Israel empieza a ver una «quinta columna» en los ultraortodoxos

La creciente radicalización de dirigentes y parte del público jaredí (ultraortodoxo) ha pasado de ser un debate sobre el servicio militar a convertirse en un problema grave. En los últimos días, manifestantes atacaron la casa del juez de la Corte Suprema, Noam Solberg, provocaron daños y hubo 61 arrestados. El hecho se sumó a choques con la Policía, bloqueos de carreteras, agresiones a transeúntes y ataques contra fuerzas de seguridad durante protestas contra el reclutamiento obligatorio.

La reacción pública ha sido especialmente dura porque ocurre mientras miles de reservistas cumplen largos períodos de servicio. Para la mayoría de la sociedad israelí, la negativa a incorporarse al Ejército se siente como una ruptura de la solidaridad nacional en tiempos de guerra.

Las encuestas muestran un fuerte apoyo al reclutamiento de los jaredim y un creciente rechazo a sus privilegios tradicionales. En un programa de radio Kan una joven contó que dio a luz una niña y el padre no pudo ir, por estar en servicio, mientras mujeres religiosas en el mismo sanatorio estaban todas acompañadas por sus esposos. La gente está harta de dos temas: la guerra con Hezbolá –se firmó un acuerdo con Líbano que los terroristas ignoran– y el fanatismo religioso.

El líder opositor Naftalí Bennett ha convertido el reclutamiento en un pilar de su campaña. Prometió investigar lo que llama «sabotaje» en la aplicación de la ley de reclutamiento, y defiende que todos los sectores de la población compartan la carga de la defensa nacional.

Además presenta la cuestión como un problema moral y económico, argumentando que Israel no puede mantener indefinidamente un sistema de privilegios para una minoría creciente. Vale recordar que Bennett es también religioso, pero de línea moderna, quienes cumplen con las mismas obligaciones que los laicos. En su caso fue combatiente destacado en unidades de elite.

Por otra parte, Avigdor Lieberman mantiene una línea aún más dura. Desde hace años exige el fin de las exenciones masivas, acusa a los partidos ultraortodoxos de ejercer un poder excesivo y rechaza participar en cualquier gobierno que mantenga el modelo actual. Su discurso encuentra eco entre votantes laicos y nacionalistas.

El coste político para el Gobierno de Netanyahu es importante. Las encuestas muestran una caída de popularidad, especialmente en el norte, afectado por la guerra. Un sondeo reciente indicó que el apoyo al Likud cayó del 35% obtenido en 2022 al 23%, mientras una mayoría desaprueba la gestión en temas de seguridad.

Ante las elecciones de septiembre, la oposición presenta una alternativa unificada. Bennett aparece como el principal aspirante a primer ministro, respaldado por alianzas con figuras como Yair Lapid y contactos con Avigdor Lieberman y Gadi Eisenkot. El eje central de la campaña opositora combina seguridad, reformas y reclutamiento universal.

Igualdad ante la ley

El panorama actual muestra que la cuestión jaredí ya no es un tema sectorial. Se ha transformado en una prueba sobre igualdad ante la ley, autoridad del Estado y unión nacional. La forma en que los partidos respondan a las agresiones contra jueces, policías y ciudadanos será un factor decisivo en las elecciones. La opinión pública percibe que los radicales desafían abiertamente a las instituciones democráticas.

Los incidentes de los últimos meses han reforzado esa percepción. En Jerusalén y Bnei Barak se registraron enfrentamientos con la Policía, daños a vehículos oficiales, lanzamiento de piedras y agresiones. Algunos de los episodios más impactantes fueron los ataques contra soldados y oficiales durante protestas contra el reclutamiento, hechos que provocaron condenas generales.

El rechazo social hacia estas conductas parece haberse ampliado considerablemente. Tras más de dos años de guerra, cientos de miles de reservistas han sido movilizados repetidamente, mientras decenas de miles de jóvenes jaredim continúan fuera. Para muchos israelíes, especialmente entre familias de militares, el debate dejó de ser religioso para convertirse en una cuestión de igualdad y solidaridad nacional. La oposición ha aprovechado políticamente el malestar. Liberman calificó de «matones callejeros» a los violentos y exigió una respuesta policial más severa.

Por su parte, Yair Lapid sostiene que quien puede participar en marchas masivas también puede cumplir con el servicio militar, mientras que figuras como Gadi Eisenkot han acusado al gobierno de transmitir un doble mensaje: elogiar a los soldados mientras negocia exenciones para sectores de la población.

Las críticas también apuntan hacia Bibi Netanyahu. Sus rivales argumentan que durante años permitió que los partidos jaredim tuvieran influencia desproporcionada, debido a que integraban las coaliciones de gobierno. Según esta visión, la falta de una solución definitiva al reclutamiento y la percepción de impunidad frente a los disturbios son consecuencia directa de acuerdos políticos destinados a mantener la mayoría parlamentaria.

La crisis ha tenido también consecuencias institucionales. El conflicto alrededor del reclutamiento contribuyó al deterioro de la coalición gobernante y creó tensiones con el Poder Judicial, especialmente después de que los tribunales respaldaran la obligación de incorporar a estudiantes de yeshivá (centros religiosos) al Ejército.

La paciencia pública con las exenciones se agotó. Ningún gobierno podrá mantener el sistema actual. La discusión ya no gira solo en torno al reclutamiento, sino también a la integración laboral, educación, contribución económica y respeto a la autoridad estatal. En este contexto, los actos violentos fortalecen precisamente a quienes reclaman reformas profundas, y reducen el margen político de los partidos ultraortodoxos.