La Audiencia da carpetazo a la querella contra Miguel Rodríguez Torres, exjefe del Sebin y asesor de Zapatero
La fiscalía respalda que la Sala de lo Penal archive la causa, en la que también está la exfiscal general, Luisa Ortega, con el argumento de que está «fuera de su jurisdicción» y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela los juzga la Corte Penal Internacional
Fotomontaje de Miguel Rodríguez Torres, José Luis Rodríguez Zapatero y Luisa Ortega
El éxodo de venezolanos ha llevado a responsables del régimen bolivariano, represores y víctimas a coincidir en España. Los últimos y organizaciones civiles intentan llevar a personajes emblemáticos de la dictadura ante la justicia española. Es el caso la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz y del general Miguel Rodríguez Torres, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (el temible SEBIN) y actual asesor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La querella interpuesta contra ellos por Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, por torturas, tratos inhumanos y delitos de lesa humanidad ha quedado definitivamente rechazada por la Audiencia Nacional. Los argumentos para dar carpetazo a la demanda, según la resolución de la sala de lo penal, son, fundamentalmente, la «falta de competencias de la jurisdicción española».
En los fundamentos se observa que «las noticias periodísticas» aportadas, «por sí solas, aunque legítimas en la función que desarrollan, no legitiman a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal».
Asimismo, la Audiencia señala que no se demuestra la comisión de delitos de la gravedad como los mencionados de lesa humanidad ya que «un ataque generalizado o sistemático contra una población civil», no estaría probado porque «no se aporta ninguna otra prueba que los recortes periodísticos». No obstante, en el mismo texto se reconoce el testimonio de la querellante y de una docena de personas que fueron sometidas a suplicios cuando Rodríguez Torres, también exministro de Relaciones Interiores y Justicia, estaba al frente del SEBIN y Luisa Ortega era titular de la fiscalía general del Estado.
En otro apartad, la resolución, que no es recurrible, apunta: «Debemos además recordar, como bien informa el Ministerio Fiscal, que la Corte Penal Internacional está investigando los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, siendo esta instancia donde deben ser canalizados este tipo de denuncias al presentar la jurisdicción universal un carácter residual».
Otro de los argumentos que esgrime la Sala es que, «atendiendo al testimonio de la Sra. Bravo de Ocando [la querellante] contenido en la denuncia, inicialmente nos encontramos ante un delito de torturas y contra la integridad moral cometido fuera del territorio español contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide la atribución del conocimiento de la presente denuncia a la jurisdicción española».
Se da la circunstancia de que en el caso de Julio Iglesias, la denuncia de dos extrabajadoras, de nacionalidad dominicana y colombiana, por los presuntos abusos y agresiones cometidos en República Dominicana y Bahamas, se admitió al ser el acusado de nacionalidad española y ese mismo criterio se habría aplicado, según fuentes judiciales, si se tratara de un ciudadano con residencia en España.
Tanto Rodríguez Torres como Luisa Ortega están radicados en Madrid, pero la Audiencia no tiene en cuenta esa situación y se remite a los argumentos mencionados para, de acuerdo con la Fiscalía, rechazar la querella.
Rodríguez Torres, además de encabezar el SEBIN, también estuvo al frente de la antigua DISIP, la principal agencia de Inteligencia y contrainteligencia venezolana. En estos cargos fue el máximo responsable de centros de tortura y ejecuciones extrajudiciales, como el Helicoide, la Tumba o El Rodeo por donde pasaron miles de presos políticos y, según el Foro Penal, 777 permanecen recluidos.
El general Rodríguez Torres participó del primer intento de golpe de Estado en Venezuela por Hugo Chávez en 1992. Como el resto de los golpistas fue indultado por el expresidente Rafael Caldera. Tras la victoria en las urnas de Chávez, seis años más tarde, este incorpora al militar a su Gobierno donde comienza a desarrollar sus tareas de Inteligencia. Con Nicolás Maduro sería nombrado ministro de Interior y Justicia y titular del SEBIN. En esa época se cometieron buena parte de las atrocidades que se investigan en la Corte Penal Internacional.
Problemas con los «colectivos», grupos de civiles armados a sueldo del régimen, y desavenencias con el sucesor de Hugo Chávez provocaron la expulsión de Rodríguez Torres de todos los cargos. Detenido posteriormente por el SEBIN y acusado de, entre otros delitos, «atentar contra la patria» estuvo preso cinco años. A José Luis Rodríguez Zapatero le atribuyó las gestiones que terminaron con su libertad y traslado a España en 2023.
Desde entonces se ha convertido en su asesor sobre temas de Venezuela y su nombre es uno de los que el expresidente y Delcy Rodríguez barajan para sucederla en unas futuras elecciones.