Bruselas no convence a los nórdicos: ¿por qué Islandia votó «no» a la Unión Europea como hizo Noruega años antes?

A los islandeses su Gobierno les ofreció la Unión Europea como refugio frente a Donald Trump y respondieron dándole más importancia al bacalao que a la geopolítica. El sábado, el 52,8 % votó en contra de reabrir las negociaciones de adhesión (118.040 papeletas frente a 105.399, con una participación del 82,5 %). Sólo las dos circunscripciones de Reikiavik respaldaron la propuesta oficialista. La periferia de la capital, la costa y el interior del país se posicionaron en contra.

Islandia permanece, como Noruega desde 1994, fuera de la Unión pero dentro de su mercado único, que garantiza la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. Es decir, sujeta a normas que no vota ni redacta. El mapa del sábado, con el «sí» concentrado en la capital, se parece al de los dos referendos noruegos, como ambos países son semejantes entre sí. Poco poblados, en los que predominan las rentas altas, y de soberanía reciente: Noruega se separó de Suecia en 1905 e Islandia proclamó la república en 1944, tras casi siete siglos bajo las coronas de Noruega y de Dinamarca.

Para los dos el mar es de alguna manera la patria: entre 1958 y 1976, Islandia ganó sin ejército tres «guerras del bacalao» a la Royal Navy para extender sus aguas hasta las doscientas millas. Ceder las cuotas a Bruselas sería tanto como devolver lo conquistado.

Un «no» de medio siglo

Antes de Islandia, Noruega era la única nación que había rechazado la adhesión en las urnas. Lo hizo dos veces. Oslo solicitó el ingreso en la Comunidad Económica Europea en abril de 1962, un año después que Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, y el veto de Charles de Gaulle a la candidatura británica congeló las cuatro. Cuando la consulta llegó por fin a los noruegos, el 25 de septiembre de 1972, el 53,5 % dijo «no», y el primer ministro laborista, Trygve Bratteli, que había hecho campaña por el «sí», dimitió.

La segunda oportunidad de acceso llegó en 1992 y, el 28 de noviembre de 1994, el 52,2 % votó en contra con una participación del 88,6 %. La alianza de pescadores, agricultores y la periferia del norte que se impuso en 1972 frente al establishment de Oslo volvió a hacerlo veintidós años después.

El camino islandés ha sido más corto y abrupto que el noruego. El Gobierno solicitó el ingreso en julio de 2009, meses después del hundimiento de su banca, y las negociaciones se iniciaron en 2010. Un Gobierno de centroderecha las suspendió en 2013 y, en 2015, Reikiavik comunicó a Bruselas que ya no deseaba ser tratada como candidata.

La consulta era una promesa de Viðreisn, el partido liberal de la coalición de gobierno, que la primera ministra socialdemócrata, Kristrún Frostadóttir, decidió adelantar de 2027 cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistía en la compra de Groenlandia.

La adhesión a la UE se vendió como refugio, pero decidió el mar. El sector supone en torno a un 40 % de las exportaciones de bienes y cerca de un 8 % del PIB, y los partidarios del «no» advirtieron de que la adhesión pondría las aguas islandesas bajo la Política Pesquera Común, donde cuotas y accesos se deciden en común. Frostadóttir ha asumido el resultado sin dimitir, reconociendo que la pesca es para los islandeses «una cuestión emocional».

Legislación comunitaria fuera de la UE

El pacto que es aceptado en la isla, en cambio, es el Espacio Económico Europeo, en vigor desde enero de 1994, que extiende el mercado único a Islandia, Liechtenstein y Noruega. La base de datos EEA-Lex recoge cerca de nueve mil actos jurídicos de la Unión incorporados al acuerdo, y la cifra que más se repite en Reikiavik y en Oslo es que ambos han asumido en torno a tres cuartas partes de la legislación comunitaria.

Ninguna de esas normas, decididas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, dependen de nadie elegido por los tres países en cuestión. El EEE concede, eso sí, un derecho de reserva frente a las normas inaceptables. Noruega lo ha invocado formalmente una vez, en 2011, contra la tercera directiva postal, y lo retiró en 2013 bajo la presión de la Comisión Europea, que puede suspender el acceso al mercado en el sector afectado.

A pesar de no votar, sí aportan. Con las ayudas del EEE y de Noruega para 2021-2028, los tres Estados transfieren 3.268 millones de euros, de los que Oslo aporta en torno al 97 %, a quince socios menos prósperos de la Unión.

La lista de espera que Bruselas no controla del todo

El 30 de enero de 2025, el euroescéptico Partido del Centro abandonó la coalición de Jonas Gahr Støre antes que aceptar tres directivas del cuarto paquete energético de la Unión, para que Noruega recuperase el mando de su política eléctrica. Støre gobernó en solitario hasta las elecciones de septiembre de 2025, que devolvieron el poder a los laboristas y dieron a la derecha soberanista del Partido del Progreso el mejor resultado de su historia.

Varios representantes de la diplomacia comunitaria han declarado en los últimos días confiar en que un socio próspero y fácil de asimilar ayudaría a vender la ampliación a las poblaciones escépticas antes de la entrada de Montenegro, prevista para 2028. En Bruselas hay quien ve la ampliación como una lista de espera en la que la Comisión decide quién entra y cuándo.

A pesar de esa percepción, fueron los noruegos quienes decidieron no entrar, dos veces, como los suizos, que en 1992 rechazaron hasta el Espacio Económico. Sucesivos referendos tumbaron en primera votación el Tratado de Maastricht en Dinamarca; el de Niza y el de Lisboa en Irlanda, y la Constitución europea en Francia y los Países Bajos. Hace una década, en el caso más recordado, los británicos sacaron a su país de la UE. Mucho antes, en 1985, Groenlandia había sido la primera en marcharse, precisamente por la pesca.

En la práctica, ni Noruega ni Islandia pagan cara la defensa de su sector primario. El fondo soberano noruego declaró a finales de junio un valor de 22,68 billones de coronas, unos 2,07 billones de euros, mientras Islandia figura entre los Estados del mundo con rentas más altas por habitante. Ambos permanecen en la OTAN, en Schengen y en el mercado único. Lo que sus ciudadanos han rechazado, ante el aplauso de los líderes soberanistas europeos, es una unión política más devenida en burocracia que traducida en bienestar.