El primer ministro canadiense, Mark Carney
La provincia de Alberta celebrará un referéndum no vinculante en octubre sobre su permanencia a Canadá
El anuncio llega en un contexto de creciente tensión entre Alberta y Ottawa por cuestiones energéticas y regulatorias
El Gobierno de la provincia canadiense de Alberta anunció este jueves que tiene previsto celebrar el próximo 19 de octubre una consulta para decidir si debe iniciar el proceso legal para convocar un referéndum vinculante sobre la separación de Canadá.
El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de Alberta, la conservadora Danielle Smith, en un discurso televisado en el que afirmó que los ciudadanos deberán escoger entre permanecer como provincia del país o iniciar «el proceso legal requerido bajo la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debe separarse de Canadá».
La dirigente conservadora, que desde que llegó al poder en 2022 ha centrado sus políticas en el enfrentamiento con el Gobierno federal, insistió en varias ocasiones en que ella votará a favor de permanecer en Canadá porque considera que «Canadá todavía puede funcionar».
Pero Smith justificó la consulta señalando que cientos de miles de habitantes de Alberta quieren pronunciarse sobre la cuestión.
El anuncio de Smith se produce después de que el 13 de mayo, un tribunal canadiense anulara una petición ciudadana para convocar consultas populares que había recogido unas 300.000 firmas, al señalar que el proceso no había respetado los derechos de los indígenas del territorio.
La jefa de Gobierno de Alberta, que había facilitado la iniciativa popular al rebajar el número de firmas necesarias para forzar la convocatoria de un referéndum, criticó la decisión judicial como antidemocrática y adelantó que la provincia apelaría.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que todavía no se ha pronunciado sobre la decisión de Alberta, declaró el 14 de mayo que los separatistas deben respetar los derechos de los indígenas y cumplir la legislación canadiense, que incluye la llamada ley de la Claridad.
La ley, aprobada después de que Quebec celebrara dos referendos separatistas, indica que el Parlamento canadiense tiene que aprobar la pregunta de cualquier referéndum que se celebre y decidirá si el resultado de la votación es suficiente para iniciar el proceso de negociación, que tiene que ser aprobado por el resto de las provincias del país.
La consulta anunciada por Smith no implicaría automáticamente la independencia de Alberta. Según explicó el Gobierno provincial, una victoria de la opción soberanista sólo pondría en marcha el proceso para organizar un segundo referéndum, esta vez vinculante, sobre la separación.
El anuncio también llega en un contexto de creciente tensión entre Alberta y Ottawa por cuestiones energéticas y regulatorias. Smith acusó al Gobierno federal de intentar centralizar poderes y defendió que Alberta ha sido perjudicada durante años por políticas federales contrarias al desarrollo petrolero.
La oposición y varios dirigentes políticos reaccionaron rápidamente al anuncio. El líder conservador federal, Pierre Poilievre, declaró que hará campaña para que Alberta permanezca dentro de «la familia canadiense».
Por su parte, organizaciones indígenas denunciaron que cualquier intento de separación vulneraría los tratados históricos firmados con la Corona británica y protegidos por la Constitución canadiense. El referéndum de octubre incluirá además otras nueve preguntas relacionadas con inmigración y asuntos constitucionales.
