De la FANB a la Federación de Bandas Armadas y Uniformadas

El 3 de enero de 2016 se inscribirá en la historia del siglo XXI venezolano, no solo como el día que Nicolás Maduro y Cilia Flores, jefes del Cartel de los Soles, fueron capturados por comandos militares de Estados Unidos, en una asombrosa operación que dejó estupefactos tanto a los simples observadores como a los expertos en lides semejantes.

Se lo recordará también como la jornada en que una entidad, el elefante verdeoliva cacareado hasta la saciedad por Chávez, Padrino López, Cabello, Maduro y otros delincuentes, como antiimperialista, doctrinal y culturalmente enemigo de Estados Unidos, comparando a Donald Trump con la encarnación del mismísimo diablo, no se enfrentó a su gran némesis. Se lo recordará como el día en que ese elefante verdeoliva llamado Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que la sociedad venezolana asumía como real y activo, no se presentó en la escena. Eludió el campo de batalla. Evitó combatir en un lugar suyo, perfectamente conocido, ubicado en sus propias instalaciones.

Así es que el declarado y más odiado enemigo ingresó al territorio y, salvo un grupo de guardaespaldas que fueron abatidos por la superioridad tecnológica de la fuerza extranjera, el elefante verdeoliva permaneció como simple espectador. Como si el asunto no fuera son ellos. No cumplió con el deber que le dictan la Constitución y las numerosísimas leyes que, con pompa y en desfiles, lo definen como el responsable mayor y determinante de la Seguridad Nacional, del resguardo del territorio, de la protección de las zonas y los bienes estratégicos de la nación venezolana.

Ocurrió que la bandada de helicópteros y naves del Ejército de Estados Unidos ingresó en el territorio venezolano, hizo la tarea que se había propuesto, dieron media vuelta y regresaron por donde habían venido, con Flores y Maduro debidamente esposados. A esa hora, el elefante verdeoliva, sorprendido en su sueño, encendía los televisores para informarse de lo que estaba ocurriendo. Como cualquier vecino, asombrado e impotente.

Ese 3 de enero de 2026, finalmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alcanzó su punto mayor de evaporación. Se diluyó ante la única gran oportunidad que ha tenido en décadas de hacer patente el para qué de su existencia. Una derrota, tras un enfrentamiento, no habría sido tan humillante como lo ocurrido: perdieron la comodidad de sus almohadas, en sus cuarteles destartalados habitados por soldados hambrientos, en sus despachos plagados de consignas, en las vidas opíparas del alto mando y de otros jefes.

Ese día saltó sobre la superficie de los hechos visibles, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apenas existe como institución, como estructura, mucho menos como ente que guarda algún sentido del deber con la sociedad o hacia la protección del territorio. El 3 de enero se puso en evidencia cuán hueco, cuán vano, cuán falso, cuán patético ha sido y es el palabrerío, las consignas, los discursos, los juramentos y las declaraciones: ese mundo de generales que apenas caben en sus uniformes, rodeados de una soldadesca flacuchenta y venida a menos, señores que pasan los días velando por sus negocios.

¿Y entonces, si la institucionalidad, la operatividad, la capacidad de respuesta, el estar listo para defender la soberanía, no existen en los términos prometidos por ella y establecidos en la ley, qué es en realidad el elefante verdeoliva, cuál es su condición cotidiana, a qué se dedica, disperso en el territorio de la República?

El elefante verdeoliva es una federación de bandas armadas e uniformadas que operan en todas las regiones venezolanas. De una parte de ellas cabe decir: son especializadas. Protegen las operaciones de aterrizaje y despegue de aviones del narcotráfico, custodian embarcaciones y lanchas que transportan cargamentos de droga, impiden la libre circulación para entrar o salir de las zonas en las que narcoguerrilleros se reúnen, esconden, vacacionan u organizan sus fiestas. En otras palabras, prestan un utilísimo y eficiente servicio de protección a la delincuencia organizada, amparados en el uniforme, las ventajas y la impunidad que les conceden las leyes.

Pero la cantidad de negocios y actividades ilícitas que están ocupadas y bajo la conducción directa de militares activos y retirados, se extiende a un sinnúmero de actividades lucrativas y fuera de la ley.

El caso de lo que ocurre con el contrabando de cigarrillos es revelador: es un negocio fundamentalmente militar, del que se benefician directamente quienes deberían combatirlo Todos, literalmente todos los miembros de la FANB destacados en los estados fronterizos del país –especialmente Zulia, Táchira y Apure– saben quiénes son los responsables y los beneficiarios del gigantesco contrabando de cigarrillos de la peor calidad, que arranca en unas dudosas factorías en Paraguay y termina en los bolsillos de los fumadores venezolanos.

¿Hacen algo las autoridades civiles o las autoridades militares? ¿Les interesa el impacto que este ilícito sistemático tiene en detrimento de los ingresos fiscales de la nación? ¿Dice algo el SENIAT de este descarado delito? Nada. Ni una palabra. A nadie le importa, nadie mueve un dedo, por lo tanto, la consecuencia para los propietarios del negocio no es otra que la absoluta impunidad y el crecimiento, día a día, de una riqueza ilegal y extremadamente peligrosa para la salud.

En el contrabando de combustibles hacia los países fronterizos; en los chanchullos y prácticas extorsivas en puertos y aeropuertos; en el negocio de exportaciones petroleras no registradas; en las alcabalas fijas o móviles; en los turbios negocios en las cárceles, donde a menudo hay militares asociados a delincuentes; en operaciones como secuestros, atracos y asaltos en carreteras y autopistas; en el contrabando de maderas y oro en el sur del país; en el robo de ganado y en la extorsión a productores del campo en distintas regiones venezolanas: en estas operaciones y redes de lo ilícito hay militares, con rango y autoridad, dedicados, cada uno a su manera, al objetivo mayor de esquilmar, de apropiarse de las riquezas de la nación venezolana y de las riquezas producidas por otros.

El panorama que aquí describo –al que habría que agregar extensos capítulos como las corruptelas en organismos del Estado, los atroces expedientes de tortura y violaciones a los Derechos Humanos, o las acciones de complicidad en gravísimos delitos electorales–, proclaman la legitimidad de algunas preguntas: ¿es posible encontrar soluciones a un estado tan repetido y extendido de degradación, anomalías y disfuncionalidad? ¿Por qué el debate sobre este tema es casi inexistente en la Venezuela en camino a la Transición democrática? ¿Acaso hay que escuchar a quienes proponen la disolución de las fuerzas armadas en Venezuela? ¿Quedan en la fuerza armada venezolana personas y recursos morales suficientes con los cuales dar inicio a una reconstrucción?