Una viuda británica recibe la orden de abandonar Suecia por el Brexit después de haber vivido allí durante 21 años

Joyce Thomas, una viuda británica de 78 años, ha vivido en Suecia durante dos décadas. Las autoridades le comunicaron que su solicitud de residencia posterior al Brexit se había presentado demasiado tarde. Ahora, tras la amenaza de deportación, ha llevado el caso al Supremo sueco.

A la viuda –enfermera jubilada– le dieron tan solo cuatro semanas para abandonar Suecia, tres años después de la muerte de su marido.

La británica de origen se siente abrumada por abandonar el país donde sus hijos, nietos y la tumba de su marido se encuentran. «No soy joven, y la idea de tener que venir para visitar a mi hijo y a mis nietos, y para visitar la tumba de mi marido aquí… es simplemente horrible cuando te sientas a asimilarlo todo» confesó al medio sueco NWT.

«No tengo antecedentes penales, ni multas de tráfico, nada. Y he vivido aquí con mis propios recursos. Simplemente creo que nadie ha investigado este asunto. Si fuera su familia o su madre, no querrían que estuvieran en esta situación» aclaró Thomas.

Fue en 2022, durante un viaje al Reino Unido, que tanto Joyce como su marido –que fallecería en 2023 a causa de un cáncer– se enteraron de que debían haber presentado una solicitud formal para permanecer en Suecia después del Brexit.

Thomas afirmó que su marido había seguido las noticias relevantes para los británicos en Suecia y se había hecho cargo de toda la administración del hogar. Ella segura de que su marido habría presentado la solicitud de haberlo sabido.

Su solicitud fue rechazada en 2024 por no contar con «motivos razonables» para presentarla fuera de plazo. Después, presentó una solicitud para permanecer en el país bajo las leyes de inmigración suecas, pero también fue rechazada.

Un portavoz de la autoridad de inmigración sueca, Migrationsverket, declaró: «En circunstancias excepcionales, aún es posible presentar una solicitud fuera de plazo. El solicitante debe explicar por escrito por qué no pudo presentarla dentro del plazo establecido. El simple hecho de alegar desconocimiento del requisito de solicitud no se considera una explicación suficiente».

Ahora, con la ayuda de abogados voluntarios, está llevando el caso a un tribunal superior.

Peter Kyle, miembro del Parlamento del Reino Unido declaró al periódico inglés The Guardian que «si bien las decisiones sobre inmigración en Suecia son competencia de las autoridades suecas, siempre he creído que los derechos de los ciudadanos británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes del Brexit deben ser tratados con justicia y compasión». «Espero que las autoridades consideren detenidamente todas las circunstancias del caso de la Sra. Thomas, incluyendo su larga residencia en Suecia, sus vínculos familiares y los factores humanitarios involucrados».

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico también mostró su preocupación por el caso de Thomas y casos similares de británicos deportados de Suecia tras el Brexit.

Deportaciones tras el Brexit

Al rededor de unos 2.500 británicos se han visto obligados a abandonar el país escandinavo tras el Bréxit. Esto ocurre dos años después de que Suecia amenazara con la deportación a una mujer con demencia que vivía en una residencia de ancianos poco antes de su fallecimiento.

Suecia registra el mayor número de deportaciones post-Brexit de la Unión Europea (UE), según los datos de Eurostat.

El Gobierno británico opina que Suecia está adoptando un enfoque considerablemente más estricto que otros países, teniendo en cuenta que el artículo 18 del acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido permite presentar solicitudes tardías por motivos justificados.

Casi 4.000 solicitudes de residencia en Suecia tras el Brexit fueron rechazadas de las 14.200 presentadas, según el informe anual de la Comisión Europea. Mientras, otros países como Bulgaria –que cuenta con un número mayor de solicitudes– rechazó solo a cinco personas.

La tasa de rechazo de Suecia –27,5 %– es tres veces superior a la de cualquier otro Estado miembro de la UE –3 % y 4 %–.