La flotilla de Gaza: nada es lo que parece
Sea lo que sea lo que nuestro Gobierno pretende que creamos, lo que de verdad va a ocurrir —incluso si, como todos esperamos, no ocurre nada— no es en absoluto insustancial
Una de las embarcaciones de la flotilla, rumbo a Gaza
Si atendiéramos a las declaraciones de sus promotores, la flotilla de Gaza es una embajada de buena voluntad que surca los mares con el noble objetivo de abrir un corredor marítimo para cumplir lo que, después de todo, es un mandato evangélico: dar de comer al hambriento. Pero, por desgracia, cuando entra en juego la política nada es lo que parece. Habría que ser ciego para no ver que con ese batiburrillo de embarcaciones viejas o de recreo es imposible burlar la vigilancia de una marina competente como es la de Israel. Disculpe el lector ingenuo el posible spoiler, pero el final de esta película lo conocemos todos: no habrá entrega de víveres a los necesitados y sí deportaciones de quienes traten de entrar en las aguas de jurisdicción israelí.
¿Qué pretenden los promotores de la flotilla?
Parece, pues, bastante seguro interpretar los hechos de una manera diferente a la que se nos dice. Bajo la apariencia de la ayuda humanitaria, la flotilla de Gaza quiere llevar a Israel —y, sobre todo, a los medios de comunicación occidentales— una ruidosa protesta sobre lo que está ocurriendo en la Franja. Una protesta desde luego legítima en Occidente —no así en Rusia— que, como todas, solo deja de serlo cuando vulnera la ley… es decir, cuando trata de entrar en las aguas territoriales que Israel controla como lo que es, la potencia ocupante del enclave desde la ya lejana Guerra de los Seis Días.
Las convenciones de Ginebra reconocen ciertos derechos a quienes tienen la desgracia de sufrir la ocupación de su territorio, aunque en el caso de Gaza haya sido desde fuera de la valla a partir de la retirada voluntaria de Israel en 2005. Técnicamente, la Franja sigue considerándose bajo régimen de ocupación porque su enemigo controla todas sus fronteras, incluidas la marítima y la aérea. Es verdad que no todos los derechos de los palestinos han sido respetados históricamente —mucho menos respeta Putin los de los ucranianos sin que le parezca mal a nuestra izquierda militante— pero ninguno de ellos ampara a quienes tratan de entrar en la Franja sin permiso del Gobierno de Tel Aviv.
¿Qué intenciones tiene el Gobierno israelí?
Tampoco el Gobierno israelí se libra de aparentar lo que no es. Le hemos oído decir que detendrá a la flotilla para impedir que corran los riesgos propios de una zona de guerra. Tan generosa afirmación sería más convincente si no le hubiéramos escuchado casi a la vez amenazar a los manifestantes con aplicarles la ley antiterrorista. Amenaza vana porque todo el mundo sabe que en Israel los tribunales son independientes y, al contrario que en Rusia, no castigarán delitos que no se hayan cometido solo porque se lo pida el Gobierno de turno.
Por cierto, también saben perfectamente que no serán condenados los navegantes de fortuna que viajan en los buques de la flotilla. De lo contrario, no estarían allí. Sin embargo, ellos fingen dudar. ¿Qué mérito tendrían sus actos si no vinieran acompañados de ese valor sereno que caracteriza a los adalides de la humanidad?
¿Qué pretende el Gobierno español?
Entre tanto fingimiento, finge también el Gobierno español, aunque en su caso es más fácil saber por qué lo hace —encontraríamos la respuesta en cualquier manual de resistencia— que adivinar exactamente qué es lo que quiere aparentar. ¿Es prudencia o arrojo? ¿Esperanza o desesperación? Tal ambigüedad —me encantaría pensar que es calculada, pero es más probable que esté ahí introducida para responder con flexibilidad a lo que en cada momento pueda parecer que lograría atraer más votos entre los españoles— oculta entre la niebla de la política el papel que se espera que desempeñe el BAM Furor. Hemos oído de todo. ¿Asistir? ¿Proteger? ¿Apoyar diplomáticamente? ¿Rescatar? No se inquiete el lector indebidamente. Puede que el presidente del Gobierno no pero, aunque no lo conozco personalmente, estoy convencido de que el comandante del buque es un profesional que sabe lo que hace.
Uno de los botes de la Flotilla Global Sumud que partió de Barcelona
Dejando pues lo que suceda en la mar en manos competentes, volvamos al terreno de la política, el único que parece importar en estos días revueltos que vive España. Sea lo que sea lo que nuestro Gobierno pretende que creamos, lo que de verdad va a ocurrir —incluso si, como todos esperamos, no ocurre nada— no es en absoluto insustancial. La bandera nacional, a bordo de un buque de Armada —no importa si es un patrullero o un portaviones— ondeará frente a la Franja apoyando a quienes se manifiestan contra la guerra de Gaza.
La verdad desnuda… y algunas preguntas adicionales
Así pues, es España la que se va de manifestación, impulsada por un cálculo electoralista de su Gobierno y —sería de necios negarlo— por el creciente rechazo que provocan en la opinión pública nacional los crímenes de guerra por los que está justamente imputado Netanyahu. Expuesta la tesis, me permitiré conceder un turno de preguntas que, a falta de manos levantadas entre los lectores, tendré la desfachatez de hacerme yo mismo.
¿Prohíbe el derecho internacional el uso político de un buque de guerra? ¿Va contra los usos y costumbres de la diplomacia militar? En absoluto. No es ahí donde está el problema. Las Fuerzas Armadas de cualquier nación son, además de salvaguarda de su soberanía e integridad territorial, herramientas de su política exterior. Si el presidente decide emplear al Furor para dar un mensaje político —algo que rara vez nos gusta a los militares— no hará más que lo que centenares de líderes democráticos o autoritarios han hecho antes que él.
¿Legal entonces? Tampoco exactamente. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia para retorcer lo que a todos parece recto, pero la Ley Orgánica de la Defensa Nacional me parece que deja poco margen a la interpretación: «Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados.» El Gobierno podrá alegar que es él quien define qué es lo que está directamente relacionado con el interés nacional pero, si así fuera, ¿qué sentido tiene el artículo? ¿Habrá que entender que solo debe aplicarse cuando un Gobierno pretenda emplear a las Fuerzas Armadas para algo tan caprichoso que ni siquiera esté directamente relacionado con la defensa de nuestros intereses? Más había en juego en la operación Atalanta —el secuestro de dos buques españoles, entre otras cosas— y el Gobierno de la época, también socialista, solicitó y obtuvo la aprobación casi unánime del Congreso para enviar a nuestros buques a las aguas de Somalia. ¿Por qué la diferencia? No nos engañemos: solo huye del debate quien tiene algo que ocultar.
¿Es necesario recurrir a la Armada? Cuando una fuerza militar se enfrenta a embarcaciones como las que forman parte de la flotilla de Gaza ocurre lo inevitable. Lo hemos visto estos días en los videos con los que un Trump alborozado presume ante el mundo de la destrucción de lanchas venezolanas al servicio del narcotráfico. Videos que nada tienen que ver con los que han enviado los manifestantes a los medios en estos días. Dándoles a sus líderes un margen de confianza que quizá no merezcan, la flotilla puede haber sido hostigada con drones comerciales de procedencia indeterminada que no han causado daños de consideración. Sí hubo, creo recordar, un ciclista herido en la última vuelta a España y no se desplegó el Ejército para protegerlos.
¿Es peligroso enviar un BAM a mostrar la bandera frente a las costas de Gaza? En absoluto. Crea el lector que no existe ninguna posibilidad de que una chispa en el Mediterráneo oriental agrave la crisis que ya existe en las relaciones entre Madrid y Tel Aviv. Las cosas no ocurren así. En los bosques de la estrategia no son las colillas mal apagadas las que causan los incendios, sino las que se dejan deliberadamente encendidas por quien desea provocar un conflicto. Algo que no sucederá porque no conviene a Israel y menos a España.
La activista y ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sumud Flotilla
¿Es, en definitiva, oportuno lo que ha ordenado el presidente Sánchez? Una persona, un voto. Si me preguntaran a mí, diría que no. ¿Por qué? Porque, por encima de los cálculos electorales, a todos nos conviene el final de la guerra. Nuestro Gobierno, unido a los demás de la UE, quizá podría presionar a Hamás para que libere a los rehenes y a Netanyahu para que se resigne a un final de la guerra que no va a ser perfecto y empiece a afrontar los problemas reales que traerá la paz. Pero de nada servirá lo que hagamos si cada líder decide hacer de su capa un sayo y, en lugar de ceder un poco para encontrar una postura común, tira alegremente por el camino que le dé mas votos en su propio país. No es el nuestro el único culpable, pero desde luego es uno de ellos.
No puedo terminar esta columna sin dejar constancia de que la atípica coincidencia con la Italia de Meloni es, como todo en este artículo, solo apariencia. Las fragatas italianas tienen orden y medios para proteger la navegación de la flotilla, pero no la apoyarán para que intente romper el bloqueo de Gaza. Exactamente lo contrario que parece ocurrir con nuestro Furor. Trasladando el asunto a un terreno con el que los lectores estarán más familiarizados, es posible que el Gobierno de Italia hubiera desplegado a sus carabinieri para proteger su Giro, como hizo el de España con las fuerzas de orden público en el último día de la vuelta. Pero ahí habría terminado toda coincidencia. En Roma seguramente habrían protegido a los corredores en lugar de aplaudir a quienes interrumpieron la carrera. Cosas de la política.