El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro
Denuncian a Maduro ante la justicia de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre 2017 y 2021
Los demandantes sostienen que existió un patrón continuado de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y eliminación física de personas consideradas sospechosas o incómodas para el régimen
Un grupo de víctimas venezolanas y familiares de personas fallecidas durante operaciones de las fuerzas de seguridad chavistas ha presentado una denuncia ante un tribunal federal de Estados Unidos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2017 y 2021. La acción judicial sostiene que dichas actuaciones formaron parte de una política sistemática de represión impulsada desde las más altas instancias del régimen chavista.
La demanda, interpuesta al amparo de la legislación estadounidense que permite reclamar responsabilidades civiles por graves violaciones de derechos humanos, identifica a Maduro como máximo responsable político y de mando de organismos de seguridad señalados durante años por organizaciones internacionales. Los denunciantes aseguran que las víctimas fueron ejecutadas en operativos desarrollados principalmente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros cuerpos policiales, que posteriormente presentaban las muertes como supuestos enfrentamientos con delincuentes.
Según la documentación aportada, estas ejecuciones se produjeron durante algunos de los años de mayor represión y convulsión política en Venezuela, coincidiendo con las protestas antigubernamentales y con el endurecimiento de la opresión contra la oposición. Los demandantes sostienen que existió un patrón continuado de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y eliminación física de personas consideradas sospechosas o incómodas para el régimen.
Las acusaciones coinciden con las conclusiones alcanzadas en distintos informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que durante los últimos años han documentado miles de muertes atribuidas a cuerpos de seguridad venezolanos y han advertido de posibles crímenes de lesa humanidad. La investigación abierta por la Corte Penal Internacional sobre la situación de Venezuela también mantiene entre sus principales líneas de trabajo las denuncias relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política.
La presentación de esta denuncia supone un nuevo frente judicial para el dictador venezolano en Estados Unidos, donde ya afronta otros procedimientos relacionados con delitos de narcotráfico y crimen organizado.