos, una farsa ideológica disfrazada de democracia que, hoy controla un narcoestado neocomunista, modelo socialismo siglo XXI.
Petro, en medio de cada traba, hace daños irreparables. Es como el bazuquero que le saquea la billetera al papá, se roba y vende las joyas de la mamá, vende la licuadora y el microondas, y le abre la puerta de la casa a los jíbaros para que se paguen con el fogón y la nevera.
Bandera de la muerte y espada robada en mano, presenciamos el monólogo de Petro con un pueblo alquilado e imaginario. Sigue el manual del odio y resentimiento con el cual comanda a su cleptocracia a implementar el caos, instaurar el terror, y a acometer la destrucción institucional de la nación como en Venezuela, y ahora convoca una Asamblea «Popular» Constituyente.
Petro al ceder fronteras y territorios al crimen organizado deteriora la seguridad ciudadana, la justicia y las Fuerzas Armadas. Está consolidando una nueva extensión del «pacto de la picota» con toda suerte de delincuentes que llaman «gestores de paz y rehabilitados». Quiere cambiar la doctrina de las Fuerzas Armadas, crear una Guardia Nacional con civiles, y cambiar el marco conceptual del orden constitucional y el Estado de derecho.
La historia se repite, y cada vez vuelve con más fuerza a reclamar los errores cometidos al negociar la justicia por una falsa ilusión de paz. Estuvo Pablo Escobar en el Congreso y Santos llevó allí delincuentes de lesa humanidad. Regresamos a 1985 y los tétricos acuerdos con el M-19 y el Cartel de Medellín que acribillaron los magistrados de la Corte Suprema para luego exigir bajo amenaza terrorista un indulto y la nueva constituyente garantista y económicamente insostenible en 1991.
Hoy parece que los nuevos mafiosos de Medellín compraron la cartera de Justicia, el INPEC y tienen congresistas. Los grandes criminales mandan a acribillar candidatos, amenazan alcaldes, mientras los ministros prevarican ante la indolencia de la mal llamada Justica y los gremios que observan impávidos cómo un asesor clandestino de criminales y terroristas vuele a vender la Constitución.
Parece que los nuevos mafiosos de Medellín compraron la cartera de Justicia, el INPEC y tienen congresistas
De nuevo quieren impunidad y prohibir la extradición como pago por apoyar el cambio del orden constitucional, bajo las mismas teorías alemanas que avalaron la supremacía del Nazismo, la constitución del Chavismo, y ahora proponen hacer desaparecer la independencia de poderes y la legítima oposición democrática, para lograr la perpetuidad de «Adolfito Petro» en el poder, circunscribiendo los poderes judicial y legislativo a su representación como la voz del pueblo.
La economía estatal está en la inopia, se perdió la confianza inversionista y la capacidad de formación de capitales contributivos mientras el Gobierno, mediante la concesión de impunidad al delito y al narcotráfico, alienta la formación de capitales ilícitos. Nos volamos la regla fiscal, se ha multiplicado la cleptocracia, la corrupción, el gasto estatal y los costes, generando carestía en la movilidad, el gas y la energía. Los ingresos de Ecopetrol cayeron más del 70 %, cada día hay más fuga de talentos y capitales, la tasa de recaudo va en picada, la economía negra creciendo y la calificación del riesgo país y el nivel de deuda apuntan al default.
La inseguridad y el dominio territorial y fronterizo del crimen organizado impiden la inversión en el sector minero energético y la financiación de la producción agrícola, la manufacturera y el comercio. La tasa de interés final es 18 %, un negocio lícito no rinde ni el 12 % y la inflación es del 7 %, y se pagan la nómina y los impuestos con sobregiros. En cambio, es astronómico el margen de utilidad de los que trabajan sin carga impositiva: narcotráfico, lavado, extorsión, chantaje desde las cárceles, el ELN, las FARC-EP, el Clan del Golfo, muchos contratistas del Estado y los corruptos que roban el erario.
Ilusiona la esperanza de algunos en las próximas elecciones. Digamos que los mismos políticos reelegidos van a salvar al país en el 2026, pero ignoramos cuál es la garantía de que, si llega el mejorcito de los 74 candidatos, va a tener un equipo capaz de recuperar una hacienda famélica, pues esto ya no se arregla con embajadas y con cupos indicativos. Esperemos que alguien tenga verdadera comprensión de cuánto se necesita sacrificar para recuperar la libertad democrática.
