Venezuela: Dios, la naturaleza y el Estado

Ante una emergencia sísmica, la gravedad de los daños no depende exclusivamente de la magnitud del evento natural, sino de la capacidad estructural y operativa del Estado y de sus instituciones para responder a él. La verdadera dimensión de una crisis humanitaria post-desastre se mide en la capacidad de respuesta y resiliencia de los servicios básicos, los cuales actualmente presentan fallos estructurales críticas en tres frentes fundamentales.

Uno de esos ángulos está en la capacidad hospitalaria. Desgraciadamente el sistema de salud pública en Venezuela ya operaba antes del seísmo a niveles mínimos de su capacidad instalada, condicionado por la severa escasez de insumos médicos básicos, faltan ¡hasta camillas! y la mayoría de los quirófanos están inactivos por falta de mantenimiento técnico.

A esas deficiencias se suma la deserción de miles de médicos y personal de enfermería que no han soportado los menguados salarios que recibían. La vulnerabilidad acumulada de los servicios públicos se traduce hoy en un alto costo humano. Ninguna infraestructura de salud puede absorber una emergencia de esta magnitud cuando sus capacidades previas estaban reducidas a niveles críticos. Un seísmo encuentra a los hospitales en la penumbra, sin continuidad en el servicio de agua y con severas limitaciones terapéuticas. La crisis de servicios preexistente convirtió un desastre natural en una catástrofe humanitaria sin precedentes.

Los fallos crónicos en el suministro eléctrico y de agua potable son una realidad más que conocida en nuestro país. Ese colapso acarrea la paralización de la refrigeración de insumos médicos esenciales, comprometen la higiene en las áreas de urgencias y limitan la operatividad de los equipos de soporte vital indispensables para salvar vidas.

Otro drama es la ausencia de una capacidad de respuesta inmediata. Los cuerpos de bomberos y los equipos de Protección Civil enfrentan las consecuencias de años de desinversión presupuestaria, pérdida de personal técnico calificado debido a la migración y una falta crítica de dotación básico, tales como unidades de rescate modernas, herramientas hidráulicas de corte y grúas de alto tonelaje.

Venezuela ha padecido innumerables sucesos de esta naturaleza a lo largo de su historia. Recordamos el seísmo de 1812 que acarreó la ruina de Caracas, o el movimiento telúrico de grandes proporciones en 1967 que dejó una oscura estela de muertes y heridos.

También hemos sido estremecidos por tormentas y deslaves, como el que enlutó al litoral guaireño a partir del 15 de diciembre de 1999. Todavía la ciudadanía resiente la reprochable conducta de Hugo Chávez Frias, rechazando la ayuda que enviaban las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras el pueblo guaireño se ahogaba en la tragedia. Esos procederes representan los «terremotos» del populismo que han demolido las instituciones del país que hoy hacen tanta falta para poder responder adecuadamente este infortunio.

Los desastres naturales ponen a prueba a cualquier nación. La diferencia crucial radica en la preparación y en la capacidad de respuesta del Estado. Hoy vemos cómo Japón activa de inmediato sus protocolos de emergencia, moviliza equipos de rescate, inspecciona su infraestructura crítica y coordina a todas sus instituciones para proteger a su población.

Venezuela merece esa misma dignidad y capacidad de respuesta: hospitales operativos, servicios públicos confiables y cuerpos de emergencia dotados con los recursos necesarios para salvar vidas cuando la tierra ruge.

Un terremoto es un fenómeno natural inevitable, pero la pérdida masiva de vidas se agrava exponencialmente cuando los servicios públicos esenciales no están preparados para la contingencia. La vulnerabilidad acumulada en la infraestructura nacional actúa hoy como un multiplicador crítico del impacto del desastre.

Solo alguien sin sentido común reclamaría evitar un terremoto, como estos dos que nos han sacudido. Pero lo que sí es posible es evitar pésimas respuestas a una crisis. Por eso, prevenir con protocolos de respuestas rápidas, contando con grupos debidamente formados para atender emergencias de esta dimensión y tener diseñados planes la contingencia.

Es necesario visibilizar que la demora en la ayuda no se debe a una falta de voluntad de los rescatistas. Quienes hoy están atrapados bajo los escombros dependen de una logística de rescate que carece de la maquinaria pesada necesaria y de un tejido profesional diezmado por el éxodo de personal especializado. Nuestros bomberos y equipos de salvamento actúan con un enorme compromiso humano, pero se encuentran limitados por la falta de herramientas adecuadas. Se del espíritu de servicios de esa familia bomberil; me correspondió estar al frente de ese cuerpo como gobernador y Alcalde Metropolitano de Caracas.

Para responder con la rapidez y eficiencia que exige una tragedia de este calibre, se requiere una gestión pública basada en la transparencia, la descentralización y la confianza mutua. Solo mediante el fortalecimiento de instituciones sólidas, la coordinación técnica y una cooperación internacional abierta y sin barreras ideológicas, es posible centrar la respuesta en lo que de verdad importa: la preservación de la vida. La reconstrucción no será solo un asunto de cemento y ladrillos, sino de la restauración de la excelencia de los servicios públicos nacionales.

La prioridad absoluta en este momento son las víctimas. Hoy no hay espacio para la diatriba política ni para protagonismos, sino para salvar vidas. Toda la solidaridad institucional y civil debe enfocarse en las familias afectadas y en quienes aún esperan noticias de sus seres queridos. Cada minuto cuenta, y toda acción de ayuda debe estar estrictamente centrada en la protección de la gente.