El Constitucional de Marruecos frena una ley del Gobierno que limitaba al colegio de periodistas

El Tribunal Constitucional de Marruecos declaró inconstitucional la nueva ley que regula el Consejo Nacional de la Prensa (CNP, un suerte de colegio de periodistas creado en 2018), debido a tendencias hegemónicas de las empresas de comunicación, entre otros defectos.

El CNP, cuyo mandato de cuatro años no se ha renovado desde 2022, es una autoridad que gestiona el sector de la prensa y está integrada por representantes de periodistas y editores. Entre sus funciones se encuentran la concesión de la autorización para ejercer la profesión, la elaboración de las normas deontológicas y la imposición de sanciones en caso de infracciones, entre otras misiones.

En Marruecos, un periodista que no dispone de la acreditación de prensa del CNP corre el riesgo de ser procesado por el delito de «usurpación de profesión» y, en caso de denuncia, es juzgado en el marco del Código Penal y no de la ley relativa a la prensa y la edición, que no prevé penas privativas de libertad, lo que pone de relieve la importancia de este órgano.

El fallo anula cinco artículos de la ley recientemente aprobada por el Parlamento al considerar que vulneran el equilibrio entre periodistas y editores, pues estos últimos tienen una representación mayor, además afirmó que el texto contradice los principios de pluralismo consagrados en la Constitución.

La ley establece que el CNP estará integrado por 19 miembros, entre los que se incluyen siete periodistas y nueve representantes de las empresas editoriales, además de otros tres miembros: un juez, un representante del Consejo Nacional de Derechos Humanos y otro del Consejo Económico, Social y Medioambiental, los dos son estatales.

Rechazo de los periodistas

La legislación, impulsada por el Gobierno y su mayoría parlamentaria, generó una fuerte oposición entre los periodistas, que criticaron, además, la falta de consulta previa, el aumento de los poderes del presidente del Consejo, el endurecimiento de las sanciones previstas y la supervisión gubernamental sobre las elecciones internas del organismo.

El CNP fue creado en 2018 después de dos años de debate entre los profesionales, tras la nueva Constitución de 2011, como el primer órgano elegido por los propios periodistas para otorgar acreditaciones profesionales, velar por la ética y mediar entre reporteros y empresas.

Su primer mandato de cuatro años, iniciado en 2018, expiró en 2022 sin que se celebraran nuevas elecciones, debido a desacuerdos internos sobre el sistema de votación. Sin embargo, El Gobierno prorrogó su mandato seis meses más, pero no logró organizar nuevas elecciones. En 2023, una comisión provisional asumió la gestión del sector sin éxito.

En julio de 2025, el Ministerio de Cultura presentó un proyecto de ley, de forma unilateral, que reconfiguraba el CNP con mayoría de editores, lo que generó una fuerte controversia y el rechazo de numerosas organizaciones profesionales y de derechos humanos.

Con el fallo del Tribunal Constitucional, la ley deberá volver al Parlamento para ser revisada. Esto reabre el diálogo entre el Gobierno, los periodistas, los editores y la oposición sobre el futuro de la gestión del sector de la prensa en Marruecos.

En busca de consensos

«El fallo del Tribunal Constitucional es una oportunidad para retomar el consenso (...) y asegurar la estabilidad en la profesión», declaró a Efe el presidente del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí (SNPM), Abdelkebir Khchichine. Además, criticó duramente al Gobierno y el Parlamento por no consultar a los profesionales durante la redacción del texto.

«El Parlamento no consultó a los periodistas ni a sus representantes en ninguna de las fases de elaboración, no respondió a los problemas que planteamos, ni siquiera los tuvo en cuenta, y tampoco escuchó a la oposición», lamentó.

El dirigente sindical instó al Gobierno y al Parlamento a reabrir el diálogo, y a los periodistas a unirse para elaborar una ley consensuada, y «aceptable tanto en términos de derechos como de deberes». Subrayó que el mensaje del Tribunal es claro: hay que unir esfuerzos para producir un texto consensuado y constitucional.

La oposición política, que había abandonado la sesión parlamentaria donde se aprobó la ley y posteriormente la recurrió ante el Tribunal Constitucional, también denunció la falta de diálogo y el rechazo del Gobierno a incorporar sus propuestas.