El talón de Aquiles de Estados Unidos: una nación demasiado endeudada para ser libre

Estas últimas semanas, la «Trumposfera» mediática se ha obsesionado con la remodelación del Ala Este de la Casa Blanca. Pocas veces tanta tinta se ha gastado en un proyecto tan trivial. Conviene recordar que ese edificio se construyó en 1942 para disimular el búnker presidencial, y que no se completó hasta 1948. Historia no es que tenga mucha, a parte de las fotos de Obama en el cine presidencial viendo pelis en 3D. Pero lo que nadie menciona es que las obras actuales serán financiadas íntegramente por Trump y sus donantes.

Y sin embargo, entre chismorreo y caricatura, nadie habla del verdadero problema de este país: la deuda. No el coste del mármol de la Casa Blanca, sino los cimientos financieros del Estado. Mientras los periodistas se obcecan con los planos de un ala este, la República entera se tambalea sobre un abismo fiscal.

Según las proyecciones del Congressional Budget Office (CBO) para 2025, Estados Unidos alcanzará una deuda total de 38 billones de dólares, equivalente al 124 % del PIB. Si se suman los estados, la cifra sube al 130 %. Solo en 2025, el déficit ascenderá a 1,8 billones, un 6,1 % del PIB. Y no es un déficit coyuntural: es estructural. La última vez que el gobierno federal tuvo superávit dos años seguidos fue en 1999, con Bill Clinton. Desde entonces, los déficits acumulados superan los 27 billones de dólares, el equivalente a diecisiete veces el PIB español.

Tres caminos, uno imposible

Corregir este infierno fiscal solo es posible de tres maneras: Crecimiento económico, subida de impuestos, o reducción del gasto. Si se apuesta únicamente por el crecimiento, la economía americana tendría que expandirse a un ritmo real del 5,8 % anual durante una década. Ni siquiera en los sesenta se logró algo así. Incluso contando con los efectos más optimistas de la inteligencia artificial sobre la productividad, sería necesario quintuplicar las previsiones actuales del CBO, que apenas alcanzan el 1,8 %.

La izquierda tiene, como siempre, el relato fácil: «que paguen los ricos». California acaba de proponer un impuesto del 5 % sobre el patrimonio superior a mil millones de dólares. Resultado: los jets privados hacen cola en San Francisco rumbo a Texas y Florida, mientras los agentes inmobiliarios se frotan las manos.

Los Sanders y AOC del Partido Demócrata buscan del aplauso fácil, pero sus números no cuadran. Para cubrir el déficit federal, los 580.000 contribuyentes más ricos deberían pagar un 87 % de IRPF. Si el corte se baja a quienes ganan más de 500.000 dólares, el tipo subiría al 69 %; con ingresos superiores a 250.000 dólares, al 55 %. Y eso suponiendo, ingenuamente, que nadie cambie su conducta. En la práctica, muchos de ellos deferirían ingresos, trabajarían menos o simplemente se largarían. El propio CBO calcula que una subida así reduciría los ingresos reales entre un 15 % y un 25 %. Además, estos contribuyentes ya soportan impuestos estatales y locales considerables (California: 14 %; Nueva York: 15 %) sobre un tipo federal máximo del 36 %. Los republicanos, por motivos ideológicos y también electorales, descartan de plano cualquier subida de impuestos.

El gasto: la vaca sagrada de Washington

Contrario a lo que muchos europeos imaginan, el presupuesto federal no se dilapida en guerras o despilfarros administrativos. El 56 % del gasto es social (Sanidad 24 %, Seguridad Social 22 %, y otros programas). La Defensa –incluyendo veteranos– supone el 18,6 %, y el gasto discrecional no militar apenas el 13,3 %. Los intereses de la deuda ya absorben el 16 %, y crecen sin freno. A este ritmo, en menos de una década los intereses consumirán el 23 % del presupuesto federal. Y eso sin contar que, cuanto mayor sea la deuda, mayor será el interés exigido por los mercados, en un círculo vicioso que estrangula el crecimiento y alimenta la inflación.

El actual enfrentamiento en Washington –el cierre parcial del Gobierno– debe entenderse este contexto. El impacto económico del cierre será limitado (una contracción del 0,5 % en el último trimestre), y además reversible. La disputa inmediata gira en torno a la extensión de los subsidios sanitarios del Obamacare, que debían expirar en 2022 y que Biden prorrogó hasta 2025. Extenderlos otra década costaría 350.000 millones de dólares.

Pero el problema real no son estos subsidios, sino todos ellos en conjunto y el efecto que tienen sobre la estructura misma del gasto federal. Cada programa crea un grupo de beneficiarios que se aferra a su privilegio. Así nacen los entitlements, los derechos adquiridos que ningún político se atreve a recortar. Solo en sanidad, el Gobierno gastará este año 1,6 billones de dólares, beneficiando a 150 millones de personas, muchas de ellas sin necesidad real de subsidio o ayuda (sobre todo los mayores).

Kriptonita política y democracia adicta al gasto

Reformar los entitlements es kriptonita política, y Trump lo sabe. Los políticos –aquí y en Europa– huyen de los problemas que exigen decirle la verdad al votante. Prefieren prometer dinero gratis que explicar que la libertad cuesta y el gasto esclaviza.

El juez escocés Lord Woodhouselee lo advirtió en el siglo XIX: «La democracia existirá hasta que los votantes descubran que pueden votarse para sí mismos generosos regalos del erario. Desde ese momento, la mayoría elegirá siempre al candidato que le ofrezca mayores dádivas, hasta que el sistema colapse bajo el peso de la irresponsabilidad fiscal, y sea sustituido por una dictadura.» Su secuencia histórica sigue siendo profética: «De la esclavitud a la fe; de la fe a la valentía; de la valentía a la libertad; de la libertad a la abundancia; de la abundancia al egoísmo; del egoísmo a la complacencia; de la complacencia a la apatía; de la apatía a la dependencia; y de la dependencia de vuelta a la esclavitud.»

Estados Unidos –y con él, Occidente– parece avanzar inexorablemente por esa senda. Ojalá sepamos rectificar a tiempo.