Jordan Bardella (centro), presidente del partido francés Agrupación Nacional (RN)
Bardella advierte que las imágenes de Ceuta «serán el futuro de Europa si no controlamos las fronteras»
«La inmigración se ha convertido en un arma diplomática utilizada por Estados extranjeros para hacer presión sobre las naciones europeas», señaló
Jordan Bardella, brazo derecho de la líder conservadora francesa, Marine Le Pen, advirtió este sábado de que las imágenes del aluvión de inmigrantes que llegaron a Ceuta «serán el futuro de Europa si no tomamos el control de nuestras fronteras».
Bardella, que aspira a convertirse en primer ministro si Le Pen gana las elecciones presidenciales de la próxima primavera, estableció una comparación entre lo ocurrido en la frontera de Ceuta con Marruecos y en la de Polonia con Bielorrusia, durante una larga entrevista al canal BFMTV.
«La inmigración se ha convertido en un arma diplomática utilizada por Estados extranjeros para hacer presión sobre las naciones europeas», señaló, dando a entender que Marruecos pudo haber utilizado a esos inmigrantes como Bielorrusia los había instrumentalizado contra la Unión Europea en la frontera polaca.
El presidente de la Agrupación Nacional (RN), de 30 años, reiteró que si Le Pen gana los comicios presidenciales, su intención es organizar inmediatamente elecciones legislativas y, simultáneamente, «un referéndum sobre la inmigración» para «permitir que el pueblo francés recupere el control de la inmigración».
En ese referéndum se sometería a los franceses un proyecto de ley que incluiría «la supresión del derecho del suelo», que permite a todos los extranjeros nacidos en Francia adquirir la nacionalidad francesa a su mayoría de edad de forma casi automática, pero también la expulsión «automática» de los extranjeros delincuentes o restringir muchas de las ayudas sociales «a los franceses».
A su juicio, ese giro en la política migratoria está justificada porque «se han superado todos los límites», porque «la inmigración desequilibra los grandes equilibrios de la sociedad francesa, amenaza nuestra seguridad, amenaza nuestras cuentas públicas».
A ese último respecto, justificó las medidas de preferencia nacional señalando que de las 500.000 personas que llegan del extranjero y se instalan de forma legal en Francia, sólo 50.000 lo hacen con un contrato de trabajo. De lo que dedujo que «los otros 450.000 se quedan a la carga del contribuyente francés».
