Los abrazos al narcotráfico, la siniestra herencia de López Obrador a Claudia Sheinbaum

El nuevo populismo mesiánico tiene a su sumo sacerdote en México. Hoy es Andrés Manuel López Obrado (AMLO) quien, ya formalmente retirado, apadrina a su sucesora designada, Claudia Sheinbaum, luego de heredarle la política de «abrazos, no balazos» ante el crimen organizado.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador se presentó por tercera vez como candidato presidencial, como veterano de la política, antiguo militante durante años del antiguo partido hegemónico PRI y después de su escisión, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), con cuyas siglas fue alcalde de Ciudad de México durante seis años.

Durante sus seis años en la presidencia unos 15 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias a las transferencias monetarias. AMLO proclamó que toda la clase política, la «oligarquía neoliberal», había traicionado a la nación y que ahora él reivindicaría sus derechos.

Desde el inicio de su mandato proclamó su Gobierno como un punto de inflexión histórico que inauguraría una era de felicidad nacional: la Cuarta Transformación. La primera había sido la guerra de independencia iniciada en 1810; la segunda, las grandes reformas constitucionales liberales de 1857-1868; la tercera, la Revolución Mexicana de 1910-1920.

«Amor» y no balazos para los narcos

Pero el logro más siniestro de AMLO es su pacto con el archipiélago del crimen. Ya al inicio de su mandato de seis años rompió con la política de los presidentes anteriores, que perseguían a los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Los Zetas, el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana o Jalisco Nueva Generación. El presidente proclamó una «política de amor» hacia los criminales: Abrazos y no balazos —«Nunca más balas, más abrazos».

En la guerra contra los cárteles de la droga de los predecesores de AMLO, entre 2007 y 2018, morían cada año entre 25.000 y 35.000 personas.

López Obrador suspendió ese combate al narcotráfico porque consideró que sus predecesores no habían logrado nada y en cambio, al menos 180.000 personas murieron entre 2007 y 2014. Durante sus seis años de mandato (2018–2024), el Estado no combatió a los criminales; en cambio, los criminales siguieron matando, pero ahora con total impunidad. Extendieron sus tentáculos y se enfrentaron entre sí, luchando por territorios, por el control de la vida de las comunidades locales y por las rutas del contrabando de drogas. Durante el mandato de AMLO murieron otras 200.000 personas. Solo en 2024, 35.000.

La contención del Estado —en realidad una luz verde— permitió que los cárteles, que anteriormente se habían fragmentado en grupos más pequeños como resultado de la brutal guerra con el Gobierno Federal y de luchas internas, aterrorizasen regiones enteras del país, se apoderasen de las autoridades locales e incluso tomasen el control de la producción y el comercio.

A cambio de impunidad, los criminales garantizaban al partido presidencial MORENA victorias en las elecciones locales a los parlamentos estatales y a los ayuntamientos, aunque en ocasiones imponían a sus propios candidatos. Para que los resultados electorales fueran los «correctos», las bandas secuestraban e intimidaban a miembros de las mesas electorales y a interventores.

Los cárteles construyeron un vasto archipiélago de pequeños estados criminales que, mediante el terror y el soborno —y podían comprar a cualquiera: desde policías y fiscales hasta alcaldes y gobernadores—, se hicieron con el control de la vida de los habitantes y de la economía de los estados de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Jalisco.

Cuando los enfrentamientos sangrientos entre cárteles se intensificaban en exceso, el presidente, con tono paternalista, pedía en sus sermones matutinos que los criminales «no se excedieran» en la violencia y que «respetaran a la población civil». Reprendía como un padre al famoso jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, y al mismo tiempo señalaba que «los narcotraficantes también son pueblo».

En 2020 AMLO viajó a Badiraguato, el pueblo natal de «El Chapo», y se reunió con su madre. Compadeciéndose del destino del hijo degenerado, extraditado a Estados Unidos y condenado allí a cadena perpetua, prometió a la «honorable anciana», como la llamaba, interceder ante los estadounidenses para que le permitieran visitar a su hijo en prisión.

Si durante décadas de Gobierno del PRI los cárteles prosperaron no solo bajo el paraguas, sino también bajo el control del Estado, durante el Gobierno de AMLO se han convertido en su socio.

Este paisaje siniestro, heredado por Claudia Sheinbaum, lo describe con todo detalle Guillermo Valdés Castellanos, exjefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y autor de la obra fundamental Historia del narcotráfico en México, con quien hablé en una cafetería de la capital mexicana.

Cuenta que la mayoría de los antiguos grandes cárteles se fragmentaron en otros más pequeños que dominaron mercados locales. Han sobrevivido dos grandes organizaciones: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación hasta hace poco liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho; junto a ellas operan entre seis y siete grupos regionales más pequeños y alrededor de 250 bandas menores.

Este archipiélago criminal ya no vive solo de la droga. Su cartera financiera, equilibrada y diversificada, se compone en un 40 % de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, y el 60 % restante de «impuestos criminales», es decir, extorsiones llamadas derecho de piso, impuestas a todo lo que genera ingresos: desde minas y plantaciones hasta bares y restaurantes. Las estimaciones solo pueden ser aproximadas, pero de los testimonios de empresarios se desprende que las extorsiones del imperio criminal alcanzan el 1,5 % del PIB mexicano.

Para cerrar este círculo, 700 jueces profesionales fueron despedidos en México como parte de la «reforma» judicial impulsada por MORENA.

En octubre estalló probablemente el mayor escándalo criminal de los últimos años. El contrabando industrial de gasolina estadounidense desde Texas estaba organizado por una red dirigida por el secretario (ministro) de Marina José Rafael Ojeda Durán y el contralmirante Fernando Farías Laguna junto con su hermano Manuel Roberto.

Uno de los acusados fue detenido; el otro huyó. Durante cinco años, la banda de oficiales de la Marina introdujo gasolina estadounidense declarada como agua, es decir, sin pagar aranceles. Tres petroleros semanales llegaban a los puertos del Golfo de México —«americano», según la administración Trump—.

Desde que volvió a ser presidente de EE.UU., Donald Trump repite que México es un «narco-Estado». «Por desgracia, es verdad», me dicen al unísono el exjefe de inteligencia Guillermo Valdés, el exministro de Exteriores Jorge Castañeda, los periodistas de investigación Ravelo y Montenegro, y el escritor y periodista Jesús Silva-Herzog.

El Gobierno de la presidenta Sheinbaum, presionado por Estados Unidos para cooperar en la lucha contra el narcotráfico, entregó el año pasado a 55 criminales a las autoridades estadounidenses. Lo hizo por exigencia expresa de EE.UU. y de forma ilegal, sin orden judicial y saltándose el tratado de extradición. Los delincuentes habían sido previamente condenados o encarcelados en México, pero no habían dejado de operar. Fueron entregados para dar ejemplo, sin tocar la red de vínculos entre autoridades estatales y federales y el archipiélago criminal.

El México actual se asemeja a una falsa democracia popular de los tiempos de la Polonia comunista, pero impregnada de crimen organizado. El sindicato criminal no puede ser controlado por el poder autoritario porque precisamente gracias a él crece y se fortalece. Y la sociedad, engañada con beneficios inmediatos, se convierte en la primera víctima de la autocracia mafiosa.

El dictador del siglo XIX Porfirio Díaz solía decir: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». La vecindad con el imperialismo estadounidense no benefició al México que luchaba por su independencia. Hoy, los mexicanos tienen un problema propio.