Los datos europeos que evidencian el riesgo de que entren delincuentes con la regularización masiva de Sánchez

Hace tiempo que Europa viene alertando sobre el proceso de regularización masiva que Pedro Sánchez anunció el pasado 27 de enero en España. «Si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la Unión Europea, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia», advirtió el comisario europeo de Interior e Inmigración el pasado miércoles en una respuesta por escrito al Partido Popular Europeo.

Uno de los principales temores que genera esta regularización es que no será necesario acreditar que el solicitante de legalización carece de antecedentes penales. Si el país de origen no contesta al requerimiento de información por parte de España, bastará con la palabra del inmigrante y, claro, éste no va a decir que es buscado por tales o cuales delitos.

Así pues, Europa ya prevé que con el procedimiento español se puedan 'colar' delincuentes que, una vez conseguida la residencia española, intenten ir a otros países europeos bien porque allí cuenten con lazos familiares o simplemente porque reciben más ayudas económicas.

Y es que los propios datos europeos atestiguan que personas con antecedentes delictivos tratan de cambiar de residencia. El pasado martes, sin ir más lejos, se conoció que el año pasado la Fiscalía belga abrió 88 expedientes a solicitantes de asilo en este país, casi cinco veces más pequeño que España, por ser perseguidos en sus países de origen por delitos contra los Derechos Humanos, informó el pasado martes la Justicia belga. Lo más alarmante de este dato es que supone que en solo un año, prácticamente se ha triplicado el número de personas identificadas con este tipo de delitos en su 'currículum'. En 2024 fueron tan solo 33.

Además, la Fiscalía advierte de que, en muchos casos, estas personas no pueden ser devueltas a sus países de origen puesto que no tienen garantizado allí un trato o juicio justo. Por eso mismo, Europa ha modificado el Pacto Migratorio con la creación de un listado de «países seguros» de los que los inmigrantes no podrán alegar que huyen para facilitar su devolución.

Entre estos países considerados «seguros» se encuentra Marruecos, país del que procede gran parte de los inmigrantes que llegan a España. Pero si el inmigrante no tiene por qué garantizar que carece de antecedentes, el país de acogida se convierte en un coladero de posibles delincuentes sin motivos para ser devueltos.

Según datos de la Comisión Europea, de las 24.000 personas a las que se les ha denegado la entrada en la Unión Europea procedentes de terceros países en los cinco meses que llevan implantándose las 'fronteras inteligentes' que realizan un análisis biométrico del solicitante, 600 de ellos «suponían una amenaza para la seguridad de la Unión».