El primer ministro francés sigue cediendo ante los socialistas y endurece los impuestos a las grandes empresas

Sébastien Lecornu, primer ministro francés, vive con el agua al cuello. Pese a que hace unos días logró sobrevivir a dos mociones de censura –una impulsada por La Francia Insumisa de Jéan-Luc Melenchon y la otra por Reagrupación Nacional de Marine Le Pen–, gracias al apoyo de los socialistas, el Gobierno sabe que esa mano que les sostiene se podría soltar en cualquier momento.

Mientras en la Asamblea Nacional se discuten los Presupuestos, un paso clave donde ya tropezaron los dos antecesores a Lecornu –Michel Barnier y François Bayrou–, los socialistas siguen pidiendo concesiones –ya lograron prorrogar la reforma de las pensiones, el gran logro del mandato de Emmanuel Macron– y ponen al Ejecutivo en la encrucijada de dárselas o perder su apoyo y condenarse a caer. Esta misma semana, los diputados franceses aprobaron –con 196 votos a favor por 149 en contra– una enmienda que aumenta el gravamen en el impuesto de sociedades a las grandes empresas, aquellas con una facturación superior a los 3.000 millones de euros. En cambio, las empresas medianas pagarán una contribución menor de la prevista. Según el ministro de Economía, Roland Lescure, la medida permitirá recaudar unos 6.000 millones de euros, frente a los 4.000 estimados en un principio.

La modificación llega tras varios días de presión de los socialistas, que exigía una mayor carga fiscal sobre las grandes fortunas y multinacionales a cambio de mantener su apoyo parlamentario. Su diputado Philippe Brun advirtió de que su formación «no votará unos presupuestos que pidan más esfuerzo a las clases populares y medias». Los socialistas insisten además en implantar el denominado «impuesto Zucman», un tributo del 2 % sobre los patrimonios superiores a los 100 millones de euros.

Ante las críticas recibidas contra esta propuesta, el Partido Socialista presentó una versión más moderada de la propuesta –que algunos han bautizado como un «Zucman light»–, en la que quedarían exentas las empresas familiares poco rentables y las compañías innovadoras sin beneficios. Sin embargo, también plantea endurecer el tipo hasta el 3 % a partir de los 10 millones de euros, una modificación que el Gobierno ya ha anunciado que rechazará.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Brégeon, ha asegurado en declaraciones a BFMTV-RMC que el Gobierno «se opondrá» a cualquier versión del impuesto que afecte al sistema productivo, a las fábricas o al empleo. «No podemos negociar trazando líneas rojas ni amenazando con la censura. Seguiremos abiertos al diálogo, pero defenderemos nuestras posiciones», subrayó.

La derecha rechaza el aumento y mantiene la presión

En el otro frente político, la derecha gaullista de Los Republicanos, que no apoyan al Gobierno pero tampoco votaron a favor de la censura, ha rechazado tajantemente el incremento fiscal. Su líder, Laurent Wauquiez, insistió en que su partido «lucha para corregir el presupuesto, no para derribar al Gobierno».

«Nuestra línea es clara: estamos en contra de cualquier subida de impuestos, en aras del ahorro», explicó Wauquiez en RTL. El diputado calificó de «farsa» el impuesto Zucman y advirtió de que penalizaría a las clases medias y a las pymes. «Se hace creer a los franceses que existe una solución mágica gravando a los más ricos, pero mientras tanto no se habla de las subidas que afectan al poder adquisitivo de quienes trabajan», señaló.

Pese a su oposición al plan fiscal, Wauquiez mantiene su estrategia de no censura. «No derribamos un Gobierno a la ligera. No chantajeamos con la censura», remarcó, diferenciando su posición de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, a la que volvió a excluir de cualquier alianza política futura.

Mientras tanto, el Ejecutivo sabe que tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar los presupuestos y hacer equilibrios para contentar a los socialistas mientras no dan la espalda a sus propios votantes. Una ecuación de difícil solución que vuelve a asomar a Francia al abismo de una censura que desembocaría, esta vez parece que sí, en la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.