El Tribunal Supremo de EE.UU. acelera la revisión de la legalidad de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este martes que examinará con carácter de urgencia la legalidad de la mayoría de los aranceles implementados por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder en enero. La revisión, que se llevará a cabo a comienzos de noviembre, se presenta como un episodio clave no solo para la política comercial del mandatario, sino también para la viabilidad de su ambicioso programa económico.

La medida responde al recurso interpuesto por el Ejecutivo federal después de que, el pasado 29 de agosto, un tribunal de apelaciones concluyera que Trump había sobrepasado sus atribuciones al invocar una ley de emergencia nacional para justificar la imposición de gravámenes.

En ese fallo, se señaló que la Casa Blanca carecía de base legal para aprobar los denominados «aranceles recíprocos», que establecen tasas que van desde el 10 % hasta un 34 % sobre bienes procedentes de China, así como un impuesto adicional del 25 % a determinados productos de Canadá, China y México, justificado por el Gobierno como represalia ante la supuesta falta de cooperación de esos países en la lucha contra la entrada de fentanilo en EE.UU.

El pronunciamiento del tribunal de apelaciones no fue aislado: ratificaba una sentencia previa del Tribunal Internacional de Comercio, que en mayo, tras una demanda presentada por importadores estadounidenses, había determinado que no existía una «emergencia nacional» que sustentara la aplicación de la normativa invocada por Trump.

La decisión del Supremo de acelerar el procedimiento —donde la mayoría conservadora se impone por seis votos frente a tres— refleja la trascendencia del caso. No solo están en juego las relaciones comerciales de Estados Unidos con socios estratégicos, sino también la estabilidad presupuestaria y fiscal interna. La Administración republicana ha basado buena parte de su reforma económica en los ingresos derivados de esos aranceles, utilizados para compensar la rebaja masiva de impuestos que el Congreso aprobó en julio.

Un revés judicial obligaría a Washington a suspender gran parte de los gravámenes y devolver miles de millones de dólares recaudados mensualmente a los países afectados, lo que pondría en entredicho la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por el contrario, un fallo favorable reforzaría de manera notable el poder presidencial en materia comercial, otorgando a Trump la posibilidad de utilizar la legislación de emergencia como herramienta de presión adicional frente a otros socios internacionales.