El presidente estadounidense Donald Trump
Un tribunal de EE.UU. bloquea el arancel global del 10 % impuesto por Trump y cuestiona el uso de una ley de 1974
La Justicia considera que la Casa Blanca excedió los límites de la Ley de Comercio de 1974 y abre la puerta a millonarias devoluciones a importadores afectados
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves el arancel global del 10 % impuesto por la Administración de Donald Trump a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente utilizó de forma incorrecta una antigua ley comercial para justificar la medida.
El tribunal, con sede en Nueva York, concluyó por dos votos frente a uno que la Casa Blanca excedió los límites de la denominada sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición poco utilizada que permite imponer gravámenes temporales únicamente en circunstancias excepcionales relacionadas con graves desequilibrios en la balanza de pagos o con problemas en el sistema financiero internacional.
La Administración Trump recurrió a esta vía legal el pasado febrero, después de que el Tribunal Supremo anulara una parte relevante de su política arancelaria. El objetivo declarado por el Gobierno era utilizar el gravamen del 10 % como herramienta temporal para responder a los déficits en la balanza de pagos mientras buscaba fórmulas jurídicas más sólidas para reforzar su agenda comercial.
El arancel comenzó a aplicarse el 24 de febrero y tiene una duración máxima de 150 días, por lo que expirará el próximo 23 de julio, salvo que el Congreso autorice su prórroga. El fallo recuerda precisamente que la legislación invocada por el Ejecutivo solo permite aranceles de hasta el 15 % durante ese periodo limitado y exige posteriormente autorización parlamentaria para mantenerlos.
Además, el Tribunal de Comercio Internacional ordenó a los demandados ejecutar la sentencia en un plazo de cinco días y dispuso reembolsos para los importadores que participaron en la demanda.
Aunque la decisión judicial afecta de momento únicamente a las partes demandantes, la resolución sienta un precedente que podría facilitar nuevas impugnaciones por parte de otras empresas perjudicadas por los recargos.
Según adelantó The New York Times, la Administración de Trump prevé recurrir el fallo, lo que podría prolongar la batalla judicial durante meses. Una eventual derrota definitiva obligaría al Ejecutivo estadounidense a devolver los ingresos obtenidos mediante estos aranceles, estimados en torno a 166.000 millones de dólares.
Mientras tanto, la Casa Blanca continúa explorando otras vías para mantener su estrategia proteccionista. Las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones sobre decenas de socios comerciales por cuestiones relacionadas con el trabajo forzado y el exceso de capacidad industrial, procesos que podrían desembocar en nuevos aranceles sectoriales.
La sentencia no afecta, sin embargo, a otros gravámenes impulsados por Trump sobre productos específicos como el acero, el aluminio o los automóviles.
