Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba con sanciones a varios funcionarios de la isla

Estados Unidos aumentó este lunes la presión sobre Cuba con una nueva batería de sanciones que afectan a varios funcionarios del régimen castrista de la isla, como la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro se dieron a conocer poco antes de que el próximo viernes, según la prensa estadounidense, el Departamento de Justicia presente una acusación formal contra el dictador cubano Raúl Castro.

Además de los dos ministros, fueron incluidos a la lista de sancionados del Tesoro el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

También fueron designadas la Dirección Nacional de Inteligencia, que se suma a otras entidades del Estado cubano sancionadas como el Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria.

Por su parte, el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha optado por menospreciar este lunes la última decisión de Trump de sancionar a once altos cargos políticos y militares cubanos en base a la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que ampliaba el ámbito punible con la congelación de activos en territorio estadounidense.

«En la dirección de nuestro partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El Gobierno de EE.UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar», escribía Díaz-Canel en redes sociales.

El cubano ha asegurado que es «inmoral, ilegal y criminal» actuar de esta forma. Díaz-Canel enmarcó la decisión en la campaña de presión de EE.UU. a Cuba para que opere reformas políticas y económicas en el país, que ha contado con medidas como el bloqueo petrolero y la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo que ampliaba las sanciones.

También ha dicho que «el castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores».

A su juicio, «la retórica anticubana del odio» busca «justificar la escalada» de una «guerra económica total» contra la isla. «Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica, el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo», agregó.