El voto por correo en EE.UU. en el centro de la disputa: ¿qué está en juego ante las elecciones de noviembre?

El voto por correo estadounidense no está regido por un sistema nacional único. Las elecciones las organizan principalmente los estados y, por tanto, las condiciones para votar por correo varían mucho de uno a otro.

La batalla que el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene con los estados gobernados por demócratas no se limita a una cuestión técnica sobre el voto por correo. En el fondo plantea una pregunta más importante: ¿Quién tiene autoridad para decidir cómo se vota en Estados Unidos, y hasta dónde puede llegar el Gobierno Federal, en la actualidad la administración Trump, a la hora de imponer condiciones a los estados?

Hay que tener en cuenta además los requisitos de identificación (voter ID) para votar de forma presencial en los centros electorales el día de las elecciones. No tiene que ver directamente con el litigio sobre el voto por correo, pero forma parte del mismo debate sobre seguridad electoral. Además hay que destacar que en Estados Unidos no hay DNI (Documento Nacional de Identidad), sí hay documento estatal y otras diferentes formas de identificación.

¿Hace falta llevar identificación para votar?

Depende del estado. Cada uno fija sus propias normas. La mayoría exige algún tipo de identificación para votar en persona. En cambio, no todos los estados requieren mismas identificaciones, y ni siquiera que tengan una foto. Pueden pedir carné de conducir, documento de identidad estatal o pasaporte.

Otros aceptan documentos adicionales, como un certificado de nacimiento o la tarjeta de la Seguridad Social, que no tienen foto. La tarjeta de inscripción como votante (voter registration card) también puede utilizarse como identificación si se dispone de ella.

¿Se puede votar sin identificación?

En algunos casos, sí. Ciertos estados permiten firmar una declaración jurada que confirme la identidad del votante en lugar de mostrar un documento. Otros estados recurren a la papeleta provisional que se utiliza cuando existe alguna duda sobre que el votante tenga ese derecho en este caso La papeleta se guarda aparte mientras se verifica que el votante pueda ejercer ese derecho.

También hay papeletas provisionales por discrepancias de nombre o dirección. Incluso con una identificación válida, puede ser necesario votar de forma provisional si el nombre o la dirección del documento no coinciden con los del registro electoral.

¿Qué diferencia hay entre ‘absentee voting’ y ‘voting by mail’?

Son términos relacionados, pero no idénticos.

Absentee voting significa, literalmente, voto en ausencia. Tradicionalmente se utilizaba para quienes no podían acudir a su centro electoral el día de las elecciones: militares destinados fuera de su estado, personas que estaban de viaje o votantes con alguna otra razón justificada para no acudir a las urnas.

Voting by mail (o mail-in voting) es el término más amplio: votar mediante una papeleta que se recibe y se devuelve por correo. En algunos estados, prácticamente todos los electores pueden votar así.

¿Estados Unidos tiene un sistema de voto por correo como el español?

No. En España existe un procedimiento de voto por correo regulado dentro de un sistema electoral nacional único. En Estados Unidos, en cambio, las reglas dependen de cada estado: uno puede permitir que prácticamente cualquier votante solicite una papeleta por correo. Otro puede exigir requisitos concretos. Otro establece plazos distintos para solicitarla, enviarla o recibirla.

¿Por qué se ha convertido en una batalla política?

El voto por correo se convirtió en una de las grandes cuestiones de la guerra política estadounidense durante las elecciones de 2020. Entonces, Donald Trump lo cuestionó con especial intensidad y lo vinculó a sus denuncias de fraude electoral. Desde entonces, los republicanos han tendido a reclamar más controles.

El debate se bifurca en dos direcciones: la discusión política y la evidencia sobre fraude. Las acusaciones de un fraude electoral masivo mediante voto por correo no han quedado respaldadas por pruebas de la magnitud que se ha sugerido políticamente. La discusión actual, por tanto, no es simplemente si hay fraude o no hay fraude. También es una disputa sobre seguridad, acceso al voto y reparto de poder constitucional.

¿Qué quiere hacer Trump?

En marzo de 2026, Trump firmó el decreto 14399, sobre la verificación de ciudadanía e integridad en las elecciones federales. Para votar en las elecciones en Estados Unidos, hay que ser ciudadano estadounidense. Uno de sus elementos centrales es que el Servicio Postal (USPS) compruebe que las papeletas que se distribuyen corresponden a votantes incluidos en listas de aquellos que cumplen los requisitos para poder ejercer el derecho al voto, elaboradas con datos de Seguridad Social y otras agencias federales.

En agosto, el Servicio Postal USPS publicó una norma final de desarrollo de esa orden: exige a los estados enviarle listas de los votantes inscritos para votar por correo, usar sobres con un diseño uniforme y códigos de barras revisados federalmente, y prevé que el Servicio Postal devuelva a las autoridades electorales cualquier papeleta que no cumpla esos requisitos, sin entregarla.

La Administración presenta estas medidas como una forma de garantizar la integridad del proceso electoral. Lo polémico es que el Gobierno Federal las impone en un terreno tradicionalmente controlado por los estados.

¿Por qué se oponen los demócratas?

Los estados gobernados por demócratas sostienen que el Gobierno Federal, en este caso la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump, está invadiendo competencias que les corresponden a ellos. Su argumento tiene también una dimensión práctica: cambiar a pocas semanas de las elecciones los sobres, los sistemas informáticos, las listas de votantes y los procedimientos postales puede provocar errores y retrasos.

Los estados advierten de que una papeleta legítima podría quedar sin contabilizar por un problema burocrático, sobre todo si las nuevas exigencias no pueden implantarse a tiempo. Una coalición de más de veinte estados y el Distrito de Columbia (por la capital de Washington) ha vuelto a los tribunales para intentar bloquear la norma.

¿Cuál es el verdadero centro de la polémica?

Hay tres debates distintos:

¿Cómo se garantiza la seguridad del voto? Trump sostiene que las elecciones necesitan controles más estrictos para asegurar que solo voten personas que cumplen los requisitos. Por ello, intenta sacar adelante la reforma electoral para introducir requisitos que se aplican en países europeos.

¿Cómo se evita que los controles dificulten el voto? Los demócratas responden que un sistema excesivamente burocrático puede acabar rechazando votos legítimos.

¿Quién tiene la última palabra? Es la cuestión jurídicamente más importante: ¿puede el presidente, mediante un decreto y el Servicio Postal, modificar aspectos esenciales de cómo los estados administran el voto por correo? Los estados demócratas dicen que no; la Administración sostiene que sí tiene competencias federales para garantizar la integridad del correo electoral.

¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo?

El 24 de agosto, el Tribunal Supremo se pronunció en el caso Trump v. California (junto con el caso paralelo Alabama v. California). La decisión, sin firma (per curiam) y por 6 votos contra 3, respaldando el decreto de Trump. En cambio, no ha dado la razón a Trump de forma completa. La decisión del lunes sí ha sido favorable a Trump, pero no ha resuelto la cuestión de fondo.

La Corte Suprema ha considerado, por un lado, que los estados que habían demandado no habían demostrado un perjuicio concreto que les permitiera mantener el litigio en ese momento. Esto es lo que en el derecho estadounidense se denomina standing, es decir, la legitimación necesaria para acudir a los tribunales. En el Derecho español, se conoce como como legitimación activa (o ius standi).Por otro lado, el Supremo ha considerado que el caso todavía no estaba maduro, lo que se conoce como ripeness. La razón es sencilla: el perjuicio que los estados alegaban todavía era hipotético. El Servicio Postal aún no había terminado de implantar las nuevas reglas. El ordenamiento jurídico español no cuenta con una doctrina del ripeness idéntica con ese nombre en la Constitución, pero aplica equivalentes funcionales estrictos.

En este caso, la Corte, por tanto, viene a decir: cuando las nuevas normas se apliquen realmente y produzcan —si lo hacen— un perjuicio concreto, podrá existir entonces un caso adecuado para que los tribunales decidan sobre su legalidad.

¿Está entonces desbloqueada la orden de Trump?

No completamente. La decisión del Supremo afectó a un determinado litigio presentado por los estados. Existe, además, otro caso diferente presentado por la League of Women Voters of Massachusetts, en el que la jueza federal Indira Talwani, de Boston, había dictado una orden que bloqueaba la aplicación del decreto de Trump. Este segundo caso no está ante el Supremo. De ahí que, tras la decisión de la Corte Suprema, haya quedado una situación jurídicamente compleja: un bloqueo judicial fue levantado, pero otro seguía formalmente en vigor.

El Departamento de Justicia sostiene que la decisión del Supremo elimina la base para mantener ese segundo bloqueo. La organización que presentó la demanda sostiene lo contrario.

¿Qué puede decidir ahora la jueza Talwani?

Tiene varias opciones:

Puede levantar el bloqueo. En ese caso, la Administración Trump tendría vía libre para avanzar con la aplicación de las nuevas reglas, dentro de los límites que establezcan otros tribunales.

Puede mantener la orden judicial existente. Eso impediría que la Administración aplicara la orden ejecutiva mientras continúa el litigio.

Puede sustituir el bloqueo existente por uno nuevo. Ahora que el USPS ha publicado sus reglas definitivas, podría considerar que existe un nuevo fundamento para impedir su aplicación.

También puede tomarse más tiempo para estudiar los argumentos, manteniendo mientras tanto la situación judicial existente.

La Administración Trump ya ha advertido de que podría recurrir ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito si la decisión no le resulta favorable.

De momento, la jueza federal de distrito Indira Talwani, de Massachusetts, emitió una orden de restricción temporal que impide al Gobierno aplicar las nuevas regulaciones del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), apenas unos días antes de que en algunas partes del país deban enviarse las primeras papeletas.

Su orden mantiene las normas, anunciadas por la Administración la semana pasada, suspendidas durante 14 días mientras estudia si debe dictar una medida cautelar de mayor duración.

¿Qué puede cambiar para las elecciones de noviembre?

En las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renueva la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, puede cambiar el procedimiento. Si las reglas se mantienen, los estados tendrán que adaptarse a nuevos requisitos para gestionar el voto por correo, entre ellos: Las listas de electores que reciben papeletas, el diseño de los sobres, los códigos de barras, los procedimientos de intercambio de información entre los estados y el Servicio Postal (USPS) y la forma en que se procesan determinadas papeletas.

¿Puede cambiar el resultado electoral?

Sí, potencialmente, aunque no puede afirmarse que vaya a ocurrir. El punto clave no es que las nuevas normas vayan a cambiar votos de un partido a otro, sino que determinadas papeletas legítimas podrían no llegar a contabilizarse por no cumplir un nuevo requisito técnico o por algún fallo en su procesamiento. En unas elecciones ajustadas, incluso un número relativamente pequeño de votos rechazados podría ser relevante.

¿Qué puede pasar ahora?

Hay tres escenarios básicos:

Los tribunales permiten que las nuevas reglas se mantengan y los estados tienen que adaptarse.

Un tribunal las bloquea total o parcialmente, como ocurrió el pasado jueves 27 de agosto tras la decisión de Indira Talwani.

Se produce una solución intermedia: algunas medidas permanecen y otras quedan suspendidas mientras continúa el litigio.