Las cárceles especiales de Bukele dejan un saldo de 427 muertos en tres años

El clima de violencia en El Salvador ha cambiado desde que llegó Nayib Bukele a la Presidencia. La mano dura del líder que ha revolucionado el país ha tenido efecto espejo en la región y en Estados Unidos. Sus pactos con Donald Trump para recibir inmigrantes deportados le han salido muy rentables, pese a los errores con los reos, pero el escenario en las prisiones no es precisamente pacífico.

A Bukele se le acumulan los muertos en las cárceles, a la luz de un informe de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). El cuidado obligado a los presos no es tal en El Salvador, según la SJH que denuncias que 427 han muerto, en los últimos tres años, mientras se encontraba bajo custodia del Estado.

La cifra de muertos detenidos en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, resulta escalofriante. «Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427», publicó en X la ONG que brinda acompañamiento jurídico a familiares de detenidos. En el mismo informe, observa que «se trata de personas procesadas y sin condena».

Según el SJH, el 94 % de estas personas fallecidas «no tenían perfil de pandilleros» y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los 1.000», pero «se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos».

Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa –dominada por el oficialismo– permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla, y elimina los procesos individuales.

A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según ha denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 40 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 87.100 las detenciones de supuestos pandilleros y personas supuestamente ligadas a estas bandas, de las que unas 8.000 correspondería a inocentes, según ha admitido el Gobierno.

Las organizaciones humanitarias han recibido más 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.

Diversas organizaciones humanitarias y analistas han señalado que este régimen se ha mantenido por más de tres años como «un mecanismo de control social y para perseguir a voces críticas del Ejecutivo de Bukele».