El paripé de la Asamblea General

Como cada septiembre, Nueva York se ha convertido esta semana en la capital del planeta. Cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno han acudido a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas para participar en ese extraordinario ritual diplomático donde enemigos se cruzan en ascensores, dictadores hablan de derechos humanos y mandatarios que se insultan durante once meses comparten un canapé durante una semana.

Turtle Bay se paraliza. Los hoteles y los restaurantes hacen su particular agosto. Dictadorzuelos se gastan lo que sus países no tienen. (La suite de Delcy Rodríguez costaba más de 15.000 dólares la noche). El espectáculo invita a la caricatura. El problema es que detrás del paripé existe una institución demasiado importante para tomársela a broma.

Porque Naciones Unidas cumple 81 años enfrentándose a una paradoja: pocas organizaciones internacionales parecen tan desprestigiadas y, al mismo tiempo, resultaría difícil imaginar un mundo completamente privado de un foro donde 193 Estados —amigos, enemigos, democracias y autocracias— puedan seguir hablándose. El problema, por tanto, no es necesariamente que exista la ONU. Es en como ha mutado.

De San Francisco a los 4.000 mandatos

Aquí conviene no hacer trampas históricas como hacen los detractores. La Carta de San Francisco de 1945 no creó exclusivamente una organización para impedir guerras. Además de mantener la paz y la seguridad internacionales, su artículo 1 incluyó expresamente la cooperación para resolver problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios y promover los derechos humanos.

Pero una cosa es ese mandato relativamente amplio y otra el crecimiento institucional acumulado durante ocho décadas.

El propio secretario general reconoce ahora el problema. La iniciativa UN80 ha descubierto que la propuesta presupuestaria para 2026 citaba alrededor de 4.000 mandatos, muchos ejecutados simultáneamente por diferentes entidades. Naciones Unidas reconoce duplicidades, fragmentación, misiones obsoletas y mecanismos deficientes para determinar cuándo una tarea debe desaparecer.

Ahí está el verdadero debate.

No si los derechos humanos, el desarrollo o la ayuda humanitaria son causas dignas. Evidentemente lo son. La pregunta es distinta: ¿todo problema mundial requiere una agencia permanente, una secretaría, un presupuesto, una conferencia anual y otra subsecretaría adjunta para coordinar a las anteriores? Y sobre todo, debe estar bajo el paraguas de la ONU? Ese es el Leviatán que Naciones Unidas debe discutir.

Cuando una misión se convierte en institución

Las operaciones de paz ofrecen un buen ejemplo.

No todas han fracasado. Algunas han reducido violencia, vigilado fronteras o permitido transiciones políticas. Pero una misión internacional no debería adquirir derecho a la inmortalidad simplemente porque lleve décadas desplegada.

Líbano resulta especialmente ilustrativo. La resolución 1701 pretendía, entre otras cosas, que no hubiera armas ni autoridad al sur del Litani distintas de las del Estado libanés. Sin embargo, en marzo de este mismo año la propia ONU seguía documentando lanzamientos de Hezbolá desde el área de operaciones y la presencia de armas y personal armado no autorizado. El Consejo de Seguridad decidió finalmente que UNIFIL termine sus operaciones el 31 de diciembre de 2026 y complete su retirada durante 2027. Puede discutirse durante horas cuánto de ese fracaso corresponde a UNIFIL, cuánto al Gobierno libanés, cuánto a Hezbolá y cuánto a Israel. Pero precisamente eso demuestra que las misiones deben evaluarse por resultados y no renovarse automáticamente por inercia administrativa.

El problema UNRWA

Caso aparte es UNRWA. Israel acusó a empleados de la agencia de participar en la matanza del 7 de octubre. La investigación interna de Naciones Unidas examinó 19 casos. En diez no encontró evidencia suficiente; respecto de otros nueve concluyó que la información disponible, si era autenticada y corroborada, podía indicar participación. Los nueve contratos fueron rescindidos. Pero Israel ha identificado a un centenar de empleados. Los números dan miedo.

El dato corregido no elimina la gravedad del problema. Que una organización humanitaria termine investigando si parte de su propio personal colaboró en una matanza demuestra hasta qué punto la neutralidad institucional necesita controles mucho más serios.

Washington decidió cortar su financiación a UNRWA y dejar de participar en el Consejo de Derechos Humanos. También inició su salida de la UNESCO —que será efectiva a finales de 2026— y en enero de este año ordenó abandonar o dejar de financiar 31 entidades del sistema ONU, entre ellas ONU Mujeres y UNFPA. Se puede estar de acuerdo o no con esa estrategia. Pero ha introducido algo poco habitual en Turtle Bay: control de gasto.

Seguir el dinero

Y aquí llegamos al corazón del asunto.

Cuando hablamos de «presupuesto de Naciones Unidas» solemos mezclar cosas diferentes. El presupuesto ordinario de la ONU para 2026 es de unos 3.450 millones de dólares, mas o menos lo que un ministerio a nivel nacional. Las misiones de paz tienen otro presupuesto separado, de alrededor de 5.100 millones. Después vienen decenas de fondos, programas y agencias financiados en gran medida mediante contribuciones voluntarias. El sistema completo, sin embargo, mueve decenas de miles de millones anuales; en 2024 registró aproximadamente 67.100 millones de dólares de ingresos.

En el presupuesto ordinario, Washington tiene asignado el 22 % y Pekín el 20%. En las misiones de paz, en cambio, sus cuotas para 2026 son aproximadamente el 26,1 % y el 23,8 %. Es decir, ahí sí pagan entre ambos prácticamente la mitad.

Y quien paga ha empezado a hacer cuentas.

La Administración Trump ha condicionado el desembolso de miles de millones en cuotas atrasadas a una serie de reformas: recortes administrativos, reducción de determinados viajes en business, reforma de pensiones, disminución de algunas operaciones de paz y límites a determinadas contribuciones chinas. La lista de salidas no es cosmética: OMS, Consejo de Derechos Humanos, UNESCO, UNFPA, ONU Mujeres y corte de UNRWA.

La ONU no es un gobierno. Es un tratado. Quien no sirve al tratado debe queda fuera

Eso es más fiel a la Carta que cualquier cumbre. La ONU no es un gobierno. Es un tratado. Quien no sirve al tratado debe queda fuera. La propuesta más seria es recentrar la Organización en la paz y la seguridad entre Estados y abandonar el papel duplicado de agencia de desarrollo.

La consecuencia práctica es que no hay que «fortalecer» PNUD, ONU Mujeres o el aparato climático. Hay que preguntar, mandato por mandato, si eso lo tiene que hacer un organismo intergubernamental o un Estado, una ONG o el mercado. La iniciativa UN80 habla de revisar casi 4.000 mandatos. Bien. El criterio no puede ser «impacto en la vida de las personas». El criterio es: ¿está en la Carta del 45 o es activismo con pasaporte diplomático? Muchas de estas causas pueden ser justas y loables. Pero no están en el mandato del 45. El que quiera financiarlas que las financie, pero fuera de la estructura de la ONU.

Naciones Unidas replica, con cierta razón, que un Estado no puede exigir continuamente misiones y después dejar de pagar las cuotas que legalmente le corresponden. Estados Unidos adeudaba en abril más de 4.000 millones entre presupuesto ordinario y operaciones de paz.

Ambas cosas pueden ser ciertas. Una institución puede necesitar reformas profundas y, al mismo tiempo, resultar imposible reformarla provocando deliberadamente su insolvencia.

UN80: cuando hasta la ONU reconoce el problema

Lo interesante es que, como consecuencia de la presión americana, Naciones Unidas ha empezado a reaccionar. Guterres propuso inicialmente reducir el presupuesto ordinario de 2026 un 15,1 % y eliminar 2.681 puestos. La Asamblea General terminó aprobando un presupuesto de 3.450 millones, aproximadamente un 7 % inferior al de 2025 — por primera vez en su historia. El presupuesto de misiones de paz para 2026-27 se redujo posteriormente en unos 550 millones, hasta 5.100 millones, con aproximadamente 1.100 puestos civiles menos.

Es significativo que la propia iniciativa UN80 admita que el statu quo es «insostenible» y haya iniciado una revisión completa del ciclo mediante el que nacen, se ejecutan y eventualmente deberían desaparecer los mandatos. Ese es un paso más útil que otra cumbre sobre cómo reformar las cumbres.

Menos liturgia, más rendición de cuentas

La cuestión decisiva para Naciones Unidas no debería ser ideológica.

Debería ser administrativa y política. Cada organismo tendría que poder explicar qué mandato cumple, quién se lo otorgó, cuánto cuesta, qué resultados obtiene, qué funciones duplica y bajo qué circunstancias desaparecería.

Desideologizar eliminando órganos capturados

La presión americana ya está dando otros resultados. El Consejo de Derechos Humanos con dictaduras en puestos de mando acusando a democracias no se reforma con más pluralidad. Se abandona. UNRWA no se «depura» con otro informe. Se deja de financiar. La Oficina de Derechos Humanos y las comisiones de investigación ad hoc contra un solo Estado no son derecho internacional; son política. El Congreso republicano lo ha puesto por escrito: cero fondos al UNHRC, a la Comisión sobre Israel y a la ACNUDH. Esa es la desideologización real. Lo demás es semántica.

Añádase lo prosaico, que es donde vive la ideología: pensiones de oro, business class por debajo de subsecretario, interpretación humana cuando ya existe IA, y el fondo discrecional del secretario general alimentado por Pekín. Los «nueve quick wins» que Washington ha puesto sobre la mesa en 2026 van a eso. No es glamour. Es fontanería. Y la fontanería es lo único que reduce el margen para promulgar el catecismo globalista.

Las misiones de paz necesitan fecha de caducidad y objetivos mensurables. Los organismos humanitarios, controles de neutralidad extraordinariamente rigurosos. Las agencias técnicas, límites claros entre fijar estándares internacionales e intentar convertirse en reguladores supranacionales. Y las estructuras administrativas deberían someterse a la misma revolución tecnológica que están experimentando las empresas que las financian indirectamente.

Nada de esto exige destruir Naciones Unidas. Exige recordar que la ONU no es un gobierno mundial. Su legitimidad procede de los Estados que firmaron la Carta y de los mandatos que esos Estados aprueban. Cualquier intento de sobrepasar esos límites en una afronta a la misión de la organización y una captura inaceptable. Que, como siempre, suele estar liderada por la izquierda globalista.

La Asamblea General seguirá teniendo valor mientras exista un mundo donde Washington necesita hablar con Pekín, India con Pakistán e Israel con sus vecinos. Precisamente por eso merece algo mejor que convertirse cada septiembre en un gigantesco escenario de discursos, séquitos y buenas intenciones que nunca se implementan.

La ONU necesita demostrar para qué sirve

Una reforma seria se mide con tres preguntas. ¿Reduce el número de cosas que la ONU dice tener derecho a hacer? ¿Devuelve a los Estados lo que nunca debió salir de ellos? ¿Deja de financiar a quien usa el sello azul contra las democracias que lo pagan?

Todo lo demás —más representatividad, más mujer al frente, más clima vinculante— es la ONU del siglo XXI queriendo ser lo que la Carta prohibió ser: un gobierno sin electores, con ideología marxista y la factura a cargo de Occidente. La función original se recupera dejando de firmar cheques a quien lleva 75 años deformando el tratado.