Un grupo de inmigrantes africanos a la deriva en un bote frente a las costas de Italia
La operación con la que Australia logró eliminar la entrada de inmigrantes irregulares por el mar
desde 2014 se contabiliza una práctica desaparición de la ruta marítima irregular hacia Australia
Europa está viviendo una era de auge en partidos políticos que defienden posturas más radicales contra la inmigración. Vox en España, Reagrupamiento Nacional en Francia, Reform UK en Reino Unido, Alternativa para Alemania en el país teutón y tantos otros ejemplos que han dejado de ser fuerzas al margen de los grandes partidos para convertirse, directamente, en líderes de los Ejecutivos o principales fuerzas de la oposición.
Un asunto espinoso, el de la inmigración, que puede encontrar un ejemplo a seguir en Australia, con el país oceánico consolidándose en la última década como un caso singular en el control de sus fronteras. Desde 2013, el país aplica una estrategia conocida como Operation Sovereign Borders (OSB), concebida bajo el lema político Stop the boats y diseñada para impedir la llegada de solicitantes de asilo por vía marítima. La operación, todavía en vigor, ha logrado prácticamente eliminar las entradas irregulares por mar.
El origen de la OSB se encuentra en la campaña electoral de Tony Abbott, líder de la coalición conservadora que llegó al poder en septiembre de 2013. Abbott había prometido poner fin a las llegadas de barcos con inmigrantes procedentes sobre todo de Indonesia, que se habían intensificado en los años previos. Nada más llegar al gobierno, reorganizó el Ministerio de Inmigración —rebautizado como Ministerio de Inmigración y Protección de Fronteras— y confió la operación a un mando militar de alto rango, lo que otorgó a la política de control fronterizo un carácter casi bélico.
La estrategia se basó en varios pilares que, en conjunto, dibujaron un marco de tolerancia cero. Los barcos detectados en alta mar eran interceptados y devueltos a aguas internacionales o reconducidos hacia los países de origen o tránsito, en ocasiones Indonesia o Sri Lanka. A quienes conseguían alcanzar aguas australianas no se les permitía solicitar asilo en el país, sino que eran trasladados a centros de detención en Nauru y Papúa Nueva Guinea, donde sus solicitudes se procesaban fuera de territorio nacional. Al mismo tiempo, el gobierno desplegó campañas publicitarias en varios idiomas con mensajes directos y disuasorios —el más célebre, No way: you will not make Australia home (De ninguna manera: Australia no será tu hogar)— dirigidos a potenciales inmigrantes.
Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Si en noviembre de 2012 se habían registrado más de 2.600 llegadas irregulares, un año después, con la operación ya en marcha, la cifra se redujo a poco más de 200. En junio de 2014, el Gobierno anunció que llevaba seis meses sin que ningún barco hubiera conseguido entrar en el país. Entre 2013 y 2016, unas 25 embarcaciones con alrededor de 700 personas fueron interceptadas y devueltas, y desde 2014 se contabiliza una práctica desaparición de la ruta marítima irregular hacia Australia.
Sin embargo, el modelo australiano no ha estado exento de fuertes críticas. Las agencias de la ONU y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la OSB viola el principio de no devolución, recogido en la Convención de Refugiados, que prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda sufrir persecución. Los centros de detención en Nauru y Manus han sido objeto de informes sobre condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y casos de abusos y suicidios, lo que ha alimentado la controversia internacional. También se ha cuestionado la práctica de pagar a tripulaciones de barcos para que devolvieran inmigrantes a Indonesia, algo que muchos calificaron como una forma encubierta de contrabando.
En el plano diplomático, la política tensó las relaciones con Indonesia, país clave en la ruta migratoria, que llegó a protestar por incursiones de la marina australiana en sus aguas territoriales. El Gobierno de Canberra terminó pidiendo disculpas en varias ocasiones, aunque mantuvo la estrategia intacta.
A pesar de las críticas, el discurso político de que «Australia consiguió parar los barcos» se ha consolidado como un éxito para sus defensores. De hecho, el modelo ha empezado a ser observado en otras latitudes. El Reino Unido, por ejemplo, ha adoptado la misma consigna en sus políticas contra la inmigración irregular y ha buscado acuerdos de externalización de solicitudes con países como Ruanda. En Europa, donde las llegadas a Italia, Grecia y España no dejan de aumentar, no son pocos los que citan el caso australiano como ejemplo de firmeza.
