Irán, Ormuz y la lógica de la confrontación

Transcurridos más de dos meses desde el inicio de las hostilidades, el equilibrio estratégico en el golfo Pérsico apenas se ha alterado. El alto el fuego vigente es frágil y no elimina el riesgo de reanudación de los combates.

La causa principal es que los EE.UU. e Israel no han conseguido los objetivos políticos que subyacían a la operación: neutralizar los programas nuclear y de misiles de Irán y, seguramente también, propiciar un cambio de régimen en Teherán.

Por su parte, Irán, pese a los daños y costes asumidos, sostiene haber prevalecido y endurece su posición al perseguir un acuerdo maximalista que incluya el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz.

El resultado es la persistencia de la hostilidad y, en consecuencia, la baja probabilidad de un acuerdo a corto plazo, incluso en forma de desescalada que «congele» el conflicto.

En ese contexto, ambas partes seguirán utilizando sus instrumentos de presión para alterar la correlación de fuerzas en favor de sus intereses, mientras las conversaciones –con Pakistán como intermediario– se prolongan sine die.

Teherán difícilmente renunciará a su principal palanca coercitiva, el bloqueo de Ormuz, mientras que los EE.UU. sostendrán el contrabloqueo y la amenaza de reanudar los bombardeos. En el fondo, una paz estable exigiría una redefinición de la identidad política del régimen iraní, es decir, una transformación que, en la práctica, equivaldría al fin de la República Islámica.

El régimen iraní necesita transmitir firmeza y proyectar su éxito resistiendo el ataque, admitir la derrota lo conduciría al colapso. Sin embargo, la evaluación del éxito o fracaso de la operación estadounidense-israelí se está realizando, de forma discutible, tomando como referencia esa narrativa iraní de victoria.

La campaña se inició con una confianza elevada en un desenlace rápido, probablemente reforzada por tres señales previas: la limitada respuesta iraní tras los bombardeos de junio de 2025 contra instalaciones nucleares, la exitosa captura de Maduro en Venezuela el pasado enero y la aparente oportunidad de descabezar la cúpula iraní mediante un golpe de precisión –posiblemente facilitado por Israel–.

Ese planteamiento inicial asumía un riesgo elevado: si el régimen no colapsaba tras el primer golpe –como finalmente ocurrió–, la campaña entraría en una fase para la que ni el dispositivo desplegado y la composición de fuerzas en el teatro eran los más adecuados y, en cualquier caso, resultaban insuficientes para doblegar la resistencia del régimen. La consecuencia más crítica fue el bloqueo inmediato del estrecho de Ormuz, lo que ya se sabía que era más que probable. Además, se habría subestimado la capacidad de los Guardianes de la Revolución para sostener el bloqueo aun con capacidades degradadas. Irán llevaba años preparándose para el ataque y que su capacidad de aguante fue, en general, infravalorada.

En suma, los EE.UU. e Israel han infligido un castigo militar significativo a Irán, pero los objetivos políticos de ambos permanecen inalcanzados. La tregua actual, con Ormuz bloqueado, no es una conclusión aceptable para ninguna de las partes. Israel no podrá estabilizar su entorno estratégico mientras persista un régimen radical en Teherán; si el propósito último era precipitar la caída de los ayatolás, el objetivo sigue inconcluso. En ausencia de una revuelta popular que desplace a los ayatolás y a los Guardianes de la Revolución, la reanudación de las operaciones militares es una posibilidad cierta, antes o después ocurrirá.

La raíz del problema reside menos en el ataque estadounidense-israelí que en la propia naturaleza del régimen iraní; el primero puede entenderse como culminación de una confrontación que Teherán ha buscado y gestionado durante años. Esa confrontación es, además, regional: el régimen promueve y capitaliza la inestabilidad para ampliar su influencia. Sus actuaciones en Siria, Líbano, Yemen, Irak o Gaza ilustran una estrategia de proyección indirecta para erosionar el orden regional, que alimenta la legitimidad y continuidad de un régimen revolucionario de carácter mesiánico.

Así, la exportación de la revolución islámica funciona como pilar de legitimidad interna de la República Islámica, que una parte sustantiva de la sociedad iraní rechaza, como evidenciaron las revueltas de enero pasado, reprimidas con violencia inusitada. El régimen combina coerción interna y agresividad externa como mecanismos de supervivencia, resultando inverosímil que reoriente su conducta hacia el interés nacional y al bienestar de la población. De ahí que cualquier concesión en su política exterior –en particular sobre los programas nuclear y de misiles y, sobre todo, sobre el control de Ormuz– se interpretaría como un signo de debilidad con un alto potencial desestabilizador para el poder establecido.

Por ello, Teherán debe evitar cualquier señal que pueda leerse como cesión ante los EE.UU. En esa lógica, el bloqueo del estrecho de Ormuz –y la pretensión de regular su tráfico– opera como su «centro de gravedad»: si retrocede, perderá capacidad de influir sobre la economía global y, por extensión, sobre el cálculo político estadounidense.

Para los EE.UU., el objetivo simétrico es revertir esa situación, quebrar el control iraní efectivo y desequilibrar ese «centro de gravedad». Se enfrentan, así, dos imperativos incompatibles: sostener la narrativa de victoria anclada en Ormuz y, del lado estadounidense, reabrir el estrecho para evitar que la percepción de fracaso cale en su opinión pública –su propio «centro de gravedad»–.