No se puede poner el carro delante de los caballos en Venezuela

La urgencia por reactivar el aparato productivo de Venezuela y reincorporar a nuestro país a los mercados energéticos internacionales ha abierto un debate que algunos pretenden orientar en una dirección equivocada. Se intenta instalar la idea de que la economía debe ir primero; que la firma de nuevos acuerdos en materia de hidrocarburos, minería y energía generará, por sí sola, la estabilidad necesaria para que, en un futuro indeterminado, pueda abordarse la normalización política de un país sometido durante los últimos 27 años a un régimen autoritario.

Quienes sostienen esa tesis llegan incluso a afirmar, con una ligereza que sorprende, que Venezuela todavía no estaría preparada para volver a las urnas. La realidad, sin embargo, demuestra exactamente lo contrario. La ecuación no es economía primero y democracia después. Es democracia para hacer posible una economía sostenible. No se pueden construir contratos petroleros sólidos, confiables y duraderos sobre los cimientos de la incertidumbre jurídica, la ausencia de controles institucionales y la orfandad del Estado de Derecho. Tampoco puede pretenderse que los grandes capitales internacionales se instalen a largo plazo en un país donde no existen tribunales independientes, donde las reglas pueden cambiar al capricho del poder y donde los derechos de propiedad carecen de garantías efectivas.

La seguridad jurídica no es un lujo que pueda esperar hasta después de la recuperación económica

La seguridad jurídica no es un lujo que pueda esperar hasta después de la recuperación económica. Es una de las condiciones indispensables para que esa recuperación ocurra. Por eso, si queremos que Venezuela vuelva a ser un socio energético confiable, predecible y atractivo para el mundo, debemos comenzar por devolverle la soberanía a sus ciudadanos mediante elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y verificables. Solo el voto popular puede conferir la legitimidad necesaria a un gobierno que tenga la autoridad política y moral para suscribir acuerdos de largo alcance en nombre de la nación.

La legitimidad democrática no es un obstáculo para la inversión. Es su mejor garantía. A partir de ella podremos emprender la gigantesca tarea de restablecer el Estado de Derecho y reconstruir unas instituciones que han sido deliberadamente debilitadas y desmanteladas. Será entonces posible sanear las finanzas públicas, recuperar la confianza internacional, atraer inversiones, diversificar la economía y movilizar el financiamiento necesario para reconstruir la infraestructura nacional. Porque Venezuela no necesita únicamente producir más petróleo. Necesita volver a ser un país donde funcionen los hospitales, donde haya agua potable, electricidad y conectividad, donde las carreteras sean transitables, donde las empresas puedan trabajar sin someterse a arbitrariedades y donde el ciudadano pueda vivir sin depender de la voluntad de un funcionario.

La riqueza del subsuelo no puede convertirse en una excusa para mantener en la superficie las mismas estructuras políticas que destruyeron al país. Y hay otra razón fundamental para no equivocarnos en el orden de las prioridades: Venezuela no se reconstruirá plenamente mientras sus familias sigan separadas por el exilio y la diáspora. La estabilidad, la prosperidad y las oportunidades que nacen de una democracia verdadera serán el gran imán capaz de propiciar el reencuentro de millones de venezolanos dispersos por los cinco continentes.

No podemos, por tanto, pretender que la democracia aparezca por carambola como un efecto secundario de una negociación económica. La libertad no es el residuo que queda después de repartir contratos. El Estado de Derecho no puede ser la letra pequeña de un acuerdo petrolero. Y la soberanía popular no puede quedar relegada a una nota al pie de los convenios suscritos sobre nuestros recursos naturales. La democracia no puede ser la moneda de cambio de la recuperación económica. Es el punto de partida que le da legitimidad y permanencia.

Aquí conviene hacer una reflexión que parece elemental, pero que algunos prefieren olvidar cuando entran en juego intereses económicos. Imaginemos por un momento que el Gobierno de los Estados Unidos, en lugar de perseguir a Al Capone, hubiese decidido convocarlo para que asesorara al Departamento del Tesoro sobre cómo mejorar la recaudación de impuestos. La indignación habría sido inmediata. Nadie razonablemente aceptaría que un delincuente conocido fuera convertido en autoridad moral o experto institucional precisamente en el área que había vulnerado. Y con razón. El conocimiento de una materia no convierte en legítimo a quien ha violado las reglas que la gobiernan.

Pues bien, el razonamiento debe funcionar también en sentido inverso. No podemos aceptar como principio que, cuando existen intereses económicos de por medio, la naturaleza de quienes participan en determinadas decisiones deje de importar. La rentabilidad de un negocio no purifica las responsabilidades políticas, jurídicas o morales de sus protagonistas. Tampoco la urgencia económica puede convertirse en una lavadora de reputaciones.

