El infierno de la tortura continúa impune y operando en Venezuela

Desde hace algunas semanas el expediente de la tortura en Venezuela ha continuado creciendo, expandiéndose. Antes de continuar con este artículo, debe quedar claro en los lectores que, después del 3 de enero, las cosas no han cambiado: el sistema de torturas en Venezuela continúa operando. La práctica de causar dolor en los cuerpos de los inocentes detenidos se perpetúa de forma recurrente y sistemática. Los castigos continúan inalterados, aunque no se hayan producido nuevas detenciones.

Este doble hecho debe llamar la atención y la sensibilidad política y moral del lector. Me refiero a que, por una parte, las torturas se mantienen e intensifican. Por la otra, a que no ingresan nuevos detenidos, lo cual equivale a decir que la fabricación de expedientes está en estado de pausa. ¿Por qué entonces, si no hay nuevas acusaciones, la tortura se mantiene ajena a cuanto ocurre más allá de las paredes de los centros de detención?

Porque la tortura en Venezuela es un sistema autónomo, una estructura muy amplia, una cultura poderosa y omnipresente en capas y capas de funcionarios, que están diseminadas en numerosas instituciones del Estado: en la Dirección General de Contrainteligencia Militar -DGCIM-, en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional -SEBIN-, en unidades del Ministerio del Poder Popular Para el Servicio Penitenciario, de la Policía Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -CICPC-, y en otros cuerpos policiales especializados como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas -DAET- de la Policía Nacional Bolivariana, que no es sino el nombre-fachada, el nombre-pasamontañas de las Fuerzas de Acciones Especiales -FAES-, una de las más temibles unidades del Estado venezolano, autora de violentas e ilegales operaciones de secuestro y desapariciones forzosas.

La lista anterior, aunque esté incompleta, debe ser repetida una y otra vez, publicada cada vez que sea posible, por una razón fundamental: pone en evidencia que la tortura no es una práctica excepcional en la Venezuela de la narcodictadura. Se ha convertido en una institución dentro del Estado, con sus estructuras, jerarquías, presupuestos, métodos, prebendas, protección política y legal, y hasta de reconocimientos de parte de las autoridades y medios de comunicación del Estado. Los han elogiado y reconocido Maduro, Padrino López y Cabello, entre otros.

¿Acaso Diosdado Cabello, en una edición de Con el mazo dando, de abril de 2023, no presentó y saludó ante las cámaras a 26 funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales, bajo el mando del torturador estrella del régimen, Alexander Enrique Grancko Arteaga? ¿Acaso no los nombró uno a uno, los enfocó, los felicitó y pidió que los aplaudieran, mientras, en su turno, cada uno se levantaba de su silla con el puño izquierdo en alto?

Este hecho -con la notable excepción de la periodista Sebastiana Barráez- apenas encontró eco en los medios de comunicación. Es probable que sea un capítulo único en la historia mundial de la tortura: que un grupo de torturadores sea exhibido, uno a uno, en un programa en el canal de televisión en manos del partido del gobierno, todos vestidos con el mismo suéter negro y las letras grandes y blancas con las siglas DAE en blanco, escenificación del orgullo y lealtad corporativa que los torturadores sienten hacia su organización, hacia el cultivo continuo del compañerismo, hacia los resultados de sus actividades, y la gratitud que expresan hacia el poder que les ha dado autonomía e impunidad.

Quiero decir: un grupo de torturadores orgulloso de sí mismo. Exhibicionista. Que no teme a que las víctimas los identifiquen. Ni a ninguna represalia. Ni a posibles acciones de la justicia. Se muestran ante las cámaras porque entienden que nada les pasará. Se han formado, entrenado y operado bajo la repetida afirmación de que nada les pasará. Nunca. Y, lo cierto es que la promesa de sus jefes políticos y militares se ha cumplido: no les ha pasado nada. La narcodictadura los protege, no hace campañas, no los denuncia, no los apresa, no desmonta sus estructuras, no clausura sus centros, no los despoja de sus instrumentos de tortura, los mantiene en sus despachos, con sus sueldos, bonos y prebendas, lo que significa que los reivindica y no detiene su actividad.

Al contrario, en los informes publicados en semanas recientes -hablo de los de Human Right Watch, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, Foro Penal y Provea-, referidos a 2026, reaparecen sin mengua las mismas realidades dantescas: prácticas de asfixia con bolsas plásticas; descargas eléctricas; torturas de carácter sexual; aislamiento prologado, muchas veces en celdas acondicionadas para mantenerlas en la oscuridad total; hacinamientos; malos tratos verbales, psicológicos y físicos.

Sin embargo, las cosas son cada vez peores, el horror ha adquirido nuevas dimensiones y alcances, una vez que han comenzado a aparecer los primeros testimonios de presos liberados por la presión de Estados Unidos. Ahora sabemos de forma fehaciente e inequívoca, que también en Tocorón, que también en El Rodeo II, que también en el Fuerte Guaicaipuro, que también en casas clandestinas y en otros centros de detención, se tortura con los mismos métodos, la misma frecuencia, los mismos horarios, la misma siniestra crueldad con la que actúan los torturadores maestros del DGCIM y el SEBIN.

Y no pasa nada. No cambia nada. Siguen torturando.