Trump reafirma su ofensiva comercial tras el revés del Supremo y firma un arancel global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca un nuevo arancel global del 10 % sobre las importaciones de todos los países, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que había anulado buena parte de su anterior política comercial.

«Es un gran honor para mí haber firmado un arancel global del 10 % a todos los países», escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social, subrayando que la medida entrará en vigor el próximo 24 de febrero.

El Alto Tribunal, por una mayoría de 6-3, determinó que la Administración había abusado de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 al emplearla como base para imponer gran parte de los aranceles aprobados desde abril, al considerar que dicha legislación no faculta al presidente a crear nuevos gravámenes en tiempos de paz. Según la mayoría, aceptar esa interpretación supondría una delegación excesiva del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso.

El dictamen afectó tanto a la tarifa global base del 10 % a las importaciones como a los llamados gravámenes «recíprocos» a socios comerciales, así como a los aranceles adicionales del 25 % a México y Canadá para presionar en la lucha contra el tráfico de drogas, como el fentanilo. También quedaron bajo la decisión judicial los incrementos de hasta el 50 % a Brasil e India, adoptados en represalia por el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y por la compra de crudo ruso, respectivamente.

Ante este revés, Trump optó por una nueva vía jurídica: la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar recargos temporales —hasta un 15 % y por un máximo de 150 días— para hacer frente a graves desequilibrios en la balanza de pagos, sin necesidad de aprobación específica del Congreso. No obstante, no está claro cómo se articulará la medida a largo plazo.

La Casa Blanca subrayó que esta herramienta legal se diferencia de las empleadas anteriormente y que su objetivo es proteger la economía interna y corregir los desequilibrios internacionales, dentro de las competencias presidenciales reconocidas en materia comercial.

Excepciones para productos estratégicos

El nuevo arancel del 10 % contempla, sin embargo, excepciones significativas. Quedan fuera de la medida minerales críticos, metales utilizados en moneda y productos energéticos, así como determinados bienes ganaderos y agrícolas que ya habían sido excluidos en anteriores rondas por la presión de empresarios y consumidores.

También permanecen al margen los bienes de Canadá y México amparados por el T-MEC, los textiles de Centroamérica, así como libros, donaciones y equipaje acompañado.

Defensa del uso de los aranceles

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la utilización de los aranceles como herramienta legítima de presión comercial. En una entrevista con la cadena Fox, sostuvo que los gravámenes permitieron sentar «muy rápidamente» a otros países a la mesa de negociación y calificó de «mucho más limpio» imponer un arancel elevado —llegó a citar uno del 45 %— para forzar conversaciones dirigidas a reducir barreras no arancelarias, subsidios y restricciones contra Estados Unidos.

Bessent añadió que, si la vía de la IEEPA encuentra obstáculos judiciales, el Gobierno puede recurrir a otras disposiciones comerciales, como las secciones 232 o 301, para mantener una presión equivalente. Asimismo, recordó que el Supremo ha reafirmado amplias facultades del presidente en materia comercial, incluida la posibilidad de imponer embargos totales.

Reacciones políticas y empresariales

Desde la oposición demócrata, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, exigió que se devuelvan a las familias de su estado los importes cobrados bajo los aranceles anulados. Según afirmó en un vídeo difundido en redes sociales, cada familia de Illinois debería recibir alrededor de 1.700 dólares. El Supremo, sin embargo, no se pronunció sobre la devolución de los aproximadamente 175.000 millones de dólares recaudados, dejando la cuestión en manos de un tribunal comercial.

Por su parte, numerosos empresarios estadounidenses han reaccionado a la anulación judicial al quedar, por el momento, liberados del pago de los aranceles previos.

Lejos de retroceder, Trump ha reiterado su compromiso con una política comercial firme orientada —según ha defendido— a reequilibrar las relaciones económicas y relocalizar la producción en Estados Unidos. Con esta nueva orden ejecutiva, el presidente busca mantener la presión sobre sus socios comerciales y consolidar su estrategia de defensa de los intereses nacionales frente a lo que considera prácticas desleales en el comercio internacional.