No se trata de escoger entre petróleo y democracia; se trata de impedir que el petróleo vuelva a utilizarse contra la democracia

Venezuela necesita inversión, tecnología, capital, mercados y socios internacionales. Los necesita con urgencia. Pero necesita, al mismo tiempo, que esos procesos estén acompañados por instituciones legítimas, transparencia, rendición de cuentas y seguridad jurídica. No se trata de escoger entre petróleo y democracia; se trata de impedir que el petróleo vuelva a utilizarse contra la democracia. Tampoco se trata de cerrar las puertas a quienes quieran contribuir a la reconstrucción nacional. Se trata de establecer reglas claras sobre quiénes pueden ejercer responsabilidades públicas, quiénes pueden administrar recursos del Estado y bajo qué condiciones deben responder ante la justicia quienes tengan responsabilidades pendientes. Una transición democrática no puede construirse sobre la premisa de que todo vale si produce resultados económicos inmediatos. Sería como intentar reconstruir una casa utilizando los mismos materiales defectuosos que provocaron su derrumbe.

La Venezuela que queremos reconstruir debe aprender precisamente de las causas de su destrucción. La ciudadanía venezolana ha luchado por la democracia día tras día. No ha escatimado sacrificios, esfuerzos ni riesgos. Y esa lucha tuvo una expresión inequívoca en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Los venezolanos acudieron a las urnas enfrentándose a un aparato estatal que utilizó todos los resortes del poder, incluidos los mecanismos electorales, mientras millones de ciudadanos votaban bajo la presión de cuerpos armados, colectivos y estructuras de intimidación. Y aun así, el pueblo votó. El resultado que conocimos no fue producto de una concesión del poder. Fue la expresión de una voluntad ciudadana que pretendió ser desconocida. Lo ocurrido después no puede presentarse como una simple irregularidad electoral. Lo que se produjo fue un intento de arrebatarle a los venezolanos la decisión que habían expresado soberanamente en las urnas.

Por eso no es aceptable que ahora se pretenda presentar al pueblo venezolano como una sociedad que todavía necesita ser preparada para ejercer su soberanía. Los venezolanos ya demostraron que están preparados. Lo que necesitamos es solidaridad. Necesitamos condiciones. Condiciones electorales claras. Instituciones confiables. Garantías para todos los participantes. Participación sin exclusiones arbitrarias. Observación internacional profesional e independiente. Un registro electoral confiable. Reglas transparentes. Y, sobre todo, un cronograma público con una fecha cierta para celebrar una elección presidencial verdaderamente libre. Eso es lo que necesita Venezuela para recuperar su legitimidad.

Nadie está proponiendo que el petróleo, el gas y los minerales dejen de producir riqueza mientras se resuelve la crisis institucional. Sería absurdo condenar a la nación a esperar décadas mientras sus recursos permanecen enterrados, improductivos, mientras millones de venezolanos padecen necesidades elementales. Todo lo contrario. Queremos que esos recursos sean explotados. Queremos que Venezuela vuelva a producir. Queremos que vuelva a exportar. Queremos que sus enormes reservas energéticas y minerales contribuyan a financiar la reconstrucción nacional y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero queremos hacerlo bajo el amparo de instituciones legítimas, reglas estables y controles democráticos.

No se trata de mantener el petróleo bajo tierra. Se trata de sacarlo de la tierra sin volver a enterrarnos políticamente como nación. El petróleo puede financiar carreteras, hospitales, escuelas, electricidad, agua, seguridad y oportunidades. Puede ayudar a reconstruir el país. Pero no puede sustituir el Estado de Derecho. Un barril puede generar ingresos; no puede generar legitimidad. Una mina puede producir minerales críticos; no puede producir justicia independiente. Un contrato puede atraer capital; no puede fabricar soberanía popular. Es necesario, por tanto, poner cada cosa en su sitio. Primero, la legitimidad democrática. Después, la reconstrucción institucional. Y sobre esa base, la seguridad jurídica, la inversión, la recuperación productiva y el desarrollo energético.

No porque la economía pueda esperar, sino porque la economía no puede sostenerse indefinidamente sobre un sistema político ilegítimo e instituciones frágiles. Poner el carro delante de los caballos nunca ha funcionado. Venezuela necesita recuperar el rumbo democrático para recuperar también el rumbo económico. Necesita reconciliar soberanía y desarrollo, libertad e inversión, justicia y prosperidad. Si hacemos las cosas en el orden correcto, los grandes acuerdos energéticos no tendrán que ser impuestos como sustitutos de la democracia: serán instrumentos de una democracia que los respalde, los supervise y los ponga al servicio de la nación. Entonces sí podremos convertir nuestros recursos naturales en motores de reconstrucción. Entonces sí podremos ofrecer al mundo una Venezuela confiable. Entonces sí podremos recuperar lo que durante tantos años nos han arrebatado: la libertad, las instituciones, la prosperidad y el derecho de los venezolanos a decidir su propio destino.

Abrahán Lincoln, en su primer mensaje al Congreso de EEUU en 1861, invirtió la vieja premisa maquiavélica de que «la fuerza hace el derecho», descartando que el poder militar o financiero dicta lo que es correcto. Argumentó Lincoln, con firmeza, que «ningún acuerdo legal, político o económico puede justificarse únicamente por su conveniencia, rentabilidad o fuerza material si carece de una base moral legítima»