«Los verdaderos españoles pagamos las consecuencias»: el colapso consular en Estados Unidos por la Ley de Memoria Democrática

La aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha provocado una de las mayores oleadas de concesión de nacionalidad española en el exterior de las últimas décadas. Desde su entrada en vigor en 2022, más de un millón de personas descendientes de españoles nacidos fuera del país han solicitado la nacionalidad, y cerca de medio millón ya la han obtenido, según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Un proceso presentado por el Gobierno como una reparación histórica que, en la práctica, ha derivado en un colapso generalizado de los consulados y en un profundo malestar entre españoles residentes en el extranjero.

Fuentes consultadas por El Debate en Estados Unidos denuncian que la avalancha de solicitudes ha convertido trámites ordinarios –renovación de pasaportes, inscripciones consulares, certificados o gestiones civiles– en procedimientos prácticamente inaccesibles. «Los verdaderos españoles somos los que estamos pagando las consecuencias», resumen estas fuentes, que describen listas de espera de meses y una saturación que afecta de forma directa a ciudadanos ya inscritos en los registros consulares.

El origen del problema no se limita a la aprobación de la ley, sino a la reinterpretación posterior impulsada por el Ministerio de Justicia, que amplió de forma sustancial su alcance. La Ley de Memoria Democrática reconocía el derecho a la nacionalidad de origen a los descendientes de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencias durante el franquismo. Sin embargo, una instrucción administrativa aprobada en octubre de 2022 permitió acceder a ese derecho a descendientes de españoles sin necesidad de acreditar exilio ni persecución, más allá del vínculo familiar.

Este cambio, introducido sin una reforma legislativa formal ni debate parlamentario, abrió la puerta a una nacionalización masiva de personas con ascendencia española remota, incluidos nietos y bisnietos, independientemente de su relación cultural, lingüística o vital con España. La consecuencia inmediata fue una avalancha de solicitudes que desbordó la capacidad de los consulados, especialmente en América.

Las cifras ilustran la dimensión del fenómeno. Según los datos remitidos por Exteriores, 1.064.131 personas han solicitado la nacionalidad española desde 2022 y 490.431 la han obtenido hasta octubre de 2025. De ellas, más de 237.000 ya figuran inscritas y cuentan con pasaporte español, lo que les permite ejercer el derecho al voto en elecciones generales, autonómicas y europeas, pese a residir permanentemente fuera del país.

Fuentes consulares consultadas por El Debate señalan que el sistema no distingue entre descendientes de exiliados políticos y otros supuestos que ya estaban contemplados en la legislación anterior. La aplicación automática de la instrucción del Ministerio de Justicia ha obligado a las oficinas consulares, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a tramitar expedientes de forma casi mecánica, sin margen para priorizar a ciudadanos españoles ya registrados ni para filtrar situaciones dudosas.

El resultado, por tanto, ha sido un colapso estructural, que provoca que en algunos consulados conseguir una cita para renovar un pasaporte pueda demorarse más de seis meses. En otros, los registros civiles consulares acumulan decenas de miles de expedientes pendientes. Mientras tanto, españoles residentes desde hace años en el extranjero ven bloqueados sus derechos básicos por una saturación provocada, denuncian, por una política diseñada sin refuerzo de medios ni planificación administrativa.