Siete alcaldes asesinados en cuatro años: Michoacán, el epicentro del crimen mexicano que contradice a Sheinbaum

Michoacán vive desde hace años entre el miedo y la incertidumbre. En este Estado occidental de México, uno de los más golpeados históricamente por la violencia criminal, son ya siete los alcaldes asesinados desde 2021, cuando Alfredo Ramírez Bedolla, del partido político Morena –el mismo que el de la presidenta, Claudia Sheinbaum–, asumió el cargo de gobernador. El último, Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, cayó a plena luz del día el pasado sábado 1 de noviembre, mientras encabezaba un acto público en el centro de la ciudad.

La tristeza es que este ataque contra Manzo no ha sido un caso aislado ni un estallido repentino de violencia, sino la constatación de un hecho. Concretamente, el asesinato selectivo de autoridades locales como forma de control territorial y económico. Un fenómeno que desafía la estrategia del Gobierno federal, encabezado por Sheinbaum, que busca hacerse fuerte con un relato sostenido en el descenso de los homicidios. Sin embargo, la realidad en sitios como Uruapan, Cotija o Tepalcatepec le lleva la contraria.

Concretamente, desde el inicio del mandato de Ramírez Bedolla, alcaldes de todos los colores han sido ejecutados. El primero fue Enrique Velázquez Orozco, edil de Contepec por el PRI, hallado muerto en febrero de 2022 tras dos días desaparecido. Un mes después, César Arturo Valencia Caballero (PVEM), alcalde de Aguililla, fue abatido cuando circulaba por su municipio. La violencia escaló en 2024 con los asesinatos de Guillermo Torres Rojas (PRI), ejecutado en Morelia mientras cenaba, y Yolanda Sánchez Figueroa (PAN), asesinada en Cotija tras haber sobrevivido a un secuestro previo. En 2025, la seguidilla se ha intensificado, con el asesinato de Martha Laura Mendoza (Tepalcatepec) en junio, la emboscada contra Salvador Bastida García (Tacámbaro) semanas más tarde y, finalmente, el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

Por si fuera poco, días antes del ataque contra Manzo tuvo lugar el asesinato de Bernardo Bravo, un líder limonero en Apatzingán, cuya muerte ilustra el cambio de pensamiento en las mafias mexicanas, cuya obsesión ha pasado a ser integrarse en las cadenas de suministro y quitar del medio a todo aquel que amenace su control en la economía local.

Los alcaldes, primera línea del campo de batalla

En este sentido, están siendo los alcaldes los cargos más amenazados y asesinados. Al controlar los permisos, las licencias, las obras públicas y la coordinación policial, ejercen un control que amenaza el poder de las mafias. Por si fuera poco, es sabido que muchos alcaldes operan sin escoltas o con seguridad mínima, pese a las amenazas públicas. Una vulnerabilidad que convierte sus cargos en una sentencia de riesgo.

Al miedo de las autoridades se suma un descontrol social, ejemplificado en las manifestaciones frente al Palacio del Gobierno en Morelia tras los asesinatos de Bravo y Manzo. Las imágenes de mobiliario ardiendo y despachos desvalijados dejan al descubuerto el hartazgo acumulado de la población frente a un Estado incapaz de proteger a sus propios dirigentes.

Sheinbaum, frente a la crisis que cuestiona su estrategia

Desde que asumió la Presidencia, hace poco más de un año, Claudia Sheinbaum ha defendido que México va por el camino correcto en materia de seguridad y exhibe constantemente los datos de la reducción de homicidios dolosos. Sin embargo, lo ocurrido en Michoacán desmonta su narrativa, pues mientras es cierto que bajan los asesinatos en términos globales, crece el control criminal sobre la vida pública y económica.

En esa región, los ciudadanos saben que, en caso de eliminar a un grupo criminal del territorio, otro igual ocuparía su lugar. Mientras tanto, en esa rueda imparable, las mafias cobran impuestos, imponen reglas y matan a quienes osan desafiarla. Y el Estado, debilitado a nivel local, se escuda en estadísticas nacionales que ofrecen una ilusión de estabilidad que no equivale a la realidad.