La viabilidad del Escudo de las Américas

El Escudo de las Américas puede convertirse en una oportunidad para que Washington dirija una mirada más atenta, responsable y comprometida hacia nuestra región. Hispanoamérica ha padecido tanto la indiferencia internacional como las relaciones que privilegian intereses económicos o geopolíticos sobre el bienestar de sus ciudadanos. Hoy, cuando las amenazas trascienden las fronteras, la seguridad hemisférica exige una respuesta coordinada.

Presentada en la cumbre del 7 de marzo de 2026, en Doral, Florida, la iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump situó entre sus prioridades la cooperación regional contra los cárteles y otras organizaciones criminales. El intercambio de inteligencia y la coordinación de capacidades forman parte de ese esfuerzo. Es una base necesaria, pero su eficacia dependerá de que la defensa de la libertad y la prosperidad, también invocadas en su presentación oficial, se traduzca en compromisos concretos. La seguridad de nuestros pueblos requiere instituciones democráticas, justicia y oportunidades económicas.

El Plan Colombia ofrece una referencia útil, aunque no una fórmula que pueda trasladarse sin ajustes a todo el continente. Concebido durante la presidencia de Andrés Pastrana, con respaldo de Estados Unidos, articuló cooperación contra el narcotráfico y fortalecimiento de las capacidades estatales. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, esa cooperación continuó en el contexto de la política de Seguridad Democrática. La experiencia permite examinar cómo se relacionan la asistencia internacional, la recuperación de la presencia estatal y la lucha contra las organizaciones armadas.

El desafío hemisférico actual exige actuar sobre distintas economías ilícitas y sus vínculos con la corrupción. El Arco Minero del Orinoco ofrece un ejemplo documentado: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió el control de numerosas operaciones mineras por grupos criminales y mecanismos de soborno que involucraban a mandos militares. Allí, combatir el delito exige también investigar las relaciones que permiten su funcionamiento.

Por ello, una estrategia regional no debería limitarse a interceptar cargamentos o capturar cabecillas. Debe perseguir el lavado de dinero, identificar a los beneficiarios de las actividades ilícitas y desmantelar las redes de protección que facilitan su continuidad. La cooperación policial y militar necesita una contrapartida judicial y financiera: investigaciones rigurosas, pruebas compartidas conforme a la ley y sanciones efectivas.

Pero la seguridad tampoco puede desligarse de las condiciones de vida. La precariedad laboral, la falta de servicios y la ausencia de oportunidades deben ocupar un lugar en el diagnóstico y en la respuesta pública. No se trata de equiparar pobreza con delincuencia, sino de impedir que el abandono institucional deje a comunidades enteras sin alternativas legítimas de protección y progreso. La respuesta democrática debe distinguirse tanto de la intimidación criminal como del clientelismo político. Los auxilios públicos son necesarios ante la vulnerabilidad y las emergencias; no deben convertirse en instrumentos de dependencia ni de obediencia. Una democracia pierde sustancia cuando la asistencia se condiciona a la lealtad partidista y cuando el poder debilita los controles que deberían fiscalizarlo.

La democracia requiere pan, trabajo, justicia y reglas. Necesita instituciones capaces de atender al ciudadano sin exigirle sumisión; una justicia que proteja sus derechos; y una economía que le permita construir un porvenir. La cooperación internacional debe contribuir a esos objetivos, además de fortalecer la capacidad de los Estados para enfrentar a las organizaciones criminales.

Allí reside la verdadera prueba del Escudo de las Américas. Su viabilidad dependerá de que funcione como una alianza de repúblicas, con objetivos verificables, respeto a la soberanía, sujeción al derecho y mecanismos de rendición de cuentas. La eficacia no debería medirse únicamente por las capturas o las incautaciones, sino también por la reducción de la violencia, la capacidad de la justicia para sancionar a los responsables y la protección de las comunidades.

Las operaciones contra los cárteles deben acompañarse de investigaciones sobre el lavado de dinero, la corrupción judicial y las complicidades políticas y empresariales. El intercambio de inteligencia, por su parte, necesita controles que impidan su utilización para perseguir adversarios, periodistas o defensores de derechos humanos. Una alianza que invoque la libertad debe protegerla también en sus procedimientos.

Venezuela plantea una interrogante ineludible: ¿qué garantías deben exigirse para que su participación contribuya realmente a la seguridad regional? Los hallazgos de Naciones Unidas sobre el control criminal y la corrupción en el Arco Minero obligan a incorporar esa preocupación al debate. La cooperación no puede descansar únicamente en declaraciones de buena voluntad: necesita instituciones confiables, controles independientes y compromisos comprobables de investigación y sanción. ¿Qué papel puede jugar un país sometido a una estructura de poder señalada reiteradamente por sus vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción transnacional? Incorporar a esa estructura en una alianza de seguridad equivaldría a entregar las llaves de la quesera a quienes conviven con los ratones. Sería levantar un dique sobre cimientos resquebrajados.

El crimen prospera donde la desesperanza abre puertas. La deuda externa, los déficits fiscales, la inflación, las tasas de interés asfixiantes, la precariedad laboral y los estragos de terremotos, inundaciones, sequías o del fenómeno de El Niño crean condiciones de enorme fragilidad social. En esos vacíos se instalan los populismos autoritarios. Ofrecen auxilios para sobrevivir día a día y, mientras administran la pobreza, van erosionando la independencia de los poderes públicos, la libertad de expresión, la propiedad, la educación y la confianza ciudadana.

Desde una convicción democrática, la integración de Venezuela en esa arquitectura de seguridad debe estar ligada a la recuperación de las libertades, la independencia de los poderes públicos y la rendición de cuentas. Ninguna alianza debería proporcionar legitimidad o protección a funcionarios implicados en actividades criminales, cualquiera que sea su nacionalidad o posición política.

El pueblo venezolano merece ocupar un lugar digno en una comunidad hemisférica de naciones libres. Para ello necesita instituciones que respondan a la voluntad ciudadana y que protejan sus derechos, sus recursos y su territorio. América tiene la posibilidad de construir una cooperación más eficaz frente al crimen organizado. Su propósito debe ser inequívoco: proteger a los ciudadanos sin sacrificar las libertades que les pertenecen. La seguridad no puede servir de pretexto al autoritarismo, ni la soberanía de refugio para la impunidad.