Trump exige 230 millones de dólares al Departamento de Justicia por «persecución maliciosa» y promete donarlo a causas benéficas

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, volvió a romper los esquemas de la política convencional este martes al confirmar públicamente que ha reclamado una indemnización de aproximadamente 230 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), por lo que considera una persecución política y judicial durante los años posteriores a su primer mandato. El mandatario aseguró que no busca el dinero para sí mismo, sino que planea donarlo a organizaciones benéficas, si le fuera concedido.

«Probablemente, me deben mucho dinero», declaró desde la Casa Blanca, en un encuentro con la prensa. «Pero no lo quiero para mí. Si el Departamento de Justicia hace lo correcto, lo donaré todo. A causas que verdaderamente lo necesiten, no a ONGs políticas».

La afirmación, lanzada como un misil de precisión en medio de un nuevo ciclo informativo marcado por investigaciones pendientes y tensiones institucionales, ha reconfigurado por completo el tablero político en Washington.

Una reclamación inédita en la historia estadounidense

La solicitud del presidente se canalizó inicialmente por vía administrativa a finales de 2023, a través del mecanismo federal de compensación, previo a una posible demanda judicial. En ella, Trump denuncia una serie de vulneraciones a sus derechos durante los años en que fue investigado como ciudadano particular y candidato presidencial.

La primera reclamación apunta directamente a las pesquisas sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y cualquier supuesto vínculo de su campaña con actores extranjeros. La segunda, presentada durante el verano de 2024, acusa al FBI de violar su privacidad durante el operativo de registro en su residencia de Mar-a-Lago, en 2022, cuando se incautaron documentos clasificados, y al DOJ de haber impulsado lo que describe como un «proceso malicioso con motivaciones políticas».

Ambas solicitudes, según fuentes jurídicas próximas al caso, han sido registradas correctamente y se encuentran en evaluación dentro de los plazos legales establecidos. Si el Gobierno federal las rechazara, Trump estaría habilitado para recurrir por la vía judicial.

Un escenario institucional sin precedentes

La escena es extraordinaria por donde se la mire. Un presidente en ejercicio exige ser resarcido por su propio Gobierno, al que ahora dirige.

«Este no es un caso personal. Es un caso de justicia institucional. Lo que me hicieron no me lo pueden hacer a ningún ciudadano estadounidense. Yo tengo los medios para defenderme; otros no», afirmó en su intervención.

Lejos de replegarse, Trump ha optado por reforzar su discurso. Ya en su primer mandato, advirtió sobre la infiltración ideológica en algunas agencias federales, en particular dentro del Departamento de Justicia y el FBI. Ahora, su equipo considera que esta reclamación es una extensión lógica de esa denuncia, con consecuencias jurídicas, políticas y, en palabras de uno de sus portavoces, «morales».

Reacciones encontradas

La noticia ha generado una oleada de comentarios desde todos los ángulos del espectro político y mediático. Algunos analistas apuntan que la jugada podría convertirse en un símbolo de resistencia contra lo que sectores conservadores denominan «el Estado administrativo». Otros, en cambio, alertan sobre el riesgo de que se instale una cultura de «revanchismo institucional».

Sea como fuere, lo cierto es que Trump ha conseguido, una vez más, reposicionar el debate en torno a su figura, esta vez no como blanco de una investigación, sino como víctima legítima de abusos de poder. Y lo hace, además, con una promesa que no pasa inadvertida: donar la compensación a causas benéficas.

Fuentes cercanas al presidente mencionan que entre las organizaciones que podrían beneficiarse de esos fondos se encuentran asociaciones de veteranos, programas de recuperación para víctimas de la crisis de opioides y escuelas cristianas independientes.