El Parlamento de Israel aprueba aplicar la soberanía sobre los asentamientos ilegales de Cisjordania

Mientras la guerra en la franja de Gaza se sustenta en un delicado equilibrio, con las dos partes y Estados Unidos mediante intentando que no se desmorone la frágil paz, la Knéset –el Parlamento israelí– ha aprobado, en una lectura preliminar y por un único voto (25 favorables frente a 24 en contra), una propuesta para aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos ilegales en el territorio de Cisjordania. Para que la propuesta salga a flote de manera definitiva, se necesitan otras tres votaciones en la Knéset. Esta primera votación ha coincidido con la visita a Israel del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en un intento por reconducir la paz.

Los diputados del Likud, el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, han votado en contra de la anexión salvo uno, Yuli Edelstein, que ha roto la disciplina y ha decantado el resultado. El texto pasa ahora a las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa.

La zona de Cisjordania, olvidada durante las conversaciones por un alto el fuego en la franja de Gaza, es el otro gran punto de conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, durante el verano, el ministro de Finanzas israelí, el ultranacionalista Bezalel Smotrich –contrario a cualquier idea de tregua en Gaza–, logró aprobar un plan para la construcción de 3.410 viviendas de propiedad israelí en la zona conocida como E1, un macroproyecto que busca precisamente dividir Cisjordania en dos e implantar una zona de control israelí en el medio.

«El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea», aseguró en su momento uno de los impulsores de la idea.

La votación de hoy, celebrada por Smotrich y por Itamar Ben Gvir –el otro miembro ultra del Gobierno de coalición de Netanyahu– ha sido impulsada por el parlamentario Avio Maoz, líder del partido Noam. Ciertos sectores de la política conservadora israelí habían pedido este paso como respuesta al creciente reconocimiento del Estado palestino en el mundo, especialmente en las últimas semanas con naciones como Francia, Reino Unido y Canadá sumándose.

Cisjordania es un territorio que Israel ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que los palestinos reclaman como parte esencial de su futuro Estado. Desde entonces, los sucesivos gobiernos israelíes han impulsado o tolerado la expansión de colonias judías en la zona, pese a que la comunidad internacional las considera ilegales según el derecho internacional. En la actualidad, más de medio millón de israelíes viven en asentamientos distribuidos entre las colinas de Cisjordania, rodeados por unos tres millones de palestinos bajo administración civil y militar israelí.

En los Acuerdos de Oslo de los años noventa, Cisjordania se dividió en tres zonas con diferentes grados de control: la zona A, bajo administración palestina; la B, de control compartido; y la C, que representa más del 60 % del territorio y sigue bajo dominio total de Israel. Es precisamente en esta última donde se concentran los asentamientos y donde se prevé que se apliquen los efectos de la nueva propuesta.

De aprobarse definitivamente, la medida equivaldría a una anexión de facto de parte del territorio palestino, algo que haría inviable la llamada «solución de los dos Estados», respaldada durante décadas por Naciones Unidas y por buena parte de la comunidad internacional. También supondría un serio desafío para Washington, que intenta sostener el alto el fuego en Gaza mientras evita un deterioro mayor en la región.

A diferencia de en la franja de Gaza, donde gobierna la rama política del movimiento islamista Hamás, en Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmud Abás, quien tiene el poder. Un poder que, mientras los ojos del mundo miran al fin de las matanzas en Gaza, están cerca de perder a manos de Israel, enterrando la idea de dos Estados que tanto ansía Netanyahu.