Nueve estados llevan a Trump a los tribunales por pagar para cancelar proyectos eólicos

Los fiscales generales de nueve estados de Estados Unidos han llevado a la Administración de Donald Trump ante los tribunales por los acuerdos alcanzados por el Gobierno federal para cancelar proyectos de energía eólica marina a cambio de millonarios pagos a las empresas promotoras.

Nueva York encabeza una de las demandas, respaldada por los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont. Los ocho estados pretenden bloquear dos acuerdos mediante los que la Administración Trump entregaría unos 1.400 millones de dólares de fondos públicos a las compañías Bluepoint Wind e Invenergy a cambio de la cancelación de cuatro proyectos eólicos marinos.

Al mismo tiempo, California ha presentado su propia demanda contra el Gobierno federal y contra Invenergy para tratar de impedir el acuerdo por el que Washington pagará más de 111 millones de dólares a la compañía para que abandone su contrato de arrendamiento en el área eólica de Morro Bay, frente a la costa central del estado.

Acuerdos millonarios

El pacto de Morro Bay fue anunciado en junio por el Departamento del Interior. Según la demanda presentada por California, el acuerdo contempla además que empresas vinculadas a Invenergy destinen una cantidad equivalente a proyectos de combustibles fósiles o de energía geotérmica fuera del estado.

California sostiene que el acuerdo vulnera varias leyes federales y reclama que sea anulado. Es la segunda demanda presentada por el estado contra las medidas de la Administración Trump relacionadas con el desarrollo de energía eólica marina en Morro Bay.

En el caso de Nueva York, los dos acuerdos cuestionados afectan a proyectos que estaban previstos frente a las costas de Nueva York y Nueva Jersey. Según las autoridades estatales, las iniciativas habrían supuesto una inversión superior a 16.000 millones de dólares y la creación de más de 2.800 empleos en Nueva York.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, acusó a la Administración Trump de utilizar fondos públicos para que las empresas abandonen proyectos eólicos ya planificados.

La Casa Blanca ha convertido el freno al desarrollo de la energía eólica marina en una de sus líneas de actuación dentro de su política energética, mientras impulsa una mayor explotación de combustibles fósiles. Los acuerdos para retirar proyectos mediante compensaciones económicas se han convertido así en una alternativa a los intentos anteriores de la Administración de paralizar estas iniciativas mediante órdenes ejecutivas, algunas de las cuales fueron posteriormente impugnadas ante los tribunales.

Los nuevos litigios se suman a otros acuerdos alcanzados por el Ejecutivo. A comienzos de agosto, la Administración Trump pactó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore para que renunciara a tres contratos de arrendamiento para proyectos eólicos marinos frente a las costas de California, Nueva York y Luisiana. En total, la Administración ha comprometido más de 4.000 millones de dólares en acuerdos para que promotores abandonen distintos proyectos de energía eólica marina.