Ceuta: la factura final de Sánchez

Han corrido ríos de tinta sobre la invasión migratoria de Ceuta. Sobre las miles de personas que atravesaron nuestra frontera, sobre los muertos, sobre las redes sociales, sobre las mafias y sobre el monumental agujero de seguridad que permitió que decenas de miles de personas aparecieran prácticamente de golpe en una ciudad de 83.000 habitantes.

Y, un mes después, seguimos discutiendo si el Gobierno fue advertido. Los tirones de pelo entre Bolaños, Marlaska y Robles son más divertidos que una noche de UFC. Pero esa conversación no es lo que más me interesa.

Me destornillo escuchando a algunos comentaristas patrios indignados porque Estados Unidos o Israel supuestamente conocían lo que iba a ocurrir y no avisaron a España.

Primero, porque no hay hasta ahora evidencia pública seria de que Washington o Jerusalén conocieran anticipadamente la dimensión de la avalancha y decidieran deliberadamente ocultársela a Madrid. Y segundo porque, aun dejando eso de lado, me nace una pregunta: ¿qué esperábamos?

La política exterior no es un mitin

Durante años, Pedro Sánchez ha utilizado las relaciones internacionales como prolongación de la política doméstica. Estados Unidos, Israel, Marruecos, Venezuela, China o Irán no son decorados sobre los que proyectar mensajes destinados al electorado español y, en algunos casos, a desarrollar negocios turbios.

Y eso funciona estupendamente hasta que necesitas a tus aliados.

Las alianzas internacionales no suelen romperse mediante un acto dramático. Las embajadas siguen abiertas. Los militares continúan hablando. Los funcionarios siguen reuniéndose. Rota continúa en Rota y Morón en Morón.

El deterioro es mucho más silencioso. Un día dejas de ser consultado. Otro no te invitan a determinada reunión. Después, una llamada tarda doce horas más de lo habitual en ser devuelta. Finalmente descubres que el vecino con el que tienes un problema territorial tiene mejor acceso que tú a las capitales donde se decide buena parte del futuro de ese problema.

España mantiene, por supuesto, una relación institucional profundísima con Estados Unidos. Sería absurdo afirmar lo contrario. De hecho, el propio Gobierno de Sánchez amplió durante la Administración Biden el despliegue naval norteamericano en Rota. Pero, precisamente por eso, el daño que ha causado su Sanchidad es más sutil: no ha desmontado las tuberías de la relación; ha contaminado el agua que circula por ellas.

El viejo antiamericanismo español

El problema tampoco empezó ayer. La relación militar con Estados Unidos precede incluso a nuestra democracia: los Pactos de Madrid se remontan a 1953. España entró en la OTAN en 1982 y el actual Convenio de Cooperación para la Defensa procede de 1988. Durante décadas, gobiernos socialistas y populares fueron construyendo una relación estratégica que sobrevivió a Reagan, Felipe González, Bush, Clinton, Aznar, Obama y Rajoy.

La primera grieta pública importante de nuestra etapa moderna llegó con José Luis Rodríguez Zapatero. Antes siquiera de llegar a La Moncloa, en 2003, permaneció sentado al paso de la bandera estadounidense durante el desfile del 12 de octubre para protestar por Irak. Después retiró las tropas españolas de aquel país sin siquiera dar preaviso, y a pesar de que esas tropas estaban en Irak bajo mandato de la ONU.

Lo segundo era perfectamente legítimo si se hubiera hecho correctamente. Un Gobierno soberano puede considerar equivocada una guerra y negarse a participar en ella. Pero la política gestual destinada a la parroquia doméstica fue un error que todavía estamos pagando.

Estados Unidos ya no importa por lo que haga. Importa porque es Estados Unidos

Ahí reaparecía un antiamericanismo muy antiguo de determinada izquierda española, comprensible quizá durante el franquismo por el apoyo que Washington dio entonces al régimen, pero convertido medio siglo después en una especie de tic ideológico. Estados Unidos ya no importa por lo que haga. Importa porque es Estados Unidos.

Sánchez ha heredado esa tradición y la ha llevado bastante más lejos. El choque sobre el gasto de defensa ha aislado a España dentro de la OTAN. En La Haya, los aliados acordaron caminar hacia un 5 % del PIB entre defensa estricta y seguridad relacionada; Sánchez sostuvo que España podía cumplir sus compromisos con aproximadamente el 2,1 % a pesar de haber suscrito el mismo documento que nuestros socios. Su excentricidad casi nos cuesta una guerra comercial con Estados Unidos.

Después llegó Irán. España prohibió que Rota y Morón fueran utilizados para operaciones estadounidenses contra Teherán y, posteriormente, cerró también su espacio aéreo a aeronaves participantes en aquellas operaciones. Era jurídicamente posible hacerlo. Otra cosa es fingir después que esas decisiones no tienen consecuencias políticas.

Los países soberanos pueden decir «no» a Washington. Pero los adultos –que parece no son muchos en nuestro Ejecutivo– entienden que Washington también puede decir «no» después.

Israel y el peligro de las palabras

Con Israel hemos avanzado todavía más en el despeñadero.

Se puede criticar durísimamente a Netanyahu. Yo lo he hecho. Se puede considerar desproporcionada la campaña de Gaza, rechazar determinadas actuaciones en Cisjordania o considerar suicidas las aspiraciones territoriales de una parte del Gobierno israelí.

Pero las palabras importan.

España ha reconocido unilateralmente al Estado palestino, ha impuesto restricciones al tránsito de armamento destinado a Israel y terminó retirando permanentemente a su embajador en marzo.

Y Sánchez ha convertido además la acusación de genocidio en parte central de su vocabulario político.

No todo crítico de Israel es antisemita. Pretenderlo sería tan estúpido como sostener que todo crítico de Sánchez es fascista. Pero tampoco todo antiisraelismo está libre de antisemitismo.

Cuando se utiliza hasta la saciedad contra el único Estado judío del mundo un lenguaje, una intensidad moral y unos criterios que rara vez aplicamos a China con los uigures, a Irán, a Siria, a Sudán o a cualquier otro conflicto contemporáneo, es perfectamente legítimo preguntarse si bajo esa obsesión no asoma ocasionalmente uno de los prejuicios más antiguos de Europa.

Y, sobre todo, un Gobierno responsable debería distinguir entre una acusación política y una calificación jurídica. El genocidio de Gaza debe de ser el primer caso en la historia en el cual un pueblo –el gazatí– sometido a genocidio ha visto crecer su población durante el mismo período.

Se puede condenar una guerra sin prostituir el diccionario. Pero aquí su Sanchidad se parece muchísimo al invicto general. Todo es un complot judeo-masónico. En el caso de Sánchez, judeo-tecno-extrema derecha.

Mientras Madrid sermoneaba, Rabat hacía amigos

Y aquí llegamos a Ceuta.

Mientras nuestro Gobierno dedicaba una cantidad considerable de energía diplomática a enfrentarse con Washington y Jerusalén, Mohamed VI hacía exactamente lo contrario.

Marruecos normalizó sus relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham promovidos por Trump. A cambio consiguió algo que Rabat llevaba décadas persiguiendo: el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Israel hizo lo propio en 2023. Desde entonces, las relaciones militares, económicas y de Inteligencia entre Rabat, Washington y Jerusalén no han hecho sino profundizarse.

No hace falta ninguna conspiración para entender el problema. Marruecos ha tejido durante años relaciones privilegiadas con los dos aliados exteriores que mayor capacidad tienen para condicionar su comportamiento. España ha hecho exactamente lo contrario.

En eso debería consistir la política exterior de un país que se respete a sí mismo. No consiste en saber quién gana en una tertulia de La Sexta. Consiste en acumular influencia para utilizarla el día que hace falta.

Mohamed VI lo ha entendido perfectamente. Pedro Sánchez, aparentemente, no.

La factura siempre llega

Ceuta no demuestra que Estados Unidos o Israel conspiraran contra España. Tampoco sabemos todavía hasta qué punto Rabat organizó la avalancha, la facilitó conscientemente o simplemente permitió que una movilización inicialmente espontánea creciera hasta volverse incontrolable. Hay indicios preocupantes, incluso informaciones sobre presencia de agentes marroquíes entre los grupos. Pero no está demostrado todo lo que algunos ya presentan como certeza.

No necesitamos exagerar. Lo demostrado ya es suficientemente grave. España ha perdido peso en las capitales relevantes precisamente cuando Marruecos lo ganaba.

Y esa es quizá la mayor irresponsabilidad de Sánchez. Ha tratado la política exterior como si cada salida de tono fuera gratis. Un instrumento para recoger unos votos aquí, satisfacer a Sumar allá y ofrecerle a su parroquia un enemigo extranjero contra el que indignarse durante cuarenta y ocho horas.

Pero las alianzas son como los seguros: parecen un gasto inútil mientras la casa no arde.

Ahora Ceuta arde.

Al que venga después le corresponderá reconstruir relaciones que tardaron décadas en tejerse y apenas unos años en pudrirse. Tendrá que recuperar la confianza en Washington y en Bruselas, normalizar una relación adulta con Israel, recomponer nuestra posición en la OTAN y recordarle a Marruecos algo elemental: la amistad con España tiene ventajas. La hostilidad, costes.

Se puede cambiar de ministro en una tarde.

No se puede recuperar a un aliado el día después de descubrir que lo necesitas.

Mohamed VI cobró influencia. Sánchez cobró el aplauso. España, como siempre, va a pagar la factura.