Se acelera la ruta: Venezuela va a elecciones

A comienzos de esta misma semana, en las proyecciones de numerosos periodistas y analistas de la política venezolana, predominaba la idea de que la sucesión de dos terremotos y sus devastadoras consecuencias le servirían a la dictadura para alargar su permanencia ilegal e ilegítima en el poder. De hecho, ese era su propósito y contaban con que lograrían mantenerse en el poder dos o tres años más, cuando menos.

Conviene detenerse en el asunto del colapso de las ayudas y los servicios públicos, que ahora mismo padecen las familias en varias zonas del país, pero de forma extendida y extrema, a lo largo de la franja de la región al norte de Caracas, que históricamente hemos conocido como Estado Vargas.

Quiero repetir aquí lo que desde El Nacional hemos afirmado cada minuto desde el 24 de junio: la destrucción sobrepasa lo que cualquier lector puede imaginar, por muchas imágenes y videos que haya visto, por muchos testimonios que haya leído.

La Guaira/Vargas es ahora mismo mucho peor que una zona en estado de guerra. Hay miles y miles de familias sobreviviendo en las calles; las labores de levantamiento de escombros y búsqueda de cadáveres están casi paralizadas; hay bandas delictivas actuando con absoluta impunidad; las unidades militares o policiales que han ocupado la zona se mantienen concentradas en robar todo cuanto sea posible en los escombros; no hay maquinarias, ni los recursos necesarios para avanzar con las tareas de remoción más urgentes; no se ha logrado sistematizar la distribución de agua, alimentos y medicamentos; los sobrevivientes, que duermen en aceras, plazas y en cualquier rincón disponible, no disponen de baños ni de sistemas de excretas, lo que, combinado con los olores provenientes de la descomposición de los cadáveres bajo los escombros, produce una atmósfera casi irrespirable y proclive a las enfermedades. Se trata, perdonen mi insistencia, de una tragedia de dimensiones simplemente descomunales.

Y es justo por ello que las decisiones encaminadas a la recuperación de los poderes públicos, y las decisiones para avanzar con presteza hacia un proceso electoral, son absolutamente urgentes. Imprescindibles. No pueden y no deben esperar.

Han transcurrido más de tres semanas desde la irrupción de los terremotos y todavía no hay ni un solo sistema de atención a las emergencias que funcione fluidamente. Los pocos recursos habilitados (lo que se había salvado del pillaje) han sido destinados al uso exclusivo de militares, políticos del régimen y enchufados, es decir, para acentuar en medio de la atroz emergencia, el modelo de exclusión de la mayoría y de privilegios de unos pocos, que es el signo concreto del poder venezolano desde 1999.

En medio de esta debacle del Gobierno, un fenómeno tiene que ser destacado: el torrente de ayuda internacional que ha llegado a Venezuela de casi 60 países. De ella proviene el alivio que ha alcanzado a una parte de las víctimas y a sus familiares. Esa ayuda no solo ha sido financiera o de bienes como medicamentos, alimentos y equipos de diverso tipo, sino también en la apreciable forma de profesionales: médicos, paramédicos, rescatistas, expertos en gestión de crisis, ingenieros, arquitectos y otros muchos profesionales afines.

Es ante este estado de cosas que la administración Trump ha reaccionado de forma tajante y ha ordenado poner en movimiento una agenda política que, aunque contiene múltiples asuntos, tiene al proceso electoral en el centro de sus objetivos. El comunicado emitido por la diputada Dinorah Figuera fue retuiteado por el secretario de Estado, Marcos Rubio, lo que no deja lugar a dudas: ir a las elecciones no es solo un objetivo de la oposición democrática encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sino también del Gobierno de Estados Unidos.

¿Puede calificarse este hecho como un cambio en la posición de Estados Unidos o es una ratificación del plan preexistente, al que se le ha inyectado ahora un acelerador? Es lo segundo. Avanzar hacia las elecciones siempre ocupó un lugar en la visión de Estados Unidos de la Venezuela post-Maduro, solo que las evidencias de la podredumbre del régimen, que se han hecho todavía más visibles y rotundas después del terremoto, han impuesto la necesidad de darle una jerarquía más alta y una prioridad inmediata en el tiempo. Esto significa un cronograma que debe ser ejecutado sin demoras, cuyo punto culminante debe ser la designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, en muy corto plazo.

Ahora mismo están corriendo las horas, que no deben ser desaprovechadas por la oposición. La designación de los diez representantes de la oposición (diputados a la Asamblea Nacional 2015), que participarán en las reuniones con los diez representantes de la dictadura, a partir del 1 de agosto, es solo un aspecto de la cuestión.

Lo crucial, en el seno de la oposición democrática, es establecer un mecanismo eficiente para incorporar los criterios y opiniones de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a la agenda de la oposición democrática. Entre el 2015 y el 2026, la política venezolana ha sufrido cambios determinantes, que no pueden ser desconocidos. La representación opositora debe ser vocera de la mejor sumatoria posible: de la Asamblea Nacional 2015, de la Plataforma Unitaria y los sectores democráticos independientes de la sociedad venezolana.