Prisioneros etíopes en el corredor de la muerte en Arabia Saudí claman por ayuda y denuncian abusos

Habtom –nombre ficticio usado para proteger su identidad–, originario de la región de Tigré, expresó desde su celda en una llamada al medio británico BBC su enfado tras ser ignorado por su gobierno.

El condenado lleva más de tres años recluido en una cárcel de la ciudad de Jamis Mushait. Él, y otros compañeros de prisión, habría huido de la guerra y pobreza de sus países de origen. Atravesó Yibuti y Yemen hasta llegar a Arabia Saudí, donde sería encarcelado por delitos de narcotráfico.

El medio BBC ha podido hablar con al rededor de 200 etíopes con historias similares.

Habtom y varias personas más originarias de la región de Tigré han sido condenadas por contrabando de drogas. En Arabia Saudí, a discreción del juez, un veredicto de culpabilidad puede conllevar la pena de muerte.

Varias ONG y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, han denunciado las irregularidades de estos procesos judiciales.

Las traducciones pueden llegar a ser inadecuadas y aunque existe el derecho a apelar a un abogado, solo se les permite presentar dicha apelación con un abogado, «y entonces la sentencia se confirma automáticamente» según explica Amnistía Internacional.

Habtom corroboró que no se le dio la oportunidad de hablar con un abogado ni de defenderse a sí mismo. Tuvo que firmar un documento en árabe en el que aceptaba la sentencia, sin comprender el idioma o un traductor.

El condenado pudo mantener contacto con su familia gracias a un teléfono instalado en la celda. Confesó que no les ha dicho que estaba en el corredor de la muerte. «Prefiero que se lo digan después de mi fallecimiento que ahora».

Sus sueños de terminar la secundaria y empezar la universidad se vieron frustrados por la guerra en la región de Tigré. Tras emigrar encontró un trabajo mal pagado como pastor de cabras en Arabia Saudí. Su jefe le ofreció a él y a otros la posibilidad de ganar más dinero entregando un paquete. La policía les detuvo por el camino y descubrieron que el paquete contenía un estimulante natural conocido como Qat.

Habtom reconoció que no sabían lo que llevaban, él solo aceptó el trabajo por la suma de dinero. Antes del incidente desconocía lo que era el Qat.

Los otros presos con los que habló la cadena británica relataron historias similares.

Human Rights Watch, ONG dedicada a la investigación de los derechos humanos, también estuvo en contacto con varios presos que sufrieron «sentencias masivas, juicios masivos que carecían de cualquier tipo de debido proceso y personas detenidas que simplemente esperaban sin tener idea de cuándo se dictaría la sentencia».

Cada ejecución va acompañada de un comunicado emitido a través de la agencia de prensa oficial en el que se afirma la existencia de una investigación, un juicio, una apelación, un fallo del Tribunal Supremo y un decreto real. En este comunicado se enfatiza el compromiso de proteger a los ciudadanos «del flagelo de las drogas», causa principal por la que son condenados a muerte.

Etíopes, paquistaníes, sudaneses y jordanos

Otros extranjeros como paquistaníes, jordanos o sudaneses se encuentran en una situación similar. En lo que va de año 17 etíopes han sido ejecutados, la cifra más alta entre los no saudíes. Y, según una investigación de Amnistía Internacional, en 2025 35 etíopes fueron condenados a muerte y dos ejecutados.

Se cree que el repunte de condenados procedentes de Etiopía se debe al al aumento de personas que abandonan la región de Tigré, donde una mortal guerra civil de dos años terminó en 2022.

«También podría estar relacionado con el uso cada vez mayor de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas en Arabia Saudita en los últimos años», declaró a la BBC Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional.

La respuesta de Etiopía

La situación forzó a que se celebrase una reunión en la capital de Etiopía, Adís Abeba, en mayo, entre el ministro de Asuntos Exteriores etíope, Gedion Timothewos, y el viceministro de Asuntos Exteriores saudí, Walid al Juraiji.

En junio, la embajadora de Etiopía, Tafa Tulu Dadi, visitó la cárcel. Según el testimonio de los presos, no les dieron suficiente tiempo para explicarles su situación. La visita no fue fructífera ya que a la semana siguiente se ejecutaron a más etíopes.

Sin referirse específicamente a la pena de muerte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía emitió un comunicado el 13 de julio donde afirmaba estar en contacto con las autoridades saudíes «en busca de soluciones adecuadas para los ciudadanos etíopes que se enfrentan a circunstancias difíciles».