El juez duda de las sanciones que le impiden a Maduro acceder a fondos para su defensa, pero pospone una decisión definitiva

El juez federal a cargo del caso del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, afirmó este jueves que no les considera «una amenaza para la seguridad nacional» de Estados Unidos, puesto que ya se encuentran detenidos en este país.

La consideración del magistrado Alvin Hellerstein afecta directamente al motivo en el que se basan las sanciones de Estados Unidos contra Maduro y que le impiden acceder a los fondos venezolanos, que según la defensa, obstaculizan pagar a los abogados de su elección.

«El acusado está aquí. Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional» declaró Hellerstein, de 92 años, con voz quebrada.

Además, el juez afirmó que las razones sobre las que se fundamentó este bloqueo de EE.UU. al país sudamericano ya no están en juego y que la situación en Venezuela ha cambiado.

No obstante, Hellerstein aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial y no dio en la audiencia de hoy fechas de cuándo tomará esta decisión.

Por su parte, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba apuntó durante la vista que el Gobierno de Estados Unidos debería tener la facultad de «utilizar las sanciones para influir en la política exterior o en la seguridad nacional» e indicó que las sanciones, impuestas en 2019, son anteriores al caso contra Maduro.

La defensa alega que el Gobierno de EE.UU., a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de «error administrativo», algo que vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

En tanto, el equipo legal del dictador venezolano volvió a insistir en que la única opción es la desestimación de los cargos, medida que el juez dijo ver poco viable.

Maduro -al que hoy se le vio más delgado- está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Ambos se declararon «no culpable» en la primera audiencia celebrada en enero.