Venezuela: ley de amnistía y los derechos conculcados

La reciente propuesta de una ley de amnistía, anunciada por Delcy Rodríguez en su condición de autoridad interina dentro de la estructura del poder dictatorial vigente, exige una evaluación que distinga entre el valor intrínseco de la libertad personal y la intencionalidad política de la medida. En contextos de regímenes no democráticos, la amnistía suele presentarse como instrumento de distensión; sin embargo, su eficacia normativa y su legitimidad dependen de condiciones estrictas que, de no cumplirse, la convierten en un mecanismo táctico antes que en una solución jurídica de fondo.

Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la privación de libertad por razones políticas constituye una violación continuada. En consecuencia, la excarcelación no puede ser entendida como concesión graciosa del poder, sino como restitución tardía de un derecho conculcado. La amnistía, cuando se ofrece para «corregir» una injusticia creada por el propio Estado, corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad previa, desplazando el foco desde la ilegalidad de las detenciones hacia la supuesta magnanimidad del liberador.

Amnistía versus impunidad

Un elemento central del análisis es la asimetría moral y jurídica que se produce cuando la amnistía se propone sin un reconocimiento explícito de la ilegalidad de los actos represivos. La doctrina contemporánea es clara: no puede haber amnistía que encubra crímenes de lesa humanidad, ni que anule el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Cuando una amnistía se formula sin estos resguardos, se transforma en una herramienta de impunidad, orientada a cerrar expedientes sin depurar responsabilidades. Eso deben tenerlo presente los líderes de gobiernos democráticos, especialmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien hay que reconocerle el mérito de la presión eficaz ejercida, para que los ejecutores del terrorismo de Estado, ahora se vean forzados a presentar esa ruta de la amnistía.

Además, la experiencia comparada demuestra que las amnistías genuinamente orientadas a la reconciliación nacional suelen ir acompañadas de garantías institucionales verificables: cierre definitivo de causas judiciales, restitución plena de derechos civiles y políticos, levantamiento de medidas cautelares y compromisos creíbles de no repetición. Así como también debe preverse el cierre, no solo de la cárcel del Helicoide, sino de todos los centros de torturas existentes. La ausencia de estos elementos revela una mutación de la represión, no su desmantelamiento.

El riesgo del uso instrumental del derecho

En regímenes autoritarios, el derecho es frecuentemente utilizado como lenguaje de legitimación. La propuesta de una ley de amnistía, en este marco, puede responder a objetivos extrajurídicos: reducir presión internacional, fracturar consensos opositores o proyectar una imagen de apertura sin modificar las estructuras de control. De allí la necesidad de evaluar no solo el texto de la iniciativa, sino el contexto político, la práctica administrativa y la conducta posterior del Estado.

Conclusión

Saludamos, sin ambigüedades, toda liberación. Cada persona que sale de prisión es una victoria de la dignidad humana sobre la arbitrariedad. Pero el análisis serio obliga a afirmar que la libertad no se negocia, se restituye, y que una amnistía auténtica no puede ser un paréntesis táctico dentro de una estrategia de dominación. La credibilidad de esta propuesta dependerá de si inaugura un quiebre real con la lógica del castigo político o si, por el contrario, confirma su sofisticación jurídica.

La historia reciente enseña que la prudencia no es escepticismo: es responsabilidad intelectual y moral.