Todd Blanche, de abogado de Trump a fiscal general: el hombre de confianza llamado a dirigir la Justicia de EE.UU.

Cuando Todd Blanche abandonó hace tres años su puesto en un prestigioso bufete especializado en delitos de cuello blanco para asumir la defensa de Donald Trump, el magnate republicano atravesaba uno de los momentos judiciales más delicados de su trayectoria política. La decisión sorprendió en los círculos jurídicos estadounidenses, pero él mismo la justificó en un mensaje de despedida enviado a sus compañeros: «Es una oportunidad que no puedo dejar pasar».

Aquella apuesta ha terminado por situarlo a las puertas del cargo más importante de la Justicia estadounidense. El presidente Donald Trump ha oficializado su nominación como fiscal general de Estados Unidos, un puesto que ya desempeña de forma interina desde abril, tras la destitución de Pam Bondi. Su nombramiento deberá ser ahora ratificado por el Senado.

La trayectoria reciente de Blanche está estrechamente ligada a la del actual presidente. Antes de llegar al Departamento de Justicia, fue uno de los abogados que acompañó a Trump en algunos de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años.

Representó al republicano en el conocido caso de los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels, que terminó con una condena por más de treinta cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York. También formó parte de su equipo legal en las dos investigaciones impulsadas por el fiscal especial Jack Smith durante la Administración de Joe Biden: la relativa a la presunta interferencia en las elecciones de 2020 y la relacionada con la retención de documentos clasificados en la residencia de Mar-a-Lago. Ambos procedimientos fueron desestimados tras la reelección de Trump.

Sin embargo, la carrera de Blanche comenzó mucho antes de entrar en el círculo del mandatario. Nacido en Denver (Colorado) en 1974, inició su trayectoria profesional como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más influyentes del país. Allí llegó a desempeñarse como codirector de la unidad de crímenes violentos y participó en investigaciones relacionadas con fraude, corrupción y delincuencia organizada.

Tras cerca de una década en la fiscalía federal, dio el salto al sector privado. Se incorporó al bufete Cadwalader, Wickersham & Taft, donde trabajó en la defensa de distintas figuras del ámbito político y empresarial. Entre sus clientes figuró Paul Manafort, antiguo asesor de Trump, una relación profesional que terminaría acercándolo definitivamente al entorno del hoy presidente.

Su llegada al Departamento de Justicia se produjo después del regreso de Trump a la Casa Blanca. El mandatario lo eligió inicialmente como fiscal general adjunto, convirtiéndolo en el número dos del organismo. Meses después, tras la salida de Bondi, asumió de manera interina la dirección del departamento.

Desde entonces, su gestión ha estado marcada por decisiones que han generado una intensa controversia política. En su primera comparecencia pública como responsable del Departamento de Justicia defendió que el presidente tiene el «derecho» y el «deber» de orientar las investigaciones de la institución, una afirmación que fue interpretada por sus críticos como una muestra de alineamiento con la Casa Blanca.

Los demócratas lo acusan de continuar ejerciendo como abogado personal de Trump desde el Gobierno y de utilizar la maquinaria judicial para impulsar la agenda política del presidente. Durante su etapa interina, el Ejecutivo presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey y abrió investigaciones vinculadas a las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2020.

Otro de los episodios más controvertidos de su mandato ha sido la gestión de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Blanche supervisó la divulgación de ese material y, en julio de 2025, entrevistó personalmente en prisión a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora del financiero, condenada a veinte años de cárcel por tráfico sexual de menores. Posteriormente, Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas, una decisión que suscitó críticas por la normativa aplicable a los condenados por delitos sexuales.

También promovió una iniciativa para destinar cerca de 1.700 millones de dólares a compensar a quienes el Gobierno considera víctimas de persecución judicial durante la Administración Biden. La propuesta encontró resistencia incluso entre algunos senadores republicanos y finalmente fue retirada.

Ahora, Todd Blanche afronta el examen definitivo. Aunque los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños frente a 47 en el Senado, algunos miembros del partido han expresado reservas sobre determinadas actuaciones de los últimos meses. Su confirmación pondría al frente del Departamento de Justicia al hombre que pasó de defender a Donald Trump en los tribunales a convertirse en uno de los principales responsables de aplicar la ley en Estados Unidos